La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Citar al señor Ministro de Planificación, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, para que comparezca ante esta Honorable Cámara a brindar explicaciones e informes acerca de la obra Gasoducto del Norte, su ampliación obras complementarias y financiación.

Señor presidente:

Como argentino y tucumano estoy especialmente interesado en la construcción y ampliación del Gasoducto del Norte. Por ello hace dos años atrás presente en la HCDN, el Proyecto de Resolución (1713-D-05) requiriendo información al Poder Ejecutivo acerca de su ampliación de Gasoducto del Norte. El año pasado cuando comenzaron a tomar estado público las sospechas sobre presuntos escándalos por equívocas actuaciones de funcionarios estatales presentamos la debida denuncia judicial cuyo trámite está en curso.

Ahora, ante la gravedad de los entretelones difundidos tanto en el país como en el extranjero hemos considerado necesario que los funcionarios gubernativos respondan a los requerimientos de los legisladores. Sería impropio obviar la intervención parlamentaria ignorando una explícita obligación consti- tucional. Aunque algunos políticos luzcan como olvidadizos, todos sabemos que el propio Congreso Nacional, no puede ignorar el Art. 71 de la Constitu- ción, renunciando a controlar si la actuación del Ejecutivo se adecua o no a las normas que regulan el estado de derecho.

El control sobre el Ejecutivo y sobre las actividades de sus secciones burocráticas por parte del Congreso sigue siendo el medio más aconsejable para combatir la corrupción. Dentro de las críticas que hoy se formulan contra la tradición parlamentaria hay un paradigma democrático que nadie discute: "El diputado ejerce la potestad legislativa del Estado y controla la acción del Go- bierno"

El peso político real del Poder Legislativo, debe valorarse sobre la base de la eficacia de la actividad de control. Un Parlamento que limite su intervención a una sola de las obligaciones legislativas dejará escapar una substancial parte del proceso político: La vigilancia de la transparencia del manejo público.

En la Argentina de hoy para algunos funcionarios del Ejecutivo, decir control de la acción de gobierno, es sinónimo de traición política. Las coincidencias programáticas para una mejor democracia cada vez son más escasas. Tras el principio espurio de no admitir el control se esconde un amplio consenso entre los dirigentes de fuerzas políticas que accedieron al poder precisamente prometiendo terminar con la corrupción.

Volvemos a visualizar nuevamente la impunidad; esta vez rondando por oscuros vericuetos de la cúpula de un régimen que en su doble discurso preconiza una igualdad paradisíaca donde los de abajo ganen más que los de arriba, al mismo tiempo que los índices de corrupción se acrecientan diariamente y nadie es responsable.

No es la intención generalizar pero no puede dejar de apreciarse que para ciertos dirigentes políticos es una verdadera ventaja económica manejar el tesoro público en una comarca donde a priori nadie es culpable, siempre y cuando apoye al gobierno. Es en este contexto donde suele aparecer el gobernante que promete construir un puente donde no hay río, y nadie le dice nada.

¿Porqué des- apareció la función de control del Congreso de la Nación, que en estos momentos se hace más necesaria que la de legislar?

¿Porque no se interpela a los funcionarios sospechados de alguna incorrección?

Porque todo eso molesta al Ejecutivo.

Ya no se trata de un control exclusivamente técnico sino de un control político. Hay que investigar si el gasto fue efectuado dentro del marco de la juridicidad y debe justipreciarse si el egreso fue conveniente y ajustado a una necesidad real. Esta misión colisiona muchas veces con el interés político y es lo que algunos go- bernantes desean ocultar.

El Congreso debe alertar. Lo que ha colapsado en nuestro país es la dignidad por exhibir un comportamiento ético, especialmente en lo concerniente a la vigencia de la ética del servicio público.

La ausencia de una sólida ética pública está destruyendo la imagen de la democracia favoreciendo a intereses particulares de facciones políticas -no de partidos- sino de personas que se aprovechan del desmedido poder que significa la carencia de un contralor autónomo, para enriquecerse.

Vale un axioma: Cuando menos importe el control de la ética del servicio público aumentarán cada vez más las apetencias monetarias de los agentes estatales corruptos.

Recordemos, que en un sistema pluralista, el Congreso de la Nación, es la institución que debe observar la moral y el correcto proceder de los funcionarios del gobierno central.

Por lo expuesto es que solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.