La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar rechazo por los incrementos en los aranceles y formularios para el traslado de ganado dispuestos en las Resoluciones Nº 135/09, 136/09 y 137/09 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que en medio de una situación de emergencia y/o desastre agropecuario establecieron un inoportuno aumento del 20 por ciento.-

Señor presidente:

Mediante las Resoluciones Nº 135/09, 136/09 y 137/09 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), los formularios para el traslado de animales que antes costaban $1,00 por animal pasaron a costar $1,20. El arancel que también se cobraba en los movimientos de hacienda pasó de $0,90 por animal a $1,08.

Rechazamos los aumentos en los aranceles y formularios para el traslado de hacienda dispuestos en dichas Resoluciones del SENASA, considerando la grave situación climática por la que está atravesando el sector agropecuario de nuestro país, la cual ha obligado a un mayor movimiento de hacienda con la finalidad de asegurar la supervivencia del ganado.

La sequía, según la Organización Meteorológica Mundial, ocurre cuando la cantidad de precipitación, su distribución, las reservas de agua en el suelo y las pérdidas producidas por la evapotranspiración se combinan para causar una disminución considerable de los rendimientos del cultivo y el ganado. Por lo tanto, la sequía es un fenómeno que está dado por la combinación de condiciones meteorológicas, hidrológicas, agrícolas y también por el efecto de la actividad humana.

El análisis de las sequías se realiza a través de los índices climáticos, que reúnen en una sola variable, los efectos combinados de más de un parámetro. Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), hace meses que la sequía se encuentra afectando a nuestro el país, particularmente, el Norte de Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, el Sudoeste Bonaerense y buena parte de la Zona Núcleo pampeana.

En efecto, la Red de Información Agropecuaria Nacional (RIAN), perteneciente a la Gerencia de Gestión de la Información INTA, comunicó el 16 de enero de 2009 información cualitativa que refleja el estado de situación de la producción agropecuaria en el área actual de influencia de la RIAN (que incluye todo el país con la excepción de las regiones de Cuyo y Patagonia). El reporte se realizó a partir de seguimientos mensuales de cultivos y el estado agroclimático e hídrico de los suelos afectados por la sequía. Del mismo se desprende que para muchas localidades de la región pampeana, las lluvias han sido las más bajas de los últimos 100 años.

En este contexto, el propio Poder Ejecutivo Nacional (PEN) reconoció la emergencia climática hacia fines del mes de enero de 2009. En virtud de lo establecido en la Ley Nacional 22.913 (B.O. 21/9/83) el Estado Nacional puede conceder la emergencia agropecuaria a los productores afectados en por lo menos un cincuenta por ciento (50%) de su producción, y el desastre a aquellos afectados en un ochenta por ciento (80%).

Entre los beneficios de la Ley 22.913 se establecen bonificaciones sobre las tasas de interés, para los impuestos al patrimonio, capitales y ganancias, deducciones especiales del balance impositivo, y descuentos en los fletes para el transporte de hacienda de campo a campo, en zonas afectadas, cuando se efectúen utilizando empresas del Estado. La Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner reconoció hacia fines del mes de enero el derecho de acceder a estos beneficios a productores afectados en las provincias de Entre Ríos, Santa Fé, Santiago del Estero, Chaco, el sur de Córdoba y el sur de Buenos Aires.

Sin embargo, numerosos actores políticos y económicos han observado que frente a situaciones climatológicas tan extremas como están viviendo muchas provincias argentinas, estos beneficios resultan insuficientes para revertir los desastrosos efectos de la sequía. El mismo PEN ha encarado una ronda de reuniones y negociaciones con representantes del sector agropecuario, que entre otros objetivos pretende encauzar y atender los reclamos de los productores más afectados por la sequía.

Es válido recordar que entre las medidas ya dispuestas por el PEN se incluyen los descuentos en los fletes para el transporte de hacienda previstos en la Ley 22.913. ¿Cómo es posible entonces que mientras se llevan adelante negociaciones en las que el Poder Ejecutivo Nacional admite la profunda crisis por la que atraviesa la ganadería, un organismo del Estado Argentino, por detrás, aumenta las cargas tarifarias que pagan los productores cada vez que trasladan hacienda?

Resulta absolutamente contradictorio que por parte de un organismo estatal se aumenten las tarifas que el productor paga para trasladar hacienda, mientras el Gobierno Nacional admite la gravedad de la crisis que atraviesa el campo en nuestro país.

Por todo lo expuesto anteriormente es que solicitamos a las Sras. Diputadas y los Sres. Diputados acompañen en la sanción del presente Proyecto de Resolución.-