La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su preocupación ante los hechos delictivos denunciados en relación al asesinato de Gabino Sánchez, administrador de la Aduana de Bernardo de Irigoyen, Provincia de Misiones.

Señor presidente:

Numerosos medios periodísticos dieron cuenta que el viernes 29 de febrero de 2008 el administrador de la aduana de Bernardo de Irigoyen, don Gabino Sánchez, fue asesinado en su casa y que este crimen estaría vinculado a fraudes de trámites de importación y exportación que él habría detectado y denunciado.

La crónica policial indicó que Sánchez, de 52 años, fue sorprendido a las 23.00 horas cuando llegaba a su casa del barrio Soberanía Nacional en auto. El hombre habría sido encañonado por un agresor que lo obligó a entrar a la casa, donde lo esperaba su esposa, a quien encerraron en una habitación. A Sánchez lo hicieron arrodillar y le dispararon. La víctima sólo atinó a cubrirse el rostro con sus manos. Una ambulancia de Gendarmería Nacional trasladó a Sanchez al Hospital de Bernardo de Irigoyen, donde finalmente murió de un tiro en la cabeza. La hipótesis del robo se desplomó rápidamente: no faltaban elementos de valor del lugar y a la víctima tampoco le habían sacado la billetera, lo que hizo apuntar la investigación a la actuación oficial del funcionario.

Posteriormente, la agencia de noticias Télam informó que a poco de llegar a la Aduana de Bernardo de Irigoyen, Sánchez comenzó a descubrir gruesas irregularidades, principalmente en la exportación de productos primarios a la República Federativa de Brasil. En diciembre de 2007, detectó que una firma de operadores de despachantes de aduana realizaba maniobras fraudulentas que significaron importantes pérdidas para el Estado en concepto de impuestos no percibidos. Por eso, la firma fue suspendida y Sánchez la denunció penalmente ante la Justicia Federal. Según fuentes de la investigación, esa firma está en la mira de los investigadores ya que operaban por un valor de más de 2 millones de dólares exportando porotos negros a Brasil. El funcionario había detectado que la firma pagaba todos los impuestos de exportación, pero su "negocio" pasaba porque durante un año usaban el CUIT de una persona muerta. Así, a fin de año no hacían la declaración de ganancias y al año siguiente operaban con un nuevo CUIT. Es decir, se ahorraban de pagar hasta un 35 por ciento de esos más de 2 millones de dólares.

Un recorrido por las publicaciones periodísticas acerca de este hecho expone múltiples elementos que abonan la hipótesis que el caso involucra un acto mafioso vinculado a operaciones ilícitas que involucran importantes pérdidas para el fisco, excediendo de este modo a nuestro entender el marco de simple hecho policial de falta de seguridad, y las pistas indican que el funcionario aduanero habría sido blanco del ataque debido al celo que evidenciaba en el cumplimiento de su deber. Difícilmente pueda considerarse que ser ultimado a sangre fría es uno de los riesgos de todos los días con los que deben lidiar los funcionarios aduaneros. Teniendo esto en cuenta, de verificarse el aludido móvil del ataque, el mismo adquiere a nuestro entender un fuerte sentido simbólico, ya que se trataría de un ataque frontal al Estado en acción, es decir, contra uno de sus funcionarios civiles actuando en cumplimiento de las leyes. Creemos por lo tanto la expresión de preocupación de esta H. Cámara apunta a que este órgano tome debida nota de las derivaciones de este hecho.

Por los motivos expuestos, y por los que se darán en oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.