La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado el Poder Ejecutivo Nacional adoptara medidas de control eficaces para garantizar la provisión, el aumento de los puntos de venta y la ampliación del cupo de garrafas de 10, 12 y 15 kilos comercializadas en el marco del Programa Garrafa Social, a los efectos de asegurar que la población de menores recursos pueda efectivamente acceder a ellas.

Señor presidente:

Previo a la época invernal, aproximadamente en marzo de cada año, la Secretaría de Energía confirma un precio de venta uniforme en todo el país para la garrafa social, el que actualmente se encuentra en los $ 16 para las garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de 10 kilos, $ 20 para las de 12 kilos y $ 25 para las de 15 kilos de capacidad. Sin embargo, este año, la escacez de garrafas ya se hizo sentir en marzo.

En la Resolución 229/11, última que reguló la comercialización de estas garrafas, advierte que "en caso de detectarse incumplimientos por parte de los responsables de la Industria del GLP a las disposiciones establecidas por la Ley Nº 26.020, se les podría suspender el pago de la compensaciones en forma total o parcial según la gravedad de la infracción".

La garrafa social nace en el 2008 como producto de un acuerdo rubricado por la Secretaría de Energía con las cámaras productoras y fraccionadoras del sector para tratar de cumplir con el Programa Nacional de Consumo Residencial de GLP, que establece las condiciones mínimas para que los 5 millones de familias argentinas, el 40 % de los hogares del país, que no tiene gas por redes, y por ende que cocinan y se calefaccionan con gas envasado, accedan a dicho beneficio.

Sin embargo, en la práctica, a lo largo y ancho del país, muy pocas garrafas se consiguen a los precios indicados, y además, sólo si se retiran en el mostrador. Caso contrario, una garrafa de 10 kg., por ejemplo, se vende a $ 42, sobreprecio que se intenta justificar como el flete. Este valor extra del traslado a domicilio sufre variaciones de acuerdo a la empresa distribuidora de que se trate, dado que este servicio adicional no fue regulado y por ende tampoco es controlado por ninguna entidad.

Por otra parte, ese sobreprecio genera problemas adicionales provocados por el hecho de los frecuentes accidentes producidos por caídas de ciclistas y motociclistas que intentan llevar cargadas las garrafas en vehículos de por sí no aptos para dicho traslado.

A todo esto, aparentemente habría que agregar que la oferta de garrafas no acompañó la demanda, lo cual agudiza el problema descripto.

Queda claro que mientras el gobierno nacional no controle la comercialización de la "garrafa social" ni garantice el acceso a los consumidores que verdaderamente la necesitan, el subsidio otorgado constituye un despilfarro que acentúa las inequidades existentes y favorecen objetivamente a los sectores medios y altos de la ciudad de Buenos Aires y su conurbano.

El Poder Ejecutivo Nacional no puede seguir gastando sin controlar los resultados de un esquema improvisado que ya demostró su ineficacia. Al igual que en tantas otras áreas de la economía, la intervención estatal comandada por este gobierno ha demostrado carecer absolutamente de seriedad, gestión y rigor para defender a los sectores sociales más postergados, convirtiendo un subsidio de carácter social en un negociado comercial amparado por la falta de control de los funcionarios responsables.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.