La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al PODER EJECUTIVO NACIONAL, para que por intermedio del MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE, mediante la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, se denuncie en todos los foros internacionales de protección ambiental, a las empresas multinacionales relacionado con la construcción sobre la margen izquierda del Río Uruguay, frente a la ciudad entrerriana de GUALEGUAYCHU, de dos plantas destinadas a la elaboración de pasta de celulosa y las instalaciones relacionadas, por la destrucción y contaminación del ambiente que provocaran al usar tecnologías sucias, obsoletas y de elevada agresividad ambiental.

Señor presidente:

La diferencias entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay relacionada con la construcción por parte de empresas multinacionales y corporaciones financieras multinacionales, sobre la margen izquierda del Río Uruguay, frente a la ciudad entrerriana de GUALEGUAYCHU, de dos plantas destinadas a la elaboración de pasta de celulosa y las instalaciones relacionadas ha generado un camino de desencuentros, y controversia entre los países, que nos lleva a la responsabilidad de tratar de encontrar una solución que deje satisfechos los legítimos derechos de Argentina de defender sus recursos naturales, y el deseo de Uruguay de avanzar en su desarrollo económico y social.

Estamos hablando de dos naciones con una historia de hermandad y raíces comunes desde sus pueblos originarios, que se fue consolidando hasta la actualidad en una profunda relación geográfica, social, cultural, económica, y política entre los pueblos uruguayo y argentino.

Juntos padecimos las dictaduras de las ultimas décadas, sus persecuciones políticas y la imposición de modelos económicos neoliberales de homogenización y exclusión, que buscaron la máxima ganancia de los grandes intereses de las corporaciones financieras internacionales, realizadas a costa de la desaparición de muchísimas empresas nacionales, de la exclusión y empobrecimiento de nuestros trabajadores, de la apropiación de los recursos naturales de nuestros países, de la perdida de la calidad de vida de nuestra gente y de la destrucción de nuestros ambientes.

Estas situaciones encontraron a nuestros dos países y pueblos aún más hermanados, tanto en los dolores y sufrimientos recíprocos, como en los esfuerzos para la recuperación de nuestras democracias.

Ahora tenemos como generación, la responsabilidad ineludible e inexcusable de seguir consolidado ese destino de progreso común de nuestros pueblos hermanos.

La decisión de los países desarrollados de vivir en ambientes sanos junto con el exceso de liquidez que hoy tienen las grandes corporaciones financieras multinacionales, en gran parte producto de la expoliación y empobrecimiento de nuestros países, intenta seducir a nuestras ciudadanías con enormes inversiones y aparentes beneficios en la generación de empleos, disminución de índices de pobreza, mejoramiento de balanza de pagos, entre otros.

Cuando analizamos en profundidad, queda claro que en muchos casos es simplemente un perfeccionamiento de las desiguales relaciones de intercambio económico, que por centurias han llevado a nuestros países a la transferencia de nuestras riquezas, tanto materiales como humanas y a la destrucción de nuestros recursos naturales.

Nuestras tierras y aguas, son los recursos base de nuestra vida y patrimonio de todas las generaciones, las anteriores, actuales y las futuras. Ninguna tiene el derecho de apropiárselas o destruirlas.

En este contexto se han desarrollado las relaciones entre Uruguay y Argentina, consolidada en nuestros tratados internacionales, y especialmente en los que armonizan el uso compartido de nuestros recursos, como lo es el río Uruguay.

Las características de la inversión multinacional para el aprovechamiento de las extensas formaciones forestales de Uruguay y Argentina, con la instalación de las plantas industriales de obtención de celulosa mediante tecnologías industriales sucias, obsoletas y contaminantes del ambiente, que según palabras del presidente Tabaré Vazquez "se hacen en nuestras latitudes porque en sus países de origen no se lo permiten y porque sus pueblos quieren vivir en ambientes saludables", esto ha llevado a nuestras poblaciones y a nuestros gobiernos a una controversia que entre todos debemos ayudar a resolver por la vía que manda nuestra historia común: el dialogo, el respeto a nuestros tratados y compromisos recíprocos, y el entendimiento en la búsqueda del máximo beneficio de nuestros pueblos, y no el de las empresas multinacionales.

La decisión de nuestro gobierno de recurrir a la Corte Internacional de La Haya, dado el incumplimiento en que esta incurriendo Uruguay al violar el tratado bilateral, quien resulta competente para entender en la materia, esta basado en las previsiones del artículo 36 de su Estatuto, cuyo inciso 1 establece que la competencia del Tribunal se extiende a todos los asuntos previstos en los "tratados y convenciones vigentes", en este caso el Estatuto del Río Uruguay.

En virtud del artículo 60 de dicho Estatuto, aprobado por Ley N° 21.413, toda controversia acerca de la interpretación o aplicación del mismo que no pueda solucionarse por negociaciones directas, podrá ser sometido por cualquiera de las partes, a la Corte Internacional de Justicia.

En el presente caso, al autorizar unilateralmente la construcción de las plantas industriales para la extracción de celulosa en la localidad de Fray Bentos sobre las márgenes del río Uruguay, al utilizar esas plantas industriales en forma gratuita una enorme cantidad de agua dulce del río para la producción que estiman en 1.500.000 de toneladas de celulosa por año, y volcar sus efluentes que no han sido totalmente descontaminados al río Uruguay, nuestro país hermano omitió cumplir con el mecanismo de consulta e información previas previsto en los artículos 7 a 12 del Estatuto. De igual manera lo esta haciendo con la autorización de la construcción de los puertos intrínsecamente vinculados a estas empresas.

Este mecanismo es uno de los elementos necesarios para hacer efectivo el principio conforme el cual un Estado debe asegurar que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros estados, principio reglamentado en diversas normas del derecho internacional general relativo a la protección del medio ambiente.

Es preciso, a pesar de tener los mecanismos jurídicos reales para llevar el caso a la corte internacional, reflexionar antes de que sea demasiado tarde y no haya margen para una solución amigable, queremos actuar con la mayor madurez y serenidad para ayudar a nuestros países a una solución compartida, apelando a todos los mecanismos de la diplomacia directa y con voluntad de llegar a un entendimiento.

El pueblo entrerriano, especialmente el de la ciudad de Gualeguaychú, el gobierno de la Provincia de Entre Ríos y el Gobierno Nacional, han asumido la responsabilidad histórica que les cabe para evitar la destrucción de las cualidades de los recursos naturales, especialmente las aguas y costas del río Uruguay, por el uso de tecnologías sucias, ya descartadas en los países de origen de estas empresas de producción de celulosa.

Por otra parte nuestros ciudadanos y gobiernos garantizan la libre circulación y tránsito por las rutas. En ello hay que destacar el accionar del presidente Néstor Kirchner.

Es fundamental que en esta controversia quede claramente establecido, que son importantes estos mega emprendimientos industriales para el impulsar la economía de la región, en este caso especialmente la uruguaya. Pero si los mismos se hacen a costa de la destrucción ecológica de nuestras aguas, ríos, suelos, florestas, y ambiente humano, se habrá destruido la calidad de vida de nuestras poblaciones actuales y futuras, tanto de la orilla argentina como la uruguaya.

La atracción de una mega inversión no puede hacerse bajo el simplismo de la maximización de beneficios del corto plazo, así el único beneficiado será el grupo financiero que la realizó, los habitantes permanentes de nuestras tierras sufrirán por generaciones la destrucción de su calidad de vida.

Por tal motivo el pueblo argentino y el pueblo uruguayo, el gobierno de Uruguay y el gobierno de Argentina, deben exigir que estas inversiones se realicen con las tecnologías industriales más modernas, que aseguren un régimen de uso sustentable de los recursos (a perpetuidad), la no contaminación del aire, del suelo, de las aguas superficiales y subterráneas y de la biota asociada.

Son muchos los lazos que nos unen con la hermana nación de Uruguay que nos impulsan a tratar de evitar se profundicen las disidencias, y a esclarecer esta situación en la que junto con el beneplácito por el progreso económico del hermano pueblo uruguayo esta la decisión irrenunciable de defender nuestro presente y el derecho de nuestros hijos de vivir en un ambiente saludable, gozando de la calidad de los recursos naturales y humanos propios por historia, presente y futuro de la nación Argentina.

La lógica de rentabilidad de las multinacionales y del dinero no puede ni debe seguir medrando, a costa del progreso conjunto de nuestros pueblos.