La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su apoyo al anhelo del pueblo de la provincia de Misiones y el compromiso asumido por el Gobierno de la provincia de Misiones con la ciudadanía a fin de lograr el saneamiento de las instituciones republicanas federales y democráticas tendientes a lograr el armónico y eficiente funcionamiento de las mismas, en pos de una provincia de progreso, crecimiento y desarrollo, cuyo único eje y motor es el bienestar de sus habitantes.

Señor presidente:

Con el resultado contundente de las elecciones del 23/10/05 en el que el pueblo de Misiones se expresó por el fortalecimiento y eficiencia de las instituciones democráticas, en donde todavía existen funcionarios que no entendieron la realidad histórica por la que pasa el país provocando con sus decisiones situaciones de extrema gravedad, como consentir con argumentos groseros la destitución de un intendente, elegido por el pueblo a través de los mecanismos democráticos, ello merece el reproche de todos quienes creemos en las instituciones de la República y denostamos las prácticas antidemocráticas y propias de las dictaduras que tanto mal nos han causado a los argentinos.

La independencia de los jueces es una garantía del sistema republicano y democrático, pero no es un escudo de protección para dictar resoluciones contrarias al sistema democrático. Cuando la decisión adoptada evidencia un "desconocimiento supino" del derecho o trasunta la indudable intención de resolver contra el derecho, o hace de éste una aplicación a todas luces groseramente infiel o desacertada, o el diligenciamiento de la causa muestra un comportamiento absolutamente inepto es la misma Constitución la que obliga a adoptar mecanismos de saneamiento del poder judicial.

Deben distinguirse las cuestiones opinables de derecho, las cuales no son enjuiciables, de las sentencias que configuran verdaderos "absurdos" o evidencian un "grosero" desconocimiento del derecho vigente por parte de los Magistrados que si pueden configurar la causal de mal desempeño del cargo por falta de idoneidad técnica o profesional o ineptitud, todo lo que determina un daño a la función pública.

El mal desempeño cuando se lo vincula con el desconocimiento de la ley es equivalente a la "ineptitud intelectual" por carencia de uno de los requisitos esenciales que integra el concepto de idoneidad requerido para el ejercicio de la función de los magistrados.

A quienes integran el Poder Judicial y otros organismos constitucionales especializados se les exige entre otras la idoneidad técnica, a los jueces se les ha confiado la jurisdicción como potestad que somete a todos los habitantes al efecto de sus decisiones judiciales, de modo tal que por mandato constitucional, los bienes más preciados de la sociedad: la vida, la libertad, el honor, la dignidad y los de contenido patrimonial quedan librados a la decisión de los magistrados, y si esta potestad es tan amplia, justo es exigirles capacidad, destreza, equidad para aplicar el derecho, máxime si se trata de integrantes de los más altos tribunales u organismos constitucionales, porque a mayor jerarquía también es mayor la idoneidad técnica que se requiere, menos aún pueden contener sus sentencias atisbos dictatoriales que permitan según su libre arbitrio alzar o bajar el pulgar como en los circos romanos.

No podemos admitir a quienes, con sus actitudes, persisten en mirar al país desde dentro de una campana de cristal nublado desconociendo la realidad nacional y totalmente la de la provincia de Misiones. Apoyamos el gran esfuerzo de quienes firmemente convencidos en que la única manera de lograr el bienestar individual es sobre las bases sólidas del bien común, de los derechos humanos y del cumplimiento de los preceptos constitucionales, bregando cotidianamente por devolverle credibilidad a las Instituciones.

El mecanismo de juicio político y de Jurado de enjuiciamiento previsto en la Constitución de la Provincia de Misiones tendientes a la destitución o remoción de los magistrados y demás funcionarios públicos, que allí expresamente se mencionan, son cuestiones que deben ser resueltas por mandato constitucional, dentro del ámbito provincial.

Hallar soluciones respetando la independencia de poderes y los mecanismos fijados en las constituciones provinciales, sin interferencia federal, es el procedimiento republicano para subsanar el grave daño causado por décadas de malos gobiernos y designaciones discrecionales de funcionarios "no idóneos" ni dignos de desempeñar sus funciones.

Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación del presente Proyecto.