El Senado y Cámara de Diputados...

ARTICULO 1º: Acéptense la cesiones efectuadas por la Provincia de Salta, mediante la Ley Nº 7654, al Estado Nacional, sobre los inmuebles rurales Matrículas Nº 16.133, 16.126, 16.407 y la fracción norte del inmueble identificado con la Matrícula Nº 16.128, todos ellos ubicados en el Departamento Anta, a los fines de su afectación al Régimen de la Ley 22.351 de Parques Nacionales.

ARTICULO 2º: Acéptense las condiciones y cargos establecidos por la Provincia de Salta en el artículo 4º de la Ley Nº 7.654, respecto a la retrocesión de las cesiones contempladas en la citada Ley.

ARTICULO 3º: Créase la Reserva Nacional Pizarro, que abarca la extensión territorial descripta en el artículo 1° en el Departamento de Anta de la Provincia de Salta, la que a partir de la promulgación de la presente quedará sometida al régimen de la ley 22.351.

ARTICULO 4º: Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente serán imputadas a la jurisdicción presupuestaria de la Administración de Parques Nacionales en el Presupuesto General de la Administración Nacional.-

ARTICULO 5º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

A principios del 2004, el Gobierno de la Provincia de Salta promulgó, una ley, que desafectó del sistema provincial de Áreas Protegidas parte de los lotes fiscales 32 y 33 de la Localidad General Pizarro, en el Departamento Anta. El objetivo de la administración salteña era vender los terrenos a compradores particulares y autorizar su desmonte para agricultura, previo reemplazo del área desafectada por los inmuebles identificados como matriculas números; 4325, 4326, 4336 remanentes, 19866, 1703 y 1704.

Las 25.000 hectáreas originales de la Reserva de Pizarro conservaban sectores de transición entre la selva pedemontana de las Yungas y el Chaco Seco, dos de los ecosistemas más amenazados de la Argentina por la expansión de la frontera agropecuaria. Además, allí vive una comunidad Wichí de alrededor de 60 personas, cuya supervivencia depende directamente de los recursos que le brindan esos bosques.

En octubre de 2005, tras varios meses de negociación y mediando la intervención directa del entonces Presidente de la Nación Dr. Néstor Kirchner, se alcanzó un primer acuerdo para comenzar a resolver el conflicto por la Reserva de General Pizarro. De éste modo, las autoridades de la Administración de Parques Nacionales firmaron con el Gobierno de Salta un convenio que re-zonifica las tierras en cuestión y convertirá parte de la otrora reserva provincial en un área protegida de jurisdicción nacional. Se acordó además que la nueva reserva se implementaría bajo un Plan de Manejo consensuado, a ser impulsado por una Unidad de Gestión mixta integrada por representantes de los gobiernos Nacional y Provincial, bajo la consulta, apoyo y asesoramiento de una Comisión Asesora,

conformada por diversas organizaciones y sectores de la sociedad civil (inicialmente, el Municipio de General Pizarro, la Comunidad Wichi de General

Pizarro, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Pachamama, la Fundación ProYungas, la FVSA, Greenpeace Argentina, la Universidad Católica de Salta y la Universidad Nacional de Salta).

Se dispuso en tanto que la comunidad Wichi fuera beneficiaria de un contrato de comodato cedido por la Administración de Parques Nacionales, para el usufructo de 800 hectáreas dentro del área protegida. Este proceso fue puesto en marcha con un proyecto financiado por el GEF (Global Eveiromental Found- Fondo para el Medio Ambiente Mundial) para apoyar su desarrollo.

En la actualidad las tierras comunitarias indígenas y su vinculación con las áreas protegidas, encuentra su fundamento en que los pueblos indígenas mantienen en propiedad y/o uso una significativa superficie de territorios que representan una muestra muy importante de las ecorregiones de la Argentina, especialmente en aquellas de gran diversidad biológica como Las Yungas o la Selva Paranaense o de gran singularidad como los Bosques Patagónicos. La capacidad legal y política de los Pueblos Indígenas para proteger y conservar los recursos naturales que se encuentran en sus territorios tradicionales, encuentran sustento en un profuso marco jurídico de rango constitucional introducido por la reforma del año 1994 de nuestra Constitución Nacional, en los tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por nuestro país. Este convenio establece un conjunto de derechos políticos, económicos, sociales, culturales, de protección y preservación del ambiente de los territorios que corresponden a los pueblos indígenas y que tienen implicancias directas en el rol que los pueblos indígenas podrían cumplir en el desarrollo de una estrategia de conservación. Al marco legal se sumó el resurgimiento y consolidación de numerosas organizaciones indígenas autónomas.

Cabe señalar que durante la profunda desregulación de la economía producida en la Argentina durante la última década del siglo XX, actores transnacionales irrumpieron violentamente en los diferentes escenarios rurales del país, modificando fuertemente las relaciones preexistentes entre comunidades (en su sentido amplio) y naturaleza. El impacto se manifestó no sólo en lo ambiental, sino también fuertemente en el ámbito social. Por ello, en los últimos años, organizaciones indígenas de distintas culturas y regiones han expresado de diversas maneras y han incorporado en sus agendas políticas una creciente preocupación por los recursos naturales y el medio ambiente. La participación de estas organizaciones en campañas y proyectos con organizaciones de conservación tanto estatales como no gubernamentales y la construcción de una nueva subjetividad en la opinión pública, que instala a los pueblos indígenas como claros defensores del medio ambiente, ha caracterizado el escenario reciente de muchos conflictos ambientales, podemos citar la lucha contra el gasoducto de la empresa Techint protagonizada por la organización Tinkunaku del Pueblo Kolla y Greenpeace Argentina en las Yungas salteñas; la resistencia de las comunidades mapuches organizadas en la Confederación Mapuche Neuquina contra las explotaciones petroleras de Repsol-YPF; más recientemente, la resistencia de las comunidades guaraníes, asistidas técnicamente por la ONG FUNAM, a la explotación maderera de la empresa Moconá Forestal S.A., en la Reserva de Biosfera Yabotí (Misiones) y la lucha por frenar la venta y los desmontes en la Reserva Natural de Pizarro, protagonizada por una comunidad Wichi y las ONG Red Solidaria, FVSA y Greenpeace Argentina y que diera origen a esta iniciativa legal.

Importante es destacar la voluntad del Estado en el actual escenario político de nuestro país, el de continuar teniendo un rol destacado en el aseguramiento de la sustentabilidad de los territorios indígenas. Dado que estas asociaciones entre el Estado y los pueblos indígenas requieren de legislación, políticas, relaciones y procesos institucionales nuevos que permitan, desarrollar herramientas eficaces para preservar la diversidad biológica.

Aunque es prematuro evaluar resultados en términos cuantitativos, se han producido indiscutibles avances cualitativos al aportar nuevas e importantísimas herramientas para desarrollar y coordinar nuevas estrategias de conservación en el complejo y largo camino de reafirmación de su vida como pueblos.

Es de destacar que no existe en Argentina una base de datos unificada de las Áreas Protegidas que incluyen comunidades indígenas. Sí existe información parcial acerca de comunidades en los parques y reservas nacionales. Para ello a Administración de Parques Nacionales ha promovido el fortalecimiento de los vínculos con los pueblos originarios en lo que respecta a legislación, territorialidad y manejo de los recursos naturales, en concordancia con el marco normativo internacional y nacional, conjugando los intereses sociales que hacen a las comunidades, con los de conservación, que hacen a la existencia de las Áreas Protegidas. En el marco de los objetivos propios de conservación, los pueblos originarios tienen un rol protagónico en la gestión de las áreas que habitan, a través del co-manejo de las mismas con la Administración de Parques Nacionales. Se entiende por co-manejo un reparto de responsabilidades y competencias y una clara definición del ejercicio de la autoridad pública y de las prácticas de uso y manejo de los recursos desvinculadas con el saber ancestral de las comunidades.

Por último, la provincia de Salta en diciembre de 2010, la ley 7654, promulgada por Decreto Nº 5312/10, cede al Estado Nacional, la jurisdicción sobre los inmuebles rurales identificados con las matrículas números; 16.133 y 16126 del Departamento de Anta y la jurisdicción y domino eminente sobre la matricula Nº 16.407 y la fracción norte del inmueble rural identificado con la matricula 16.128 del departamento Anta, con el cargo de crear la Reserva Nacional Pizarro, bajo condición resolutoria, que si en el plazo máximo de tres (3) años, a contar desde la entrada en vigencia de la presente, la Nación no diera a dichos territorios el destino establecido , las cesiones autorizadas en la presente quedarán automáticamente sin efecto recuperando la provincia la jurisdicción y dominio de las mismas.

De lo expresado surge la necesidad de concretar con los objetivos establecidos en la Ley 7654 y que ameritan la sanción de la presente a fin de dar cumplimiento a lo acordado en las normas legales citadas. Por ello solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de éste proyecto.-