La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Convocar al Señor Ministro del Interior Dr. Aníbal Fernández para que en una sesión conjunta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Seguridad Interior y Relaciones Exteriores y Culto se sirva informar sobre los siguientes puntos relativos al documento llamado "Informe sobre Estrategia de Control de Narcóticos" del Departamento de Estado Norteamericano, presentado por el Embajador de los Estados Unidos de América, Earl Anthony Wayne, sobre la situación del Narcotráfico en la República Argentina:

1. Si el gobierno argentino comparte el diagnóstico elaborado por la Secretaría de Estado norteamericana, respecto del incremento del narcotráfico en la región latinoamericana y específicamente en la República Argentina; y en caso afirmativo a qué atribuye dicho incremento.

2. En qué consisten los acuerdos y compromisos de cooperación alcanzados recientemente, entre la República Argentina y el Gobierno de Estados Unidos, respecto de la lucha y control del Narcotráfico en nuestro país.

3. Si efectivamente los EE.UU. solicitan al gobierno argentino la aprobación de normas contra el terrorismo y cambios en la ley 25.246 de Lavado de Dinero. En caso afirmativo, cómo evalúa el Estado Argentino esta solicitud.

4. Si el Gobierno comparte la visión del Gobierno de los EE.UU. sobre los progresos alcanzados en la lucha contra el narcotráfico en América del Sur, y cuáles son los avances alcanzados en la República Argentina en los dos últimos años en esta materia.

5. Si el gobierno comparte la apreciación que se hace en el informe sobre la debilidad del sistema jurídico y la falta de colaboración de Venezuela y Bolivia en la lucha contra el narcotráfico; en caso afirmativo, cuáles serían las dificultades que se generarían en la región y específicamente en nuestro país, respecto de tal diagnóstico. Y si el gobierno argentino atribuye razones políticas y no solamente técnicas o profesionales a dicha mención a Venezuela y Bolivia.

6. Si el gobierno argentino ha realizado acciones necesarias en la región para arribar a acuerdos multilaterales con los demás gobiernos para la lucha y control del narcotráfico; y específicamente con países de la triple frontera.

7. Si la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA) de los Estados Unidos ha desarrollado en el último año acciones en nuestro país y, en caso afirmativo, en qué consisten los mismos.

8. En qué consiste la denominada "USG- funded Northern Border Task Force (Fuerzas de Tareas para la Frontera Norte)", calificada en dicho informe como "piedra angular de los esfuerzos de EEUU en Argentina"; por quiénes está integrada, y qué participación tiene el Gobierno de EEUU en la misma. Si está previsto extender la actuación de esta fuerza a otros puntos del país.

9. Si tiene previsto el Poder Ejecutivo solicitar al Congreso de la Nación autorización para el desarrollo de acciones militares o de cualquier otro tenor con tropas militares de los EE.UU. en territorio argentino, conforme el artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional. En caso afirmativo cuáles son los fundamentos.

10. Si el gobierno argentino está en conocimiento de que en nuestro territorio existan oficinas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA) y/o Oficina Federal de Investigaciones (FBI), que desarrollen acciones vinculadas al narcotráfico, terrorismo y/o lavado de dinero. En caso de no existir, informar si está prevista su instalación y cuáles son sus fundamentos.

Señor presidente:

El Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó este mes un documento llamado "Informe sobre Estrategia de Control de Narcóticos" que evalúa la situación de nuestro país en lo que respecta a consumo de drogas, narcotráfico, terrorismo y lavado de dinero. El Informe - que habría sido entregado por el Embajador Earl Anthony Wayne al Ministro del Interior Aníbal Fernández en forma personal, según consignó el diario La Nación en su edición del día 5 de marzo de 2007 - y se encuentra disponible en la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, señala que la DEA colaboró en forma directa durante el año 2006 con las autoridades argentinas en la captura de más de dos toneladas de cocaína y que para el transcurso de este año se proyecta la formación de cuatro fuerzas de tareas que actuarán en el territorio de nuestro país; indica que el consumo y tránsito de drogas aumentó en forma considerable en los últimos tiempos en la Argentina; y recomienda a nuestro país rever su legislación en lo que respecta a lavado de dinero y terrorismo.

En este contexto, se torna indispensable convocar al Ministro del Interior, Dr. Aníbal Fernández, a las Comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Seguridad Interior y Relaciones Exteriores y Culto a los fines de brindar información oficial respecto al contenido del Informe elaborado por el Gobierno de los Estados Unidos; además de especificar la evaluación que el Poder Ejecutivo hizo del mismo y explicitar las políticas que el Estado Argentino adoptará en este sentido. En tanto se trata de un informe de un país extranjero, donde surgen cuestiones de seguridad interior, consideramos pertinente que las comisiones donde se brinde la información oficial sean las de Seguridad Interior, Relaciones Exteriores y Culto, junto con la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico.

Consideramos además imprescindible que el Ministro confirme si es que está previsto que haya tropas extranjeras operando en el territorio de la República Argentina para el control del narcotráfico, ya que en este sentido la letra de la Constitución Nacional no deja lugar a duda alguna.

La historia indica que la política adoptada en las últimas décadas por la Argentina en lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico se basó en los principios dictaminados por el poder hegemónico de los Estados Unidos. En los años 80, el entonces Presidente Ronald Reagan declaró la llamada "Guerra a las Drogas" y la misma se constituyó en América Latina como la nueva doctrina de seguridad americana para la región y fue la causa que justificó las diferentes políticas intervencionistas que llevó a cabo Estados Unidos en países de nuestro continente. En consonancia con las líneas directrices establecidas por los EEUU, un año después de la sanción de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, la República Argentina sancionó en 1989 la ley 23.737 que acentuó el carácter represivo de la política en materia de drogas e hizo recaer todo el peso del poder punitivo del Estado en los eslabones más débiles en la cadena de la comercialización y consumo de estupefacientes. Los resultados de la aplicación por parte de nuestro país de las política ordenadas por los Estados Unidos se encuentran a la vista y obligan a reflexionar sobre la necesidad de plantear una nueva matriz para tratar el problema del consumo, tráfico y producción de drogas, de manera soberana.

De acuerdo al mismo informe presentado por el Departamento de Estado, el consumo, tráfico y producción de drogas están en constante aumento en la República Argentina. Pero ese dato, absolutamente cierto, debería plantearnos la necesidad de establecer una política debatida y decidida por nuestro país. Sin embargo los Estados Unidos - que se constituye como el principal mercado consumidor de drogas del planeta -, hace por su parte de la "lucha contra la droga", un método de penetración política y militar en otros países.

Es por eso que es necesario un completo y detallado informe del Ministro del Interior respecto del documento aludido a fin de conocer cuál es la posición del poder ejecutivo respecto del mismo y qué grado de participación ha tenido o está previsto que tenga un Gobierno extranjero en nuestra política de control del narcotráfico.

Ya hemos tenido en nuestro país experiencias suficientes de la adopción a-crítica e incuestionable de políticas diseñadas desde fuera de nuestras fronteras, en diversas áreas, como por ejemplo la económica. La llamada "doctrina de la seguridad nacional" es un antecedente claro de cómo para combatir un supuesto enemigo común se aceptan intromisiones en los asuntos internos de nuestro país con gravosas consecuencias que no es necesario explicar.

Sin duda que para enfrentar un delito de incidencia internacional se requiere la cooperación y el acuerdo de la comunidad de naciones. Pero está claro que bajo la excusa de la cooperación y el acuerdo el Gobierno de los Estados Unidos pretende incursionar, y de hecho lo hace, en la política interna de otros países.

Por todo lo expuesto, solicitamos a los Señores Diputados que acompañen el presente proyecto.