La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Instar al Poder Ejecutivo, en particular al Ministerio de Planificación Federal, Inversiones Publicas y Servicios, para que se abstenga de continuar con la enajenación de bienes muebles e inmuebles ferroviarios, hasta tanto la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado presente un Plan Estratégico e Integral para el servicio ferroviario.

Señor presidente:

El 28 de febrero del pasado año se sancionó la Ley Nº 26.352 con el objetivo de reordenar la actividad ferroviaria, ubicando como piezas claves de toda acción, los nuevos criterios de gestión y de rentabilidad, y la consideración del usuario. Luego, mediante Decreto Nº 752 de fecha 6 de mayo de 2008, se aprobaron los estatutos de las sociedades creadas por dicha Ley, y se instruyó al ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES (ONABE) para que, en un plazo de 180 días entregue al MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICOS, el respectivo inventario de los bienes ferroviarios que serian transferidos a la nueva Sociedad del Estado Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF).

En un acto encabezado por el Ministro Julio De Vido, asumió el 29 de abril de 2008 el ex Ministro de Obras Públicas porteño, Juan Pablo Schiavi como titular de Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado.

Esta norma estableció, además, las facultades de la ADIF, y avanzó en su plan para desafectar esos bienes y los servicios que prestan, de los controles públicos al que se someten los demás gastos del Presupuesto Nacional. La Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIF S.E.) está exenta de respetar las leyes de contabilidad, de obras públicas y de procedimientos administrativos. Es decir que podrá disponer de los fondos y de los bienes públicos sin que medie la aprobación del Congreso, y sus responsables, por ejemplo, no podrán ser acusados de favorecer a empresas amigas, incluso si lo hacen. Ocurre que el formato de Sociedad del Estado los habilita a contratar en forma directa, con los mismos criterios que las empresas privadas.

El caso de ADIF S.E., en menos de un año de gestión, se está perfilando como el de otras empresas creadas por el Ejecutivo como Enarsa o LAFSA, a las cuales se les va dando forma de acuerdo con las circunstancias. No surge como parte de una planificación del servicio ferroviario, y mucho menos como parte de un proyecto integral de transporte, mientras tanto se convierte en una plataforma de negocios privados.

Para refirmar este concepto, la ADIF está presidida por Juan Pablo Schiavi, un ingeniero agrónomo, ex jefe de campaña de Mauricio Macri y posterior ministro de Obras Públicas de Jorge Telerman. A partir de esta norma, Schiavi podrá "otorgar licencias, autorizaciones, permisos o concesiones totales o parciales de sus obras o servicios". Juan Pablo Schiavi se jacta en su curriculum de haber participado en el desarrollo comercial e inmobiliario de las áreas colaterales de las líneas ferroviarias ex Roca, San Martín y Belgrano asociados con DEC S.A., para Metropolitano (entre 1997 - 1998), y del desarrollo comercial e inmobiliario de las áreas colaterales al ferrocarril Roca, asociados con Interurban S.A., para T.M.R. Transportes Metropolitanos General Roca (entre 1995 - 1996).

El Poder Ejecutivo Nacional destinó en los últimos tres años más de cuatro mil millones de pesos para desarrollar su política ferroviaria, a través de subsidios a las licenciatarias. Y para este año, están previstos otros dos mil millones. La discrecionalidad sobre el destino de ese presupuesto ferroviario ya fue motivo de múltiples quejas por parte de los organismos de control. Desde 2004, la Auditoría General de la Nación objetó en reiteradas oportunidades la utilización de esos fondos. En uno de sus informes, la AGN sentenció: "Se ha verificado la inobservancia de procedimientos adecuados en la gestión de contratación tendiente a garantizar la concurrencia y la igualdad de oferentes; se realizaron contrataciones de bienes y servicios sin el concurso de precios y las rendiciones de cuentas no exponen toda la información requerida". Para saldar los cuestionamientos, el Gobierno resuelve ahora obviar los controles.

Durante los cinco últimos años, tanto el Organismo Nacional de Bienes del Estado (Onabe), como su antecesor Ente Nacional de Bienes Ferroviarios (Enabief), practicaron un sistemático remate de todo cuanto pudiera venderse del patrimonio de los ferrocarriles.

El remate de los bienes del Ferrocarril supone un ejercicio perverso contra un patrimonio que nos pertenece. El saqueo, la destrucción y la malversación de ellos supone causas judiciales que deberían ser investigadas, y castigados sus responsables. Cientos de vagones, galpones y talleres con maquinarias y repuestos, locomotoras diesel eléctricas, aceros especiales, coches pullman, millones de rieles y durmientes, fueron vendidos a precios irrisorios.

En cuanto a los terrenos, se ejecutó una política de desmantelamiento de las tierras fiscales tendientes a la atomización de su tenencia, imposibilitando integrarlas a un proyecto de desarrollo y de planificación territorial. Así, el desmantelamiento del Estado y la atomización de la titularidad de las tierras fiscales, acompañados de una normativa y prácticas pocos transparentes que habilitaban la ejecución de negocios inmobiliarios privados, permitió, que, donde dependiera de la realidad territorial enmarcada en un proceso de construcción y apropiación colectiva, tal vez debían emplazarse escuelas, hospitales, centros productivos primarios e industriales, parques recreativos para toda la sociedad, centros culturales, viviendas populares, etc, existan hoy shoppings, clubes privados de imposible acceso a la mayoría de los ciudadanos, edificios para unos pocos con vista privilegiada, gimnasios privados, restaurantes, casas majestuosas, etc. Dicho proceso fue investigado por la Auditoría General de la Nación, en fecha octubre del 2003, a través del Informe 174/2003.

Por todo ello, y constituyendo nuestro deber como legisladores velar por el destino de los bienes del Estado, y por un sistema de transporte ferroviario al servicio de los ciudadanos, es que pongo este proyecto a disposición de mis pares solicitando su apoyo.