La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su profunda preocupación y rechazo al nuevo esquema de derechos de exportación al sector agropecuario, implementado por el Poder Ejecutivo Nacional, por considerarlo de características confiscatorias.

Señor presidente:

Los Derechos de Exportación al sector agropecuario, públicamente conocidos como "retenciones", resultaron en instrumentos de políticas fiscales aplicados por distintos gobiernos, a lo largo de los últimos 60 años, con el propósito de lograr equilibrar las finanzas publicas, en lo particular del contexto actual la vigencia de estos derechos de exportación surge como principal fundamento la necesidad de equilibrar la diferencia entre los precios internos con respecto a los valores internacionales de comercialización. Sin embargo el aumento del porcentaje sobre los citados derechos de exportación, no pueden ni deben bajo ningún aspecto alcanzar ribetes de "carácter Confiscatorio" pues el propósito de los mismos dejaría de corresponder con sus enunciados de aplicación para convertirse lisa y llanamente en un severo desconocimiento de la propia Constitución Nacional, al tratarse de la configuración del instituto de enriquecimiento sin causa a favor de la Administración central en este caso, en contradicción con lo enunciado taxativamente al efecto tanto en los artículos 4º, 16º in- fine y 17º de nuestra Constitución Nacional.

Cabe señalar que las actuales retenciones fueron puestas en vigencia en su oportunidad por la administración Duhalde, producto de la caótica salida del esquema de convertibilidad, producto de la depresión iniciada en la postrimerías de la 2º década infame que padecimos los argentinos, que llevó la cotización del dólar a tres veces su valor previo, en consecuencia el traslado a los precios internos del nuevo valor de la divisa, en un primer momento, fue lento (poco más de 60% de inflación en los primeros 12 meses), conllevando al sector agropecuario un excedente en pesos, producto de la devaluación. Frente a este escenario el P.E.N. ante la necesidad de disponer de recursos para afrontar la emergencia pública y social imperante, instrumentó estas acciones con el objeto de financiar las urgencias emanadas de la catástrofe social que inundaba la república, entre esto la creación del "Plan Jefes y Jefas de Hogar", medidas estas que el sector agropecuario aceptó demostrando una solidaridad no vista en cualquier otro sector de economía Argentina.

Pero en los últimos meses de esa gestión, los precios internacionales de las commodities agrícolas comenzaron a crecer a un ritmo jamás visto en la historia económica moderna. El empuje del campo arrastró al resto de la economía. Que no solamente dejó de caer, sino que empezó a crecer a "tasas asiáticas". Lo cual llevó a que en un lapso corto de tiempo, la desocupación disminuyó y los "Planes Jefes y Jefas" virtualmente desaparecieron, excepto aquellos vinculados al feroz clientelismo político, centralmente en el conurbano bonaerense.

Ya en los últimos años la vigencia de estos institutos de política fiscal se mantuvieron, y con la sanción de la modificación de la Ley de Administración Financiera facultando al jefe de Gabinete a reasignar partidas establecidas en las respectivas Leyes de presupuesto, los recursos devinientes de estos fondos que superan a la mayoría de los ingresos a excepción del Impuesto al valor Agregado los fondos producidos por las retenciones, resultaron en el pilar de sostenimiento de los superávit gemelos nunca visto en la historia moderna Argentina. Paralelamente al no ser las retenciones "coparticipables", la Administración central se aseguró recursos constantes que utilizó y gastó, en pocas ocasiones en afectaciones especificas para las propias provincias, esto es la ausencia de un plan maestro de obras publicas tendientes a mejorar y optimizar la infraestructura en general de cada provincia sumado a la falta de incentivos para garantizar la sustentabilidad del crecimiento del campo buscando dotar de mayor valor agregado a lo producido, mejorar las condiciones de los pequeños productores rurales desalentando la concentración de la riqueza en "pooles" de una sola producción, como en el caso de las oleaginosas, que solo buscan la mera rentabilidad sin importar el crecimiento sustentable de productos que demandan mayor tecnificación e inversión como en los casos de los lácteos, carnes y productos que consume nuestra población. También es cierto afirmar que la concentración de recursos operan indefectiblemente en la potestad del ejecutivo de definir el destino y asignación de los mismos, operando virtualmente como una acción "unitaria" en desmedro de las propias provincias creando el concepto que toda nueva obra debe ser ejecutada por y para la Nación.

Para graficar el volumen de recursos de que se trata se puede apreciar en el cuadro adjunto, como en 2007 el campo aportó, a parte del 44% de la recaudación fiscal, el 57% del valor total de las exportaciones.

Como es público y notorio, el complejo sojero, a caballo de la cotización internacional, fue el principal protagonista, tal cual se muestra seguidamente:

Asimismo se puede contextualizar la variación en los costos del campo necesarios para afrontar la producción, tal cual se ve en el cuadro siguiente, con lo que resulta observable que con las retenciones, en el caso particular de la soja, el tipo de cambio aplicado para la venta del producto es de 1,74 y, por otro lado, cuando el chacarero compra los insumos, paga el dólar pleno, es decir, 3,15.

Esto nos permite afirmar que de continuar con este esquema de aumento sostenido en los derechos de exportación, el objetivo buscado de equilibrar los valores para el consumo interno se convertirán en la ausencia de productos de primera necesidad para la población, no hablamos de soja, hablamos de todos los lácteos, los cárnicos y los cereales. Debemos entender que al gran productor tenedor de inmensas extensiones de tierras la ecuación le seguirá siendo redituable en la medida que los valores de las olegianosas se mantengan por la demanda mundial de las economías emergentes de Asia fundamentalmente, pero esto en el tiempo significará la desaparición definitiva del pequeño y mediano productor rural, aquel que demanda la mayor cantidad de mano de obra intensiva y el único que promueve el verdadero desarrollo regional pues su reinversión es en su tierra y no en activos financieros del mundo como lo hacen las transnacionales del agro. Este nuevo esquema terminará con estos, tornándose el aumento de los derechos de exportación en el único sustento en la actualidad para el aumento del manejo de la mera coyuntura actual, sin mediar en una política de estado para el sector, de lo contrario no falta mucho para que la Argentina se convierta en el único país del planeta donde cultivar commodities agrícolas implique una pérdida económica. Hoy, las áreas geográficas marginales al corazón de la Pampa Húmeda son ya un ejemplo. Hace rato que es tiempo de rectificar los disparates de la política económica agrícola.

Por eso entendemos que el Ejecutivo Nacional debe conjuntamente con el Congreso y con las provincias establecer los lineamientos de una verdadera política para el sector. Como primera medida debemos establecer reglas claras en el tiempo que determinen el destino de los fondos generados para su afectación a las provincias, debemos avanzar a la coparticipación de los recursos que son el pilar de nuestro estado federal y por sobre todo debemos abstenernos de fijar cualquier política de carácter confiscatorio pues el resultado solo conlleva a la mas elemental violación de derechos bajo un fin que no queda claro y que redunda en la afirmación que recursos sin control resultan en una renta que no tiene claro sus beneficiarios.

Por todo ello solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente Proyecto de Resolución.