La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos correspondientes, disponga las medidas necesarias para la instalación de una oficina de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte -CNRT- en la provincia de San Luis.

Señor presidente:

El 19 de diciembre de 2006, el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Villa Mercedes, Provincia de San Luis, ha realizado mediante la Comunicación Nro. 2329-C/06, formal pedido a las autoridades nacionales de instalar en dicha Provincia una oficina de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

La solicitud, dirigida al Ministerio de Planificación Federal, Inversiones Públicas y Servicios, se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Nacional de Discapacidad Nro. 22.431 y sus normas modificatorias, Ley Nro. 25.635 y Decreto Nacional Nro. 38/2004, por las que se establece que las empresas de transporte terrestre, sometidas al control de la autoridad nacional, tienen el deber de transportar de manera gratuita a las personas con capacidades diferentes, fuere cual fuere el motivo del viaje, con el propósito de incentivar la integración a nuestra sociedad.

El mencionado pedido ha sido desoído por el Poder Ejecutivo Nacional, pese a la importancia que reviste para la ciudadanía de la Provincia de San Luis.

Es por ello que se reiteró el pedido mediante el Proyecto de Comunicación Nro. 2378- C/2007 del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Villa Mercedes, Provincia de San Luis.

Sin embargo, a la fecha, el Poder Ejecutivo Nacional no se ha expedido al respecto.

Sr. Presidente, es altísimo el porcentaje de beneficiarios de la Ley Nro. 22.431 y modificatorias que son discriminados, debido a que cuando concurren a solicitar los pasajes las empresas de transporte de larga distancia les responden que se "encuentra cumplido el cupo", cuando las mencionadas normas no establecen cupos de ningún tipo.

Actitudes como la expuesta, se deben principalmente a la falta de control por parte de las autoridades nacionales, y ello se debe a que el único ente estatal con competencia en la materia y facultades sancionatorias, no ejerce dicha competencia en la Provincia de San Luis por falta de delegación.

Esta omisión en el ejercicio de facultades que son propias al Poder Ejecutivo Nacional, afectan gravemente a quienes más lo necesitan, sumiéndolos en un estado de indefensión y discriminación que alteran el espíritu de las normas protectoras.

Es por ello, que solicito a mis pares, acompañen el presente proyecto de resolución.