La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Honorable Senado de la Nación considerara y aprobara un proyecto de ley convenio de coparticipación federal de impuestos, sobre la base de los siguientes principios:

a) Que los recursos se distribuyan en relación directa con las competencias, servicios y funciones administrativas y políticas que correspondan a cada jurisdicción, nacional o provincial, de conformidad a lo expresamente dispuesto por el artículo 75, inciso 2º de la Constitución Nacional;

b) Que en la medida en que la Nación perciba impuestos no coparticipables, deba resignar en proporción equivalente su nivel de coparticipación primaria en los impuestos coparticipables, con la sola excepción de los casos en que existan gastos excepcionales y por tiempo limitado establecidos por ley especial del Congreso;

c) Que se reconozca potestad tributaria y de percepción o recaudación a las provincias o a las regiones que ellas voluntariamente integren con otras provincias o con la Ciudad de Buenos Aires;

d) Que se limite en lo posible la coparticipación de impuestos a las transferencias solidarias que deban hacerse entre jurisdicciones, ya sea de la Nación a las provincias o de las provincias entre sí;

e) Que se garanticen las pautas de responsabilidad fiscal, con la tipificación del delito de incumplimiento de tales pautas para los funcionarios que no las respeten;

f) Que se prevean mecanismos de ajuste automático de las cuotas de coparticipación sobre parámetros objetivos, determinados en cada caso concreto por un organismo fiscal federal a crearse;

g) Que se establezcan niveles mínimos de gasto provincial en educación pública, como porcentuales de los respectivos presupuestos locales.

Señor presidente:

Un pueblo que no cumple la ley, no tiene destino. La Argentina estaba obligada, por su propia Constitución, a aprobar un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos en 1996 y aún no lo ha hecho ni tiene miras de hacerlo. La Argentina debía aprobar dicho régimen adecuándose a determinadas pautas constitucionales (básicamente que la participación de la Nación y cada provincia debe tener relación directa con las funciones, competencias y servicios de cada una y que debe haber mecanismos solidarios que igualen posibilidades de desarrollo) y no ha hubo ningún proyecto en ese sentido enviado por el Poder Ejecutivo al Senado, que es la Cámara de origen de esta legislación.

En la actualidad hay provincias que sólo recaudan el 12 % de sus gastos (otras jurisdicciones el 90 %, como la Ciudad de Buenos Aires). La Nación se queda con el 70 % de los impuestos (entre nacionales y coparticipables), mientras que las provincias, que tienen competencia sobre seguridad, educación, salud pública y desarrollo económico, sólo disponen -en conjunto- del 30 % restante. De esta manera, la Argentina ha dejado de tener como forma de gobierno la representativa republicana federal del artículo 1º de su Constitución, para adoptar en los hechos la forma unitaria hegemónica y clientelística que tristemente vemos en la realidad. Esto ni es "un país en serio" ni es calidad institucional, conceptos que se pregonan pero no se aplican.

Con una proporción tan baja de recursos para las provincias, decae la educación pública a niveles que ponen en peligro la posibilidad de que se invierta en nuestro país y que se generen así fuentes de trabajo.

Por eso, para acelerar en la medida de lo posible la sanción de una ley que debería dar contenido realmente federal a nuestra organización política, es que solicito el tratamiento de este proyecto.