La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, por medio de los actos administrativos y diplomáticos correspondientes, declare a las denominadas "Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia" (FARC) y al denominado "Ejército de Liberación Nacional de Colombia" (ELN) como grupos terroristas, en los términos de la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes (1979), del Estatuto de Roma (1998) y de la Convención Interamericana contra el Terrorismo (2002), y como sujetos, por lo tanto, a las normas de lucha contra el terrorismo y compromisos consecuentes de los que nuestro país sea parte.

Asimismo, se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que proponga, en el marco de la OEA, la conformación de una fuerza internacional de paz, para resguardar las fronteras de Colombia Venezuela y Ecuador, contribuyendo al mantenimiento de la paz en la región y al combate contra el terrorismo en estricto respeto a las normas del estado de derecho internacional, siempre que se cuente con el consentimiento de al menos uno de dichos países para el asentamiento de fuerzas en su territorio.

Señor presidente:

El Estatuto de Roma (1998) que crea la Corte Penal Internacional, considera como crímenes de lesa humanidad a ciertos actos como al asesinato, a la deportación o traslado forzoso de población o al el encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, que tengan lugar en violación de normas fundamentales de derecho internacional, así como a la tortura, la desaparición forzada de personas y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física de la persona humana, cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Para que existan crímenes de lesa humanidad en los términos del Estatuto, debe existir "una conducta en la que los actos mencionados contra una población civil, se den de conformidad con la política de un Estado u organización de cometer ese ataque para promover una política." Siendo los actos anteriormente mencionados los mismos que ejecutan grupos como las FARC o el ELN para con los habitantes de Colombia y dada nuestra adscripción a los convenios contra el terrorismo celebrados en el marco de la ONU y la OEA, corresponde calificar a dichas organizaciones como autoras de crímenes de lesa humanidad.

También de acuerdo a lo esbozado en la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes (1979), donde se entiende por "terrorismo" a cualquiera de las acciones descriptas en dicha ley o en los convenios internacionales en los que la Argentina sea Estado Parte, es decir, a las acciones destinadas a causar la muerte o lesiones corporales graves a cualquier persona, cuando el propósito sea intimidar a la población u obligar al gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, las FARC y el ELN caen dentro de esa tipificación. El mismo cuerpo legal dispone que "toda persona que se apodere de otra o la detenga, y amenace con matarla, herirla o mantenerla detenida a fin de obligar a un tercero, a saber, un Estado o una organización internacional intergubernamental, a una acción u omisión como condición explícita o implícita para la liberación del rehén, comete el delito de toma de rehenes en el sentido de la presente Convención". El caso emblemático de Ingrid Betancourt y cientos de otros rehenes, por los que nuestro gobierno se ha interesado, obligan a declarar a las FARC y al ELN como grupos terroristas, por las reiteradas y sostenidas acciones que llevan adelante contra la población civil a fin de obtener sus objetivos políticos y económicos.

Adicionalmente, el Congreso argentino sancionó recientemente una modificación al Código Penal para tipificar los delitos de asociación ilícita terroristas y financiamiento del terrorismo, así como la ley 25.246 de encubrimiento y lavado de activos de origen terrorista. Esas leyes consideran grupo terrorista a "una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, siempre que ella reúna las siguientes características: a) Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político; b) Estar organizada en redes operativas internacionales; c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas"

Las FARC y el ELN atentan contra la democracia, impiden el goce de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de las personas en Colombia, se financian con el narcotráfico que envenena a la juventud de muchos países, entre ellos la Argentina, y amenazan la seguridad de otros Estados desestabilizando y socavando las bases de toda la sociedad, en términos de lo establecido por la Convención Interamericana contra el Terrorismo (2002).

Los estados no pueden desconocer la soberanía territorial de otros estados, tal como ha sucedido recientemente en territorio ecuatoriano. Pero las organizaciones terroristas tampoco pueden violar el territorio de otros estados, tal como hicieron las FARC al instalar bases militares en Ecuador. Además, la democracia colombiana también tiene derecho a tener soberanía sobre su territorio, cosa que no puede hacer por la acción de las FARC. Estas situaciones sin duda amenazan la paz en la región, por lo que se requiere una acción internacional de apoyo a la democracia colombiana en su lucha contra el terrorismo, en un todo de conformidad con los tratados internacionales firmados por la Argentina.

Declarar terroristas a las FARC y al ELN implicará la consecuente obligación de no dar soporte o apoyo a tales organizaciones y la obligación de colaborar con la democracia colombiana deteniendo a sus integrantes para ser extraditados para su juzgamiento en el marco del estado de derecho internacional. Ello es exactamente lo contrario de lo que ha hecho Venezuela al reconocer a las FARC como un beligerante legítimo del estado colombiano, lo que tiene graves implicancias para la paz de la región.

Frente a esta situación, consideramos que nuestro país podría contribuir a la paz regional proponiendo la creación y despliegue de una fuerza internacional de paz en las fronteras de Colombia, Ecuador y Venezuela, siempre que cuente con el acuerdo de al menos una de dichas potencias para la instalación de dicha fuerza en su territorio.