La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Constitúyase la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior, dispuesta en el artículo 33 de la ley de Seguridad Interior Nº 24.059.

Señor presidente:

Con la sanción y promulgación en 1992 de la Ley 24.059, Ley de Seguridad Interior, se dispuso la creación de una comisión en el ámbito legislativo con el objeto de controlar y fiscalizar el funcionamiento de los integrantes del sistema de Seguridad Interior y los órganos de inteligencia, y el cumplimiento de esa ley. Esta fue la llamada "Comisión Bicameral de Fiscalización de los órganos y actividades de seguridad interior e inteligencia" (art. 33), que fue conformada e integrada durante años.

Con la sanción en 2001 de la ley 25.520, Ley de Inteligencia Nacional (que regula las actividades y el sistema de inteligencia de modo separado al de seguridad interior), se modificó el art. 33, reemplazando la Comisión anterior por la "Comisión Bicameral de Fiscalización de los órganos de Seguridad interior" (CBDOSI). No sólo fue un cambio de nomenclatura, sino también de competencias. La nueva Comisión de la ley 24.059 quedó únicamente destinada a fiscalizar los órganos de Seguridad Interior, y mantuvo el resto de sus funciones y competencias.

Sin embargo, desde 2001, si bien se ha conformado la "Comisión Bicameral Permanente De Fiscalización De Los Organismos Y Actividades De Inteligencia" (creada por la ley 25.520), no ha sucedido lo mismo con la Comisión Bicameral de Fiscalización de los órganos de Seguridad interior. A día de hoy, ésta permanece con sus dieciséis puestos vacantes y sin perspectivas de conformarse pronto.

El vacío que deja la falta de esta Comisión Bicameral es profundo, toda vez que se trata del método de control que tiene el Poder Legislativo para hacer un seguimiento de qué sucede con los órganos que se encargan de la Seguridad Interior, y el grado de respeto que sus actividades tienen para con la Constitución Nacional y los tratados de Derechos Humanos que forman parte de ella.

Así lo dispone el art. 35 de la ley 24.059: "La comisión verificará que el funcionamiento de los órganos y organismos referidos en el artículo 33, se ajuste estrictamente a lo preceptuado en las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, constatando la estricta observancia y respeto de las garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional, así como de las disposiciones contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos denominada "Pacto de San José de Costa Rica", incorporada a nuestro ordenamiento legal por ley 23.054."

En resumidas cuentas, frente a la ausencia de esta Comisión Bicameral, no hay control alguno por parte de los representantes del pueblo de lo que hacen y dejan de hacer los entes encargados de velar por la seguridad del país y de la sociedad. Y la falta de control deja totalmente desamparada la protección de las garantías individuales que el Poder Legislativo estaba llamado a realizar.

Esto se evidencia claramente en hechos como los que tomaron estado público y notorio recientemente con la base de datos llamada "Proyecto X", y la noticia de que las pericias informáticas realizadas sobre computadoras secuestradas a Gendarmería Nacional descubrieron que "Proyecto X" almacenaba datos de diligentes sindicales y sociales, así como de otros muchos actores sociales (3) (2) (1) , obtenidos y guardados en total infracción a la ley 25.520 en cuanto a actividades de Inteligencia .

Es decir que un cuerpo de seguridad, cuyo funcionamiento y acciones deberían haber sido controladas, seguidas y fiscalizadas por el Poder Legislativo a través de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los órganos de Seguridad interior, realizó actividades de espionaje en infracción a los principios de Inteligencia y violó con ello innumerables derechos humanos de ciudadanos a los que, por su función intrínseca, debería haber protegido de cualquier afectación a sus derechos reconocidos.

Frente a esto, es tarea del Poder Judicial encontrar a los responsables de esas infracciones y buscar la justicia que corresponde a los hechos ya acaecidos. Y ya no sirve preguntarse los motivos por los cuales sucesivas mayorías absolutas parlamentarias, autodenominadas defensoras de los Derechos Humanos, no han prestado atención ni tenido interés en este tema . Es tarea, deber y obligación del Poder Legislativo paliar de una vez por todas esta vergonzosa omisión arrastrada a lo largo de tantos períodos legislativos, y llamar a la conformación inmediata de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los órganos de Seguridad Interior. Sólo así se podrá empezar a cumplir, por fin, con la misión de salvaguarda de las garantías individuales a través del control que nos, los representantes del pueblo, estamos llamados a realizar.

Por ello, pido a nuestros colegas me acompañen en este proyecto de resolución.