La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

1) Declarar su preocupación y rechazo a la denuncia penal radicada contra 6 ciudadanos participantes de la Asamblea de Autoconvocados de Esquel, Provincia de Chubut, presentada por la empresa Meridian Gold por "violación de secretos"; a la vez que el apoyo a estos vecinos y a todo el pueblo de Esquel que luchan en defensa de nuestros recursos naturales y en defensa de un ambiente sano que preserve la calidad de vida de los actuales pobladores y de las futuras generaciones.

2) Hacer saber al juez de la causa, Dr. Luis Schegel, la preocupación de esta Cámara de Diputados por el avance de las acciones judiciales que puedan comprometer a los ciudadanos denunciados.

Señor presidente:

La lucha que los vecinos de Esquel vienen protagonizando desde hace más de cuatro años contra la minería a cielo abierto se ha constituido en un freno a la extracción de millones de dólares del subsuelo de las montañas y a la contaminación del medio ambiente y por eso encuentra del otro lado del tablero mecanismos de presión judiciales por parte de la empresa minera.

El 13 de febrero, seis de los integrantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados deberán comparecer ante los tribunales, en Capital Federal, acusados de "violación de secretos", causa en la que también aparecen querellados dos periodistas a quienes se acusa de difundir los planes y procedimientos de la compañía minera El Desquite S.A. respecto de esta ciudad de 40.000 habitantes ubicada al oeste de la provincia de Chubut.

En el mes de julio de 2002, Minera El Desquite S.A., propiedad de Meridian Gold, empresa de capitales canadienses con sede en Estados Unidos, comenzó las actividades de exploración del proyecto minero Cordón Esquel, un megaemprendimiento extractivo de oro y plata que rápidamente despertó la reacción de los vecinos, alertados por las consecuencias en el agua y el aire de la utilización de sustancias altamente tóxicas en la manipulación del suelo y los minerales. A partir de ese momento la población comenzó a organizarse, dando forma a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, que impulsó acciones informativas y movilizaciones, presionando para que su opinión fuera tomada en cuenta. El 23 de marzo de 2003 se realizó un plebiscito que contó con una afluencia de votantes mayor a la de las elecciones habituales, de cargos ejecutivos y legislativos. El 82% de los habitantes de Esquel rechazó la explotación minera.

En el afán de mejorar la política comunicacional y de difusión, a la vez que delinear estrategias que permitieran determinar las verdaderas causas y los canales de tal oposición, entre abril y julio de 2003 la Minera El Desquite contrató como consultora a la ONG extranjera Bussiness for Social Responsability (BSR), que se encargaría de realizar un estudio de campo en la ciudad de Esquel, relevando opiniones, conocimientos, estados anímicos sociales e intereses de la población. A los consultores de imagen también se sumó la firma Braga Menéndez y Asociados, de buena llegada al despacho de Néstor Kirchner, al que asesoró en la campaña electoral que lo llevó a la presidencia. Además de estos apoyos, Meridian Gold ya se había asegurado el del sindicato de la construcción, junto a otros sectores políticos, intentando impedir que la población se pronuncie, sostienen desde la Asamblea de Vecinos, quienes al mismo tiempo denuncian que desde las primeras asambleas comenzaron las amenazas anónimas y otras violaciones a los derechos humanos que incluyen golpizas y exhibición de armas de fuego hacia vecinos que militan por el No a la mina. Hasta hoy se acumulan unas cuarenta denuncias ante la fiscalía local, la gran mayoría de ellas fueron archivadas y no prosperaron. Varias acontecieron con posterioridad a la consulta popular. El 16, 17 y 18 de septiembre de 2003 se realizaron, en el Salón Los Andes del Hotel Panamericano, reuniones de accionistas, directivos y consultores de la empresa minera. De acuerdo a la querella presentada por la empresa, en estas reuniones participaron: "(a) por el accionista Meridian Gold Holdings (Cayman) Ltd. asistieron todos los días los señores Edward Colt (Vicepresidente Ejecutivo), Darcy Edward Marud (Gerente de Exploración) y Guillermo Mendoza (Jefe de Prensa). Este último sólo en alguna de las varias reuniones de trabajo desarrolladas.

(b) por la consultora BSR lo hicieron los señores Jim Arder, Matt Jeschke y Christina Sabater. (c) por Braga Menéndez y Asociados asistieron los señores Raúl Timmerman y Juan Carlos Malagoli.

(d) el señor Jorge Azcárate, también convocado por Braga Menéndez".

Un año y medio después, el 16 de marzo de 2005, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados realizó una convocatoria a los medios, para difundir una información relacionada con los planes de la empresa, acercada anónimamente y en forma de audio a un medio de comunicación, que lo había entregado a los vecinos. En la grabación se escuchaba una de las reuniones del Hotel Panamericano, en las que los directivos y consultores de Meridian Gold conversaban las mejores estrategias para relacionarse con "la gente con mayor aptitud para resolver el problema". Entre ellas se mencionan reuniones con periodistas, contratos con ONGs, cursos sobre el rol de los empleados y sus esposas (sobre "cómo se sienten ellos para hablar con los vecinos") y la realización de informes permanentes a un listado de dirigentes políticos locales, provinciales y nacionales, para construir lo que denominan "un vínculo de confianza". En la versión de la empresa, "en la conferencia de prensa, además de declaraciones efectuadas en la línea declamatoria adoptada por ese agrupamiento, los integrantes de Vecinos Autoconvocados hicieron escuchar a los asistentes diversos pasajes de una grabación subrepticia de la reunión realizada por MINERA el 17 de septiembre de 2003 en el Hotel Panamericano. Luego de eso, entregaron a cada uno de los periodistas asistentes un disco compacto con la grabación integra". Este es el principal argumento enarbolado por la empresa contra 6 vecinos participantes de la Asamblea, a quienes querella por violación de secretos. Por estas circunstancias, el 13 de febrero los imputados por Meridian Gold como "personas que fueron adquiriendo protagonismo y liderazgo en la tarea de impedir u obstaculizar la concreción del emprendimiento", deberán viajar a Capital Federal para presentarse en una audiencia convocada por el Juez Correccional Dr. Luis Schelgel. Si bien no es una información reservada, la Asamblea de Vecinos prefiere no difundir los nombres, "porque no importa quiénes sean. Si tocan a uno, nos tocan a todos", señalan.

La causa alcanza a algunos periodistas participantes en la conferencia de prensa, incluyendo grabaciones de programas de radio que difundieron el material y los nombres de los participantes en las reuniones empresarias.

Los vecinos de Esquel ya han recibido el respaldo de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo y la Contaminación, que se reunió en Lago Puelo el domingo 21 de enero de este año, con la presencia de vecinos de una decena de localidades patagónicas, y donde se debatieron distintas acciones en todo el país para denunciar el accionar de las mineras.

Finalmente, cabe mencionar que se trata de un problema de magnitud nacional. La invasión minera no toca solamente Esquel o la provincia de Chubut, ni siquiera la Patagonia, sino también Catamarca, San Juan, La Rioja, Tucumán, Sierra de la Ventana, Jujuy y Mendoza.

Con este juicio, el actual gobierno abre un nuevo capítulo en la criminalización de la protesta, inaugurando la persecución judicial a los luchadores ambientales. Y este hecho va de la mano con la represión que en octubre pasado sufrieron vecinos de Andalgalá, Santa María, Tafí del Valle, Famatina, y otros pueblos afectados por la megaminería, a manos de la policía catamarqueña en Andalgalá, cuando aquéllos repudiaban el II Congreso Minero.

Aún a costa de parecer reiterativo, la mejor explicación a este nuevo capítulo en la represión y criminalización de la protesta la dio el propio Presidente Kirchner cuando, con motivo de la presentación del Plan Minero Nacional, el 23/1/04, dirigiéndose a los "representantes del sector minero" dijo textualmente: "...todo lo que ayude al sector y ustedes como empresarios vean como una perspectiva clara de incentivar la inversión y crean que esa inversión se puede incentivar con determinadas medidas que podemos conversar, estamos absolutamente dispuestos a escuchar...".

Está claro que criminalizar la protesta antiminera, y reprimir a los luchadores antimineros ayuda al sector, se trata de una de las determinadas medidas que podemos escuchar.

Por todo ello, es que solicito la aprobación de este proyecto, que es la reproducción del que fuera presentado el 13 de febrero de 2007, expediente Nº 7530-D-06.