El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1° - Incorpórese como último párrafo del artículo 37 de la ley 24.156, de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, el siguiente:

Será facultad del Congreso de la Nación decidir sobre el destino de los montos de superávit fiscal sin asignación en el presupuesto general vigente, y sobre el destino de los excedentes de recaudación no previstos en la estimación de recursos tenida en cuenta al momento de la sanción del presupuesto general, cuando la recaudación sea positiva en más de un 2 % sobre lo oportunamente estimado.

Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Ante informaciones que consideran prudente y moderada la actuación del jefe de Gabinete en materia de ejercicio de los "superpoderes" que el oficialismo del Congreso le otorgó el año pasado, creo necesario dejar expresada mi opinión de que ello no es así. La Jefatura de Gabinete dispuso a sola firma, hasta septiembre del corriente año, de más de $ 6.400 millones, que equivalen a más del 8 % del presupuesto aprobado por el Congreso.

Todo hace prever que hasta fin de año podría sobrepasarse el 10 %, porque el uso de superpoderes se aceleró: de enero a julio se dispuso de $ 5.371 millones y de julio a septiembre de $ 1.073 millones más.

No es serio afirmar que la Jefatura sólo gastó el 0,5 % del presupuesto, como dicen algunos funcionarios. El 0,5 % fue dispuesto por ella como un aumento formal del presupuesto, que en cifras redondas pasó de 77.500 a 77.900 millones a principios de septiembre. Pero además, fuera de presupuesto, la Jefatura de Gabinete dispuso gastos por otros $ 1.758 millones en programas que no tenían partidas asignadas por ese monto.

Como si eso fuera poco, la Jefatura de Gabinete, además de subejecutar muchas partidas, bajó partidas aprobadas por el Congreso por $ 2.164 millones y aumentó partidas no aprobadas por el Congreso por $ 2.521 millones.

Lo anterior indica que el jefe de Gabinete dispuso a su solo criterio, en contra de la voluntad de los representantes del pueblo y de las provincias en el Congreso de la Nación, de $ 6.444 millones.

Por ello, y por la necesidad de preservar las facultades de control del gasto de los fondos públicos de los argentinos que la Constitución puso entre nuestros deberes y obligaciones, solicito la aprobación de este proyecto.