La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informe:

1.- La composición e información existente sobre los bienes inmuebles que forman parte del dominio privado del Estado, datos de título, datos catastrales, propietarios y usurarios.

2.- Valuación contable de los bienes inmuebles de Dominio Privado a cargo de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional, dispuesta por la Decisión Administrativa 56/99; y en caso de no haberse realizado informe el plazo previsto para su finalización y si se ha hecho aplicación del art. 7mo de la Decisión Administrativa Nº 56/99.

3.- Nómina de Inmuebles que tras haber sido desafectados han pasado a la órbita de administración del ONABE.

Señor presidente:

La Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, señala que los estados contables de la Administración Nacional que elabora la Contaduría General de la Nación, deben reflejar el total del Patrimonio Estatal, es decir, tanto de Bienes Muebles como Inmuebles.

Por tal razón es que la Jefatura de Gabinete, ordenó a la Contaduría General de la Nación y al Tribunal de Tasaciones de la Nación registrar y tasar todos los inmuebles del Estado Nacional, por decisión administrativa Nº 56 de Marzo de 1999; previéndose un plazo de 30 días para su reglamentación, hecho que todavía no se ha cumplimentado; y estipulándose en caso de incumplimiento, la no transferencia de fondos al Organismo en falta, hasta tato no presenten en tiempo y forma la información requerida.

El diario Clarín del 15 de Febrero del 2009 publicó una nota donde se denunció que la base de datos encomendada se encontraría incompleta, desactualizada y con errores de registro.

Asimismo, en dicha publicación se denunció la existencia de Inmuebles sin escrituras, mal registrados, con problemas de certificados, propiedades ocupadas ilegalmente, etc.

Todas estas circunstancias acarrean, a más del incumplimiento de la Decisión Administrativa, una grave inseguridad jurídica: a) para los ciudadanos que tengan acciones judiciales patrimoniales con el Estado o que sean contratantes de éste; b) para El Estado Nacional que se encontraría eventualmente afectado en sus derechos patrimoniales, ya que de continuar esta situación podría perder el dominio de sus propiedades frente a terceros usurpadores, acciones de prescripción adquisitiva, entre muchos otros inconvenientes; y finalmente por vía indirecta c) todos los ciudadanos del País, por la incertidumbre jurídica frente a la manipulación del patrimonio estatal.

Resulta imprescindible conocer en detalle las condiciones y plazos en que se llevará a cabo esta operatoria, así como todo lo actuado hasta esta instancia.

Por todo lo expuesto consideramos imperioso que la Honorable Cámara apruebe el presente proyecto de resolución.