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PROYECTO DE TP
Expediente 0686-D-2012
Sumario: RECHAZAR EL ACTA ACUERDO ENTRE EL ESTADO NACIONAL Y LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES SOBRE LA TRANSFERENCIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE SUBTERRANEO Y PREMETRO, CELEBRADA EL DIA 3 DE ENERO DE 2012.
Fecha: 13/03/2012
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 8
El Senado y Cámara de Diputados...
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Rechácese el acta acuerdo
celebrada el 3 de enero de 2012 entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sobre la transferencia de los servicios de transporte subterráneo
y premetro.
Artículo 2°.- Encomiéndese al Poder
Ejecutivo Nacional la suscripción de los actos jurídicos necesarios para la
transferencia de los servicios de transporte subterráneo y premetro, en conjunto
con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando
corresponda.
Dicha transferencia deberá hacerse
efectiva, en forma gradual, conforme las pautas que se enumeran en el Anexo,
dentro del término de ciento ochenta (180) días contados a partir de la
promulgación de la presente ley.
Artículo 3°.- A efectos del cumplimiento
del artículo 2°, confórmese una mesa de diálogo institucional para la transferencia
del servicio de transporte subterráneo y premetro, integrada por representantes
del Poder Ejecutivo Nacional, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la empresa concesionaria, los trabajadores/as y las asociaciones de
usuarios y consumidores.
Artículo 4°.- La Comisión Bicameral
"Ciudad de Buenos Aires", creada por artículo 15° de la Ley 24.588, realizará el
seguimiento y control del proceso de transferencia de los servicios de transporte
subterráneo y premetro.
Artículo 5°.- Comuníquese, etc.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas semanas, se agudizó el
enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Jefe de Gobierno porteño,
en torno al traspaso del subterráneo y premetro a la Ciudad, en un marco de
acusaciones mediáticas cruzadas, que primero trasladaron al ámbito judicial y
ahora pretenden llevar al escenario parlamentario, incapaces de afrontar un
diálogo político-institucional que pueda destrabar la difícil situación de inestabilidad
jurídica y operativa en la que quedó inmersa la prestación de este servicio público.
En la Ciudad de Buenos Aires,
funcionan seis líneas de subterráneo y una de premetro que se trasladan por una
red de más de cien kilómetros de longitud, toda dentro del territorio porteño.
Por esa red viajan diariamente un
promedio de 1.400.000 pasajeros, que representan aproximadamente el 11,3% de
los usuarios del transporte público en la Ciudad.
En el marco de la Ley 23.696 de
Reforma del Estado, en el año 1993, el Estado Nacional concesionó el servicio a
la empresa Metrovías S.A., cuya titularidad corresponde al Grupo Roggio, un
holding diversificado y consolidado que creció de manera significativa de la mano
de la obra pública y las privatizaciones de los servicios públicos llevadas adelante
durante los '90.
Curiosamente, ese contrato de
concesión dispuso que la entonces Municipalidad de Buenos Aires fuera la
autoridad de aplicación en relación al subterráneo y premetro, algo que en la
práctica nunca se concretó, en tanto continuaron dependiendo del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos de la Nación.
Cuando en 1999, se llevó adelante
la renegociación de esta concesión, el Poder Ejecutivo Nacional instruyó a ese
Ministerio para la realización de los actos necesarios a efectos de la
instrumentación de la transferencia del control de subterráneo y premetro.
Un año más tarde, la Legislatura de la
Ciudad sancionó la Ley 373, como una muestra de voluntad de adherir a esa
transferencia. Pero tampoco se efectivizó y la fiscalización, igual que el
mantenimiento de la red y la política de subsidios, continuaron por más de una
década, en manos del Gobierno Nacional y la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte (CNRT).
A comienzos de noviembre de 2011, en
conferencia de prensa, los Ministros Amado Boudou y Julio De Vido, anunciaron -
en el marco de un plan de recorte a los subsidios a los servicios públicos recibidos
por empresas y usuarios particulares - la intención del Gobierno Nacional de
traspasar a la Ciudad, la concesión del subterráneo y premetro.
Fue el inicio del camino que llevó a la
suscripción del acta-acuerdo del 3 de enero de 2012, entre el Gobierno Nacional y
el de la Ciudad.
En esa acta, la Ciudad ratificaba su
decisión de aceptar la transferencia de la concesión y asumía en ese mismo acto,
el control y fiscalización del contrato, así como el íntegro ejercicio de la potestad
tarifaria, incluyendo la facultad de establecer el valor del boleto en forma unilateral.
Por su parte, la Nación se comprometía
a pagar el cincuenta por ciento (50%) del subsidio correspondiente al año 2012, en
el orden de los $ 360.000.000.
En la misma, los firmantes se
otorgaban un plazo de noventa (90) días para la elevación de los proyectos
correspondientes a los actos jurídicos que fuera necesario suscribir para la
formalización de las demás cuestiones legales, económicas y administrativas.
Planteado en estos términos, el
acuerdo firmado abona a una visión economicista de los servicios públicos que
enfatiza en la cuestión del aumento de las tarifas y el recorte del subsidio, sin
mencionar ni una sola vez la palabra inversión.
En la misma dirección, retoma la lógica
menemista de la "descentralización" educativa y sanitaria a las Provincias,
pretendiendo que la Ciudad se haga cargo de la concesión del subterráneo y
premetro, sin la reasignación de los fondos necesarios para solventar esas
funciones.
Ocurre que, atendiendo a sus apremios
financieros y fiscales, el Poder Ejecutivo Nacional instaló el traspaso del
subterráneo y premetro como parte de la agenda del recorte del gasto público;
reflotando el falaz discurso federalista referido a la "injusticia" de sostener con
fondos nacionales un servicio que sólo utilizan los porteños, dirigido a alimentar
viejas confrontaciones y el antagonismo.
Por su parte, el Jefe de Gobierno que
tenía la responsabilidad de llevar la discusión al terreno del avance de la
autonomía de la Ciudad, fue funcional a esa estrategia y terminó aceptando un
acta vergonzosa que pretende dar por concluida una compleja transferencia, a
través de cinco artículos sin definiciones significativas en cuanto a la calidad del
servicio.
La tragedia ferroviaria ocurrida en la
Estación de Once que puso en blanco sobre negro, las terribles condiciones en las
que viajan los millones de usuarios del transporte público en el Área Metropolitana,
fue un punto de inflexión en el avance del proceso de transferencia del
subterráneo y premetro.
El retiro de la Policía Federal de las
estaciones, anunciado por la Ministra de Seguridad Nilda Garré, fue la excusa que
usó el Jefe de Gobierno para rechazar el traspaso vía conferencia de prensa; aún
cuando ya había dispuesto un aumento de la tarifa.
Una decisión que sostuvo y llevó a la
Justicia, argumentando el mal estado del servicio como consecuencia del
incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo Nacional del Programa de Obras,
Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, al que se había obligado
mediante el Decreto Nº 1683/2005.
Como si Mauricio Macri no estuviera a
cargo de la gestión de la Ciudad hace ya más de cuatro años; como si él mismo
hubiera cumplido las inversiones que estaban a su cargo - largamente demoradas
- para la ampliación de la red; como si pudiera no saber de las pocas frecuencias,
las demoras, las medidas de fuerza de los trabajadores/as, el ruido, los coches
sucios y viejos, las condiciones de hacinamiento y el calor, el accionar de
punguistas y abusadores, que son moneda corriente en el subterráneo de Buenos
Aires.
La respuesta de la Presidenta de la
Nación, remitiendo un proyecto de ley para ratificar esa acta y redoblar la apuesta
incluyendo el traspaso del transporte automotor de pasajeros - también sin los
correspondientes recursos - no ha hecho otra cosa que profundizar este grave
conflicto interjurisdiccional que tiene en vilo al conjunto de la sociedad.
Salta a la vista que el objetivo no es
traer soluciones, sino fortalecer la posición oficial obteniendo un aval
parlamentario, a partir de las amplias mayorías con las que cuenta el oficialismo
en ambas Cámaras.
Desde nuestras bancas, siempre
hemos propiciado el debate de la autonomía porteña en el seno del Congreso
Nacional y no vamos a renunciar a llevarlo adelante, aunque haya quienes
pretendan limitarlo y desnaturalizarlo.
Por eso, venimos a presentar esta
iniciativa que propone dar cumplimiento a la transferencia del servicio de
subterráneo y premetro, pero en el marco de una propuesta seria que respete lo
dispuesto por la Constitución Nacional, atendiendo al carácter autónomo de la
Ciudad de Buenos Aires y priorizando los derechos de los usuarios.
En primer término, se plantea el
rechazo del acta antes mencionada, por considerarla flagrantemente violatoria del
artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional, toda vez que - a través de la
misma - el Gobierno Nacional sólo se compromete a transferir parcialmente y sólo
por un año, una parte de los fondos que utiliza para el sostenimiento del servicio.
No obstante, ratificamos que es la
Ciudad de Buenos Aires quien debe hacerse cargo del servicio de subterráneo y
premetro, pero a partir de un traspaso gradual que respete determinadas
condiciones.
Para llevarlo adelante, impulsamos la
conformación de una mesa de diálogo institucional que permita incorporar a todos
los actores involucrados en el desarrollo del proceso, integrando al Gobierno
Nacional, el Gobierno porteño, la empresa concesionaria, los representantes de
los usuarios y los trabajadores/as del subte; todo bajo el seguimiento y control de
la Comisión Bicameral "Ciudad de Buenos Aires", creada por Ley 24.588.
En cuanto a las condiciones, están
expresadas a partir del detalle de cuatro pautas referidas a la responsabilidad de
instrumentación de los planes de inversiones actualmente a cargo de los
Gobiernos Nacional y de la Ciudad, el traspaso de los recursos, la fijación de
tarifas y el servicio de seguridad pública en la red.
Con referencia a las inversiones, se
fija un plazo para que el Gobierno Nacional cumpla con el Programa de Obras que
se impuso a sí mismo hace ya siete años, a fin de entregar el subterráneo a la
Ciudad en un estado aceptable de funcionamiento.
Asimismo, también le exigimos al
Gobierno de la Ciudad, la programación y debido cumplimiento del plan de
ampliación a su cargo, disponiendo que, además, será responsable de las nuevas
inversiones.
Respecto al traspaso de los recursos
debemos considerar que los fondos que hoy la Nación destina a solventar el
funcionamiento del subterráneo y premetro, incluyen tanto un subsidio para la
operación del sistema, como los montos correspondientes para financiar las
inversiones y los gastos administrativos que demanda el ejercicio de las funciones
de control.
Para sostener esos gastos,
sostenemos que el mecanismo para garantizar la reasignación de recursos sea de
carácter permanente, a través del incremento del porcentaje que recibe la Ciudad
de los fondos coparticipables que le corresponden a la Nación y no atarlo a los
plazos de la actual concesión.
En cuanto a la fijación del
nuevo valor del boleto, proponemos imponer al Gobierno porteño que sea acorde
al nivel tarifario de trenes y colectivos del área metropolitana y se cumplan con
todos los pasos previstos que incluyen la convocatoria a una audiencia
pública.
Finalmente, en torno a la seguridad en
la red de subterráneo, ponemos en cabeza del Gobierno Nacional la realización de
las erogaciones que demanden los servicios prestados por la Policía Federal
Argentina, hasta tanto se efectivice el traspaso de la Superintendencia de
Seguridad Metropolitana a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto, y con el firme
objetivo de plantear una clara propuesta alternativa frente a aquellos que, con una
mirada de cortísimo plazo, han demostrado un profundo desprecio por la vida y
seguridad de las personas, venimos a solicitar la aprobación de este proyecto.
ANEXO
Pautas para la transferencia de los servicios de transporte subterráneo y premetro
Inversiones
El Gobierno Nacional concluirá, dentro
del plazo máximo de tres (3) años contados a partir de la fecha de promulgación
de la presente ley, el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición
de Bienes, previsto en el Decreto 1683/2005 y normas complementarias.
Asimismo, exigirá al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cumplimiento de un cronograma de las
obras de ampliación de la red que se encuentran demoradas.
Traspaso de recursos
El Gobierno Nacional modificará la
participación que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
aplicación del artículo 8° de la Ley N° 23.548, elevando al uno coma setenta por
ciento (1,70%) el coeficiente establecido por el artículo 1° del Decreto 705/2003.
Tarifas
Para la determinación del monto que
los usuarios pagan como contraprestación del servicio de transporte subterráneo y
premetro, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá considerar
el cuadro tarifario de los servicios de transporte público en el Área Metropolitana y
dar estricto cumplimiento, con carácter previo, a las instancias de participación
ciudadana previstas en el marco normativo vigente.
Seguridad
El Gobierno Nacional tendrá a su cargo
las erogaciones que demanden los servicios de policía adicional prestados por la
Policía Federal Argentina en la red de transporte subterráneo y premetro, hasta
tanto se efectivice el traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| CORTINA, ROY | CIUDAD de BUENOS AIRES | PARTIDO SOCIALISTA |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| ASUNTOS MUNICIPALES (Primera Competencia) |
| TRANSPORTES |
| PETICIONES, PODERES Y REGLAMENTO |
| PRESUPUESTO Y HACIENDA |
Trámite
| Cámara | Movimiento | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Diputados | REPRODUCIDO POR EXPEDIENTE 2755-D-14 |