La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su honda preocupación ante el proyecto de construcción de un puerto de ultramar por parte de la empresa minera Río Tinto en la localidad de La Agraciada (km. 25 del río Uruguay), Departamento de Soriano, República Oriental del Uruguay.

Señor presidente:

Hemos tomado conocimiento de diversas informaciones que concurren en apuntar que la empresa minera anglo-australiana Río Tinto construirá un megapuerto de ultramar para transbordar hierro y carbón mineral en La Agraciada (km. 25 del río Uruguay), Departamento de Soriano, República Oriental del Uruguay, frente a la costa argentina.

La empresa ya habría adquirido terrenos por más de 5 millones de dólares, incluyendo terrenos pertenecientes al Instituto de Forestación del vecino país y las obras se realizarían en el marco de una inversión de 1.300 millones de dólares para potenciar y desarrollar la explotación minera de Corumbá, Estado de Mato Grosso, República Federativa del Brasil, de donde en la actualidad se extraen anualmente 2 millones de toneladas de mineral de hierro, cifra que se elevaría a 20 millones; su Polo Siderúrgico junto a 16 empresas en Brasil; y la logística que incluye el cuestionado puerto, cuyo costo estimado supera los 200 millones de dólares.

Informaciones aparecidas en matutinos de la Capital Federal indican que la construcción del puerto llevaría dos años, estando activo hacia mediados de 2010. Contará con 4 atracaderos independientes, muelle, 2.000 metros de cinta transportadora (800 por tierra y 900 adicionales sobre un puente de caballete hasta el atracadero) e infraestructura en tierra. Ello implicará actividades de desmonte, excavación y movimiento de suelo, instalación de campamentos de trabajo, transporte y movimiento de materiales, pavimentación, oficinas y galpones. Considerado en su conjunto, es indudable el impacto transfronterizo que tendrá esta actividad.

Río Tinto es una multinacional anglo- australiana del ramo de la minería que opera en 20 países. Explota aluminio, cobre, diamante, carbón, uranio, minerales industriales (boro, titanio, sal, talco, zirconio) y oro, y ha sido denunciada reiteradamente en distintos puntos del planeta por su afectación al ambiente y a los propios pobladores locales. La ONG dedicada a la temática del desarrollo Panos London publicó un informe en el que estudia los procesos de comunicación entre la compañía minera Río Tinto y la población del sur de Madagascar, afectada por la actividad de la mina de ilmenita, en Fort Dauphin. Según datos de la propia QIT Madagascar Mining S.A. -la subsidiaria de Río Tinto que gestiona la mina de ilmenita- más de mil personas han sido afectadas permanentemente por el proyecto minero, ya sea perdiendo parte de sus tierras, los sitios donde se situaban los cementerios de sus ancestros, o viéndose forzados a abandonar sus hogares. Río Tinto también ha sido denunciada repetidamente por sus actividades predatorias en Indonesia, Nueva Guinea y Sudáfrica.

En la Argentina Río Tinto posee el emprendimiento minero Potasio Río Colorado en la zona limítrofe entre las provincias de Mendoza y Neuquén, en el que invirtió unos 900 millones de dólares, además el país es hoy el principal comprador del mineral de hierro que Río Tinto extrae y comercializa de Corumbá, y el puerto de San Nicolás es el utilizado por la empresa para desarrollar su logística.

En el marco del Estatuto del Río Uruguay de 1973, corresponde que el gobierno del vecino país comunique el referido proyecto a la Comisión Administradora del Río Uruguay a fin que ésta se expida acerca del perjuicio que pueda generar a la República Argentina. No tenemos conocimiento que dicha comunicación se haya producido, y de acuerdo a declaraciones de funcionarios uruguayos dicha comunicación se realizaría cuando se apruebe internamente la propuesta de Río Tinto. Teniendo en cuenta la experiencia diplomática ligada al conflicto por la construcción de fábricas de pasta celulosa sobre el río en el margen uruguaya, son muchas las dudas e inquietudes que genera la falta de definiciones políticas sobre el particular por parte de las autoridades del vecino país, y cada vez son más importantes las sospechas sobre la posibilidad de una estrategia deliberada de afirmarse sobre hechos consumados.

Por los motivos expuestos, y por los que se darán en oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.