La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos competentes, informe acerca de los siguientes puntos:

1. ¿Cuál es la relevancia que le adjudica a la demanda externa, los precios internacionales, la oferta interna de ganado y los márgenes de rentabilidad de otros actores para explicar los aumentos de precios de los últimos meses?

2. ¿Cuáles son los factores que explicarían los aumentos de precios de los últimos días que justifican la prohibición de exportaciones?

3. ¿No existían alternativas para regular los precios más eficientes que la prohibición de exportar carne?

4. ¿Cuánto deberían bajar los precios y en qué plazos, para flexibilizar la prohibición de exportar?

5. ¿Cuál es el costo para el erario público y para los sectores de la cadena de valor como resultas de la suspensión de exportaciones?

6. ¿Cómo piensa el Gobierno armonizar su política antiinflacionaria de coyuntura con una política ganadera? ¿Cuándo comenzará a gestar esta última para aumentar las existencias de ganado bovino y estabilizar los precios en el largo plazo?

7. ¿Cuál será la combinación de instrumentos de política económica como componentes de una política ganadera?

8. ¿Cómo armonizará la política ganadera con las políticas agrícolas de modo de favorecer las explotaciones mixtas? ¿Cuál es el rol de los pequeños y medianos productores en la política ganadera?

9. ¿Cuál es la estrategia institucional para forjar una política ganadera que contemple los distintos intereses involucrados?

Señor presidente:

El 8 de marzo, el Gobierno suspendió las exportaciones de carne por 180 días. La medida fue tomada como reacción a una escalada de precios por kilo vivo que se verificó en las seis jornadas inmediatamente anteriores en el Mercado de Liniers. La variación acumulada en seis días fue de 17.4% y 19.3% para el kilo vivo de novillo y novillito, respectivamente (tabla 1).

Lo sucedido se inscribió en la cresta de tendencias de largo y corto plazo en los mercados; también intervinieron factores externos imprevistos que tan a menudo desacomodan las predicciones de analistas y las regulaciones de funcionarios sobre cantidades y precios.

Desde hace algún tiempo, el Gobierno viene procurando un acuerdo de precios en el sector de la carne para evitar las incidencias de este producto en la tasa de inflación. A fines de enero 2006, el Gobierno convocó a las entidades de ganados y carnes para firmar un acuerdo que estabilizase el precio de la media res en $4.40.

Dos entidades rurales (SRA y CRA) y tres entidades de consignatarios de hacienda firmaron el documento pero luego solicitaron tachar sus consentimientos aduciendo que el Gobierno faltó al compromiso de reducir las retenciones desde 15% a 5% en simultaneidad con las firmas.

El gesto de no acordar de ganaderos y consignatarios profundizó el conflicto. A partir de ese momento, ninguna iniciativa de sentar a la mesa a Gobierno y a todos los actores de la cadena de valor, volvió a intentarse. Por el contrario, escaramuzas mediáticas jalonaron las contradicciones hasta culminar en el desenlace de las prohibiciones para exportar carne.

Para que la producción crezca a tasas más elevadas es preciso un plan ganadero que rompa la restricción del stock de bovinos. Es de perogrullo afirmar que las posibilidades de éxito de un plan ganadero son mayores cuando las tendencias en los mercados son favorables, y que esas posibilidades disminuyen en situaciones de conflicto.

La discusión de tal plan estuvo ausente porque ¿para qué un plan ganadero si los negocios marchan bien con un dólar alto, una sostenida demanda internacional, y el margen potencial de ganancias futuras por una reducción hipotética en las retenciones? El hecho es que ningún plan existe y las responsabilidades por esta ausencia recaen sobre los gobiernos, los ganaderos y otros participantes en la cadena de valor.

En síntesis, desde el inicio hasta el final de la cadena de valor de la carne, hay argumentos que presionaron sobre los precios al consumidor. Los analistas reconocen el efecto de factores externos: la aftosa en Brasil, la gripe aviar en Europa y la aparición de Rusia como un fuerte comprador en el mercado de carnes. Sin desconocer la importancia de estos reconocimientos, los precios actuales elevados en el mercado de la carne están sobredeterminados por el dólar alto (a pesar de las retenciones) que hace muy rentable las exportaciones, un stock ganadero que no ha crecido lo suficiente para responder a la situación actual, la ausencia de un plan ganadero, las decisiones administrativas que no conforman una política e interfieren en el ciclo biológico y económico de la ganadería, y por acciones políticas que agudizan los conflictos de intereses en vez de atenuarlos. Sin duda, los precios actuales son beneficiosos para los ganaderos (y los consignatarios) que no quieren resignar las oportunidades presentes, pero son desfavorables para los consumidores y para otros objetivos gubernamentales.

La presente situación es insostenible para todos los actores, incluido el Gobierno por el impacto en las cuentas públicas (menores ingresos por retenciones, mayores costos financieros y políticos por el desempleo). Está en el interés de todos una pronta solución a este conflicto, incluso para las familias argentinas. Para éstas, la presencia de la carne en la mesa familiar depende tanto de una política de ingresos como de los precios en el mostrador.

Por lo anteriormente expuesto solicito la aprobación del presente Proyecto de Resolución.