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PROYECTO DE TP
Expediente 0668-D-2013
Sumario: CREACION DE LA POLICIA DEMOCRATICA NACIONAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, QUE EN ADELANTE REEMPLAZARA EN SUS FUNCIONES A LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA; DEROGACION DEL DECRETO-LEY 3335/58.
Fecha: 12/03/2013
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 8
El Senado y Cámara de Diputados...
CREACION DE LA POLICIA
DEMOCRATICA NACIONAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, QUE EN
ADELANTE REEMPLAZARÁ EN SUS FUNCIONES A LA POLICÍA FEDERAL
ARGENTINA.
CAPITULO I
Artículo 1.- La presente Ley tiene como
objeto establecer los principios, bases jurídicas e institucionales de la Policía
Democrática Nacional de la República Argentina, que en adelante reemplazará en sus
funciones a la Policía Federal Argentina.
Artículo 2.- La Policía Democrática
Nacional de la República Argentina, en adelante la Policía Democrática, es una
institución policial civil, armada, jerárquica y de carácter profesional, con jurisdicción en
todo el territorio nacional, que depende política, institucional y estratégicamente del
Ministerio que tenga a cargo la Seguridad Pública y Ciudadana de la Nación.
Artículo 3.- La función policial constituye un
servicio público cuya finalidad es la promoción de la seguridad pública y ciudadana
entendida como la situación de hecho política, social, jurídica e institucional en el que
todas las personas tienen efectivamente garantizado el pleno goce y ejercicio de los
derechos, libertades y garantías emanados de la Constitución Nacional y los
instrumentos internacionales de protección de derechos humanos.
CAPITULO II
PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN
DE LA POLICÍA NACIONAL
Artículo 4.- El personal policial deberá
adecuar su conducta, durante el desempeño de sus funciones, al cumplimiento, en
todo momento, de los deberes legales y reglamentarios vigentes, realizando una
actividad cuyo fin será garantizar la seguridad pública y ciudadana, actuando con el
grado de responsabilidad y ética profesional que su función exige y teniendo como
única meta la preservación y protección de la libertad y los derechos de las
personas.
Artículo 5.- Durante el desempeño de sus
funciones, el personal policial deberá garantizar la plena vigencia de los siguientes
principios básicos de actuación:
1. El principio de legalidad, por medio del
cual el personal policial debe adecuar sus conductas y prácticas a las normas
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes así como a los tratados
internacionales en materia de derechos humanos ratificados por la jurisdicción, en
particular, el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la
Ley y los Principios de las Naciones Unidas sobre el Uso de la Fuerza y Armas de
Fuego.
2. El principio de oportunidad, a través del
cual el personal policial debe evitar todo tipo de actuación funcional innecesaria
cuando no medie una situación objetiva de riesgo o peligro que vulnere la vida, la
libertad u otros derechos fundamentales de las personas.
3. El principio de razonabilidad, mediante el
cual el personal policial debe evitar todo tipo de actuación funcional que resulte
abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las
personas, escogiendo las modalidades de intervención adecuadas a la situación
objetiva de riesgo o peligro existente y procurando la utilización de los medios
apropiados a esos efectos.
4. El principio de gradualidad, por medio
del cual el personal policial debe privilegiar las tareas y el proceder preventivo y
disuasivo antes que el uso efectivo de la fuerza, procurando siempre preservar la vida
y la libertad de las personas en resguardo de la seguridad pública. A tal efecto utilizará
la fuerza en la medida estrictamente necesaria, adecuada a la resistencia del infractor
y siempre que no le infligiera un daño excesivamente superior al que se quiere hacer
cesar.
Artículo 6.- Durante el desempeño de sus
funciones, el personal policial deberá adecuar su conducta a los siguientes preceptos
generales:
1. Asegurar la plena protección de la
integridad física, psíquica y moral de las personas bajo su cuidado o custodia.
2. No infligir, instigar o tolerar ningún acto
de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un
superior o cualquier tipo de circunstancias especiales o situación de emergencia
pública para justificar la comisión de delitos contra la vida, la libertad o la integridad de
las personas.
3. No cometer, instigar o tolerar ningún acto
de corrupción que supongan abuso de autoridad o exceso en el desempeño de sus
funciones y labores, persigan o no fines lucrativos, o consistan en uso indebido o
excesivo de la fuerza, abuso verbal o mera descortesía.
4. Mantener en reserva las cuestiones de
carácter confidencial, particularmente las referidas al honor, la vida y los intereses
privados de las personas, de que tuvieran conocimiento, a menos que el cumplimiento
de sus funciones o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario.
5. Recurrir al uso de armas de fuego
solamente en caso de legítima defensa, propia o de terceros y/o situaciones de estado
de necesidad en las que exista peligro grave, inminente y actual para la vida de las
personas protegidas, o para evitar la comisión de un delito que entrañe ese mismo
peligro, debiendo obrar de modo de reducir al mínimo los posibles daños y lesiones a
terceros ajenos a la situación.
6. Cuando exista riesgo de afectar la vida
humana o la integridad física de las personas, anteponer la preservación de dicho bien
al éxito de la actuación del servicio en el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 7.- El personal policial no guardará
deber de obediencia cuando la orden de servicio impartida sea manifiestamente
ilegítima y/o ilegal, o su ejecución configure o pueda configurar delito, o cuando
provenga de autoridades no constituidas de acuerdo con los principios y normas
contenidos en la Constitución Nacional.
Si el contenido de la orden de servicio
implicase la comisión de una falta disciplinaria, el subordinado deberá formular la
objeción siempre que la urgencia de la situación lo permita.
Artículo 8.- En ningún caso, el personal de
la Policía Democrática, en el marco de las acciones y actividades propias de sus
misiones y funciones, podrá:
1. Inducir a terceros a la comisión de actos
delictivos, en especial aquellos que afecten la libertad, vida e integridad de la
personas, o que afecten su intimidad y privacidad.
2. Obtener información o almacenar datos
sobre personas, por el solo hecho de su etnia, fe religiosa, orientación sexual,
acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones
partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o
laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de
acción.
3. Influir de cualquier modo en la situación
institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política
exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la
opinión pública, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de
cualquier tipo.
Artículo 9.- El personal policial podrá portar
y hacer uso del armamento reglamentario exclusivamente en el desempeño de sus
funciones y solamente durante el horario de servicio, siempre que el desarrollo de
estas deba suponer inevitablemente la portación y eventual utilización del tipo de
armamento que las reglamentaciones establezcan. En ese caso, sólo podrá hacer uso
del armamento reglamentario provisto u homologado por la institución, no pudiendo
portar ni utilizar otro tipo de armamento no autorizado por la misma.
Artículo 10.- El personal policial comunicará
inmediatamente a la autoridad judicial competente los delitos de acción pública que
llegaren a su conocimiento durante el desempeño de sus funciones.
CAPITULO III
FUNCIONES, FACULTADES Y CÓDIGO
DE CONDUCTA
Artículo 11.- Las funciones de la Policía
Democrática son las siguientes:
1. Desarrollar las acciones tácticas-
operativas tendientes a la prevención, conjuración e investigación de delitos que
resulten competencia de los jueces federales en todo el territorio de la República
Argentina.
2. Recibir denuncias; y, ante el
conocimiento de un hecho delictivo, desarrollar las acciones tendientes a hacerlo
cesar, impedir que acarree consecuencias ulteriores e individualizar a los eventuales
culpables; reunir las pruebas que puedan dar sustento a la acusación e investigarlo, ya
sea de oficio, cuando se trate de un delito de acción pública, por denuncia o por
requerimiento de una autoridad judicial competente, de acuerdo con las normas
procesales penales vigentes.
3. Brindar informes y recibir sugerencias y
propuestas de las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, los Foros
vecinales por la Seguridad Pública y ciudadana.
4. Cumplir con los compromisos previstos
en los convenios internacionales en materia de seguridad pública democrática.
5. Participar en el cumplimiento de las
disposiciones relativas a la protección y conservación de los recursos naturales y del
medio ambiente, la seguridad del patrimonio arqueológico y cultural de la Nación.
6. Garantizar la vigilancia y protección de
personas en eventos y lugares públicos, en coordinación con las entidades estatales
correspondientes.
7. Brindar seguridad al Presidente de la
Republica y demás autoridades nacionales, de los bienes del Estado o afectados a
servicios públicos.
8. Cooperar con la Justicia federal y
provincial para el mejor cumplimiento de la función jurisdiccional, cuando así se le
solicitare.
9. Auxiliar en materia propia de la defensa
civil.
Artículo 12.- Las facultades de la Policía
Democrática son las siguientes
1. Actuar en cualquier lugar del ámbito
nacional en cumplimiento de las misiones y funciones fijadas en la presente ley.
2. Realizar peritajes criminalísticos, técnico-
vehiculares y otros relacionados con sus funciones.
3. Obtener, custodiar, asegurar y procesar
indicios, evidencias y elementos probatorios relacionados con la investigación policial,
poniéndolos oportunamente a disposición de la autoridad competente.
4. Coordinar y cooperar con los organismos
internacionales e instituciones de policía en la prevención y represión de la
delincuencia, de conformidad con los convenios suscritos.
5. Efectuar las detenciones y
aprehensiones en los casos y circunstancias autorizadas por el Código procesal penal
de la Nación. En los supuestos de flagrancia deberá notificarse inmediatamente dicha
circunstancia al juez competente dentro del plazo mínimo que establezca la
legislación.
6. Solicitar informes, documentos,
antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus
misiones y funciones, a cualquier organismo nacional, provincial o municipal, y a
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, en el marco de una investigación
judicial, los que estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les
fije.
7. La Policía Democrática como
representante de la fuerza Pública podrá hacer uso de la misma para el cumplimiento
de sus funciones en la medida que resulte estrictamente necesario y respetando los
principios de actuación policial. Asimismo el personal con estado policial podrá
esgrimir sus armas para asegurar la defensa oportuna de las personas o derechos de
terceros o de los propios.
8. Ejercer las demás atribuciones que le
señalen la Constitución y las leyes.
Artículo 13.- La Policía Democrática podrá:
1. Realizar convenios con las demás
policías nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fines
de cooperación, reciprocidad y ayuda mutua, que faciliten la actuación policial;
2. Intercambiar con las policías nacionales,
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, datos estadísticos, fichas
informes y toda otra diligencia de coordinación que sea conveniente;
3. Mantener relaciones con las policías
extranjeras, especialmente con las de países limítrofes, con fines de cooperación y
coordinación internacional, para la persecución de la delincuencia y en especial de los
delitos de trata de personas, contrabando, narcotráfico, secuestro y cualquier otro
delito complejo.
Artículo 14.- La Policía Democrática no
podrá ser utilizada para ninguna finalidad política partidaria.
Artículo 15.- El personal de la Policía
Democrática en el ejercicio de sus funciones observará y se sujetará a las
recomendaciones del Código de Ética Profesional establecido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas y a la ley nacional de ética pública.
CAPITULO IV
DERECHOS, OBLIGACIONES Y
DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS
Artículo 16.- Son derechos del personal
policial:
1. El respeto y las consideraciones
debidas, que su autoridad le otorga.
2. No cumplir órdenes que constituyan
violación de la Constitución, de las leyes o de los reglamentos que en su consecuencia
se dicten.
3. La formación, capacitación,
especialización y el perfeccionamiento permanente que garanticen su desarrollo y
promoción profesional.
4. La dotación del armamento, vestuario y
equipo que garantice el eficiente cumplimiento de sus funciones en condiciones de
seguridad para su vida e integridad.
5. Las pensiones, remuneraciones y demás
beneficios económicos reconocidos por la ley.
6. La cobertura médica integral por cuenta
del Estado, incluso luego de verificarse secuelas invalidantes permanentes, derecho
que se hace extensivo al cónyuge, a los hijos y los padres del titular.
7. La aceptación por la institución de su
pase al retiro, de acuerdo a la ley.
8. Los demás reconocidos por la
Constitución y las leyes.
9. El derecho a asociarse sindicalmente,
así como también el derecho a participar activamente en el sindicato de conformidad a
los tratados internacionales y la legislación nacional vigente.
Artículo 17.- La presente ley otorga el
derecho a constituir una asociación sindical de ámbito nacional a los trabajadores que
se desempeñan bajo relación de dependencia en la Policía Democrática para la
defensa de sus intereses profesionales.
Artículo 18.- El sindicato de los
trabajadores que se desempeñan, como personal policial o civil, bajo relación de
dependencia en la Policía Democrática se rige por:
1. Los principios de libertad sindical y
protección del derecho de sindicación, según las disposiciones del "Convenio sobre la
libertad sindical y la protección del derecho de sindicación", N. 87, de la Organización
Internacional del Trabajo.
2. Los principios del derecho de sindicación
y de negociación colectiva, según las disposiciones del "Convenio sobre el derecho de
sindicación y de negociación colectiva", N. 98, de la Organización Internacional del
Trabajo.
Artículo 19.- Son obligaciones del personal
policial:
1. Respetar la Constitución, las leyes, los
reglamentos y las órdenes superiores.
2. Sujetar su actuación profesional a los
principios de jerarquía, cumpliendo las órdenes de los superiores en el tiempo, lugar y
modo indicado, salvo que las mismas sean contrarias a la Constitución, las leyes y los
reglamentos.
3. Cumplir sus funciones con imparcialidad,
responsabilidad, diligencia, eficiencia y prontitud, así como ejercerlas con ética
profesional.
4. Informar a toda persona en el momento
de su detención respecto de sus derechos constitucionales y las razones de la
privación de su libertad, tratándola con el debido respeto.
5. Comportarse con honorabilidad y
dignidad en su vida pública y privada, conservando incólume el prestigio
institucional.
6. Los demás establecidas por ley o
reglamentos.
Artículo 20.- El personal policial que ejerce
comando en un cuadro de Oficiales Supervisores y un cuadro de Oficiales Superiores
de Conducción está obligado a presentar anualmente su Declaración Jurada de
Bienes y Rentas ante la Comisión Nacional de Ética Pública.
CAPITULO V
CONTROL POLICIAL
Artículo 21.- El Poder Legislativo Nacional
establecerá el Régimen Disciplinario Policial, el que contendrá:
1. La tipificación de las faltas disciplinarias
leves y graves que pudiera cometer el personal policial durante el desempeño de sus
funciones a través de la violación de los deberes y obligaciones establecidos en la
presente ley y en las reglamentaciones y disposiciones derivadas de ella.
2. Las sanciones administrativas
correspondientes a dichas faltas.
Artículo 22.- Créase, en el ámbito del
Ministerio que tenga a cargo la Seguridad Pública y Ciudadana de la Nación, la
Dirección de Control Policial integrada por la Auditoria de Asuntos Internos y el
Tribunal de Disciplina Policial.
La Dirección de Control Policial dependerá
en forma directa del Ministro que tenga a cargo la Seguridad Pública y Ciudadana de
la Nación y estará dirigida por un funcionario civil sin estado policial. Dicho funcionario
será designado por el titular del Poder Ejecutivo Nacional.
Artículo 23.- La Auditoria de Asuntos
Internos tiene como funciones:
1. Prevenir las conductas del personal
policial que pudiesen constituir faltas disciplinarias mediante el desarrollo de
programas de formación y capacitación policial así como de procedimientos de
auditoría e inspecciones preventivas.
2. Identificar la conducta del personal
policial que pudiese constituir falta disciplinaria y que por su magnitud y trascendencia
afecte a terceros, a la institución y al resto del personal policial.
3. Instruir el sumario administrativo
correspondiente e investigar la falta disciplinaria, colectando pruebas, comprobando
los hechos y las circunstancias tendientes a calificarlas, e individualizando al
responsable de la misma.
4. Acusar al personal policial responsable
de la falta disciplinaria que fuera constatada ante el Tribunal de Disciplina Policial a los
efectos de su juzgamiento administrativo.
5. Denunciar ante la autoridad judicial
competente en forma inmediata los delitos cometidos por el personal policial que
fuesen conocidos en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 24.- La Auditoria de Asuntos
Internos será dirigida por un funcionario civil sin estado policial designado por el
Ministro que tenga a su cargo la Seguridad Pública y ciudadana de la Nación.
El Ministro que tenga a su cargo la
Seguridad Pública y ciudadana de la Nación establecerá su organización y su
funcionamiento, y la dotará con personal civil idóneo para el cumplimiento de sus
funciones.
Artículo 25.- El personal policial integrante
de la Policía Nacional se encuentra sometido al control de la Auditoria de Asuntos
Internos durante el desempeño de sus funciones y tiene la obligación de evacuar los
informes que le fuesen requeridos y de prestar la colaboración debida para el eficaz
cumplimiento de su cometido.
Artículo 26.- El Tribunal de Disciplina
Policial tiene como funciones:
1. Juzgar administrativamente al personal
policial acusado por la Auditoria de Asuntos Internos de ser responsable de la
comisión de falta disciplinaria, asegurando el carácter contradictorio del proceso y la
debida defensa del imputado a lo largo del proceso.
2. Aplicar al personal policial responsable
de la comisión de falta disciplinaria las sanciones administrativas que correspondiere,
de acuerdo con el Régimen Disciplinario Policial.
3. Denunciar ante la autoridad judicial
competente en forma inmediata los delitos cometidos por el personal policial que
fuesen conocidos en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 27.- El Tribunal de Disciplina
Policial estará integrado por tres miembros con título de abogado y sin estado policial,
designados por el titular del Poder Ejecutivo Nacional.
El Ministro que tenga a su cargo la
Seguridad Pública y ciudadana de la Nación establecerá su organización y su
funcionamiento, y lo dotará con personal civil idóneo para el cumplimiento de sus
funciones.
Artículo 28.- El personal policial acusado
por la Auditoria de Asuntos Internos de ser responsable de la comisión de falta
disciplinaria tendrá derecho a la debida defensa en juicio durante el proceso.
CAPITULO VI
CONFORMACIÓN DE LA POLICÍA
DEMOCRÁTICA
Artículo 29.- El ingreso al primer grado del
escalafón de la Policía Democrática deberá producirse por:
1. Egreso de los institutos oficiales de
formación policial de la Policía Democrática.
2. Egreso de las universidades o institutos
de enseñanza superior, nacionales, provinciales y previa aprobación de las actividades
de formación y exámenes que al efecto deberán rendir los aspirantes ante la autoridad
de aplicación, la que fijará los cupos para cada año y organizará la forma de las
pruebas de aptitud, determinará su contenido y designará a los evaluadores.
Artículo 30.- Sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo anterior, también se podrá ingresar en forma directa en los grados
intermedios del escalafón de la Policía Democrática siempre que se acrediten
antecedentes destacados para ello a través de la acreditación de los conocimientos
específicos, mediante los respectivos títulos habilitantes, que hacen a la carrera
policial a la que se aspira a acceder.
En forma previa al ingreso se deberá
aprobar un examen de aptitud en la forma y con los requisitos que establezca la
reglamentación.
Artículo 31.-Son requisitos para ser
miembro de la Policía Democrática:
1. Ser ciudadano nativo o por opción.
2. Poseer, al momento de ingreso, la
mayoría de edad.
3. Acreditar aptitud psicofísica compatible
con la función y tarea a desarrollar.
4. Declarar bajo juramento cumplir y hacer
cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la República.
5. Acreditar una conducta pública
adecuada al ejercicio de la función pública y a la función específica que reglamenta la
presente ley.
6. No encontrarse bajo proceso judicial al
momento del ingreso.
7. Aprobar los programas y requisitos de
formación y capacitación que establezca la Policía Democrática.
8. Cumplir con las condiciones fijadas por
la presente ley y sus normas reglamentarias.
Artículo 32.- Sin perjuicio de lo prescripto
por el artículo anterior, no podrán desempeñarse como miembros de la Policía
Democrática las siguientes personas:
1. Quienes hayan incurrido en actos de
fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, aún cuando se hubieren
beneficiado por un indulto o condonación de la pena.
2. Quienes registren antecedentes por
violación a los derechos humanos, según se establezca en los archivos de cualquier
organismo o dependencia pública.
3 Personas respecto de las cuales existan
prueba suficiente de haber participado en graves violaciones a los derechos
humanos.
4. Quienes hayan sido condenados por
delito doloso de cualquier índole y quienes tengan proceso penal pendiente, que
pueda dar lugar a condena por delitos dolosos.
5. Quienes se encuentren inhabilitados
para el ejercicio de cargos públicos.
6. Quienes hayan sido sancionados con
exoneración o cesantía en la Administración pública nacional, provincial o
municipal.
7. Quienes se encontraren incluidos en
otras inhabilitaciones propias de la Policía Democrática, de acuerdo a lo que
establezca la reglamentación de la presente ley.
8. Quienes hayan sido sancionados con
destitución o sanción equivalente en las Fuerzas Armadas o en las instituciones
policiales o de seguridad, u organismos de inteligencia nacionales.
Artículo 33.- Las designaciones efectuadas
en violación a lo dispuesto en el artículo anterior, o de cualquier otra norma vigente,
podrán ser declaradas nulas cualquiera sea el tiempo transcurrido, sin perjuicio de la
validez de los actos y de las prestaciones cumplidas durante el ejercicio de sus
funciones.
CAPITULO VII
ESTADO POLICIAL
Artículo 34.- El estado policial comprende
el desempeño efectivo y excluyente de las tareas de prevención, investigación,
disuasión y/o uso efectivo de la fuerza durante el cumplimiento de la jornada laboral.
Su ejercicio implica el conjunto de derechos, deberes y prohibiciones que de acuerdo
con esta Ley tiene el personal policial.
Artículo 35.- El personal policial de la
Policía Democrática no podrá desarrollar las funciones propias de la gestión
administrativa, la dirección de los recursos humanos, la gestión económica, contable,
presupuestaria y patrimonial, la gerencia logística e infraestructural, la asistencia y
asesoramiento jurídico-legal, las relaciones institucionales y cualquier otra función no
policial, las que serán desarrolladas por personal civil.
CAPITULO VIII
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Artículo 36.- La formación y capacitación
del personal policial de la Policía Democrática deberá garantizar:
1. El desarrollo de las aptitudes y valores
necesarios para el ejercicio responsable de las funciones y labores asignadas, con
conciencia ética, solidaria, reflexiva y crítica.
2. La propensión a un aprovechamiento
integral de los recursos humanos y materiales existentes y asignados.
3. El incremento y diversificación de las
oportunidades de actualización, perfeccionamiento y reconversión del personal policial
de la Policía Democrática.
4. El logro de la formación y capacitación
especializada, científica y técnica general, procurando siempre el contenido
humanístico, sociológico y ético de la misma.
CAPITULO IX
PROMOCIONES Y ASCENSOS
Artículo 37.- La promoción y ascenso a un
grado jerárquico superior dentro de la carrera profesional deberá ajustarse a los
siguientes requisitos:
1. La disponibilidad de vacantes en el
grado jerárquico al que se aspira.
2. La acreditación de los conocimientos
profesionales requeridos para el desempeño de las funciones o los cargos orgánicos
correspondientes al grado jerárquico a cubrir.
3. La aprobación de los cursos de ascenso
o nivelación que determine la reglamentación.
4. La declaración de aptitud profesional
establecida por un Comité de Evaluación conformado según la reglamentación de la
presente ley.
Artículo 38.- La prioridad para el ascenso
entre dos o más aspirantes a un mismo grado jerárquico superior estará dada por los
parámetros que se indican a continuación y en el siguiente orden:
1. El mayor puntaje obtenido en los cursos
de ascenso o nivelación, teniendo especial consideración el título universitario o
terciario obtenido que estuviera relacionado con dichas funciones o cargos.
2. La mejor calificación de aptitud
profesional establecida por el Comité de Evaluación.
3. La mayor antigüedad en el grado
jerárquico.
Sin perjuicio de las promociones y
ascensos regulares, podrán determinarse promociones y ascensos del personal
policial que se distinguiese en actos de servicios debidamente acreditados, o falleciera
a consecuencia de éstos, conforme lo establezca la reglamentación.
Artículo 39.- A los efectos de acceder a los
dos últimos grados jerárquicos de la carrera profesional o a los cargos orgánicos
correspondientes a dichos grados jerárquicos será requisito ineludible poseer título
universitario acorde con las funciones, salvo las excepciones establecidas en la
reglamentación.
Artículo 40.- En ningún caso se requerirá la
permanencia de un tiempo mínimo en el grado jerárquico para poder ascender al
grado jerárquico inmediato superior.
CAPITULO X
RÉGIMEN PROFESIONAL
Artículo 41.- El régimen profesional del
personal de la Policía Democrática se basa en los principios de profesionalización,
idoneidad y eficiencia funcional, atendiendo a la satisfacción plena de las acciones
tendientes a resguardar y garantizar la seguridad pública democrática.
CAPITULO XI
ORGANIZACIÓN
Artículo 42.- La organización de la Policía
Democrática se establecerá sobre la base de la conformación de las siguientes
instancias orgánico-funcionales:
1. La policía preventiva conformada por las
diferentes dependencias y unidades de la institución abocadas a la seguridad
preventiva.
2. La policía judicial conformada por las
diferentes dependencias y unidades de la institución abocadas a las tareas de la
investigación judicial.
Artículo 43.- El Ministro que tenga a su
cargo la Seguridad pública y ciudadana de la Nación, establecerá en todo el territorio
nacional, diferentes Unidades Regionales de la Policía Democrática en las cuales la
Policía Democrática deberá cumplir sus funciones.
Artículo 44.- Las instancias orgánico-
funcionales mencionadas en el artículo 42 de la Policía Democrática se organizarán
sobre la base de la descentralización táctico-operacional territorial, en las respectivas
Unidades Regionales de la Policía Democrática y la diferenciación funcional del mando
táctico-operativo de cada una.
Artículo 45.- La Policía Democrática estará
a cargo de un Jefe General policial designado por el titular del Poder Ejecutivo que
tendrá como función esencial la conducción y coordinación operativa de la Policía
Democrática con las distintas fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme con las instrucciones, diagramas de
actuación y articulación impartidas por la autoridad competente, dentro de las
previsiones de la Ley Nacional 24.059 de Seguridad Interior.
Artículo 46.- Se constituirá un mando
intermedio, centralizado en el ámbito del Consejo de Seguridad Interior, que instituye
la Ley Nacional 24.059 de Seguridad Interior, que será un laboratorio de gestión
policial donde se analizará la información criminal que remitan las respectivas
Unidades Regionales y se elaborarán las directivas estratégicas nacionales, sobre las
cuales cada Unidad Regional elaborará su propio operativo para realizarlas.
Artículo 47.- La policía Preventiva estará a
cargo de un Jefe policial designado por el titular del Ministerio que tenga a su cargo la
Seguridad pública y ciudadana de la Nación, y tendrá las siguientes funciones
esenciales:
1. Coordinar las acciones del conjunto de
las dotaciones de personal afectados a las tareas de prevención, con miras a
garantizar el cumplimiento de las instrucciones generales y particulares fijadas para el
mantenimiento de la seguridad pública, la preservación de la seguridad de las
personas y de sus bienes y la prevención de los delitos.
2. Realizar la coordinación operativa con la
instancia orgánico-funcional de la policía judicial.
3. Ejecutar las instrucciones generales o
particulares, específicamente en lo atinente a la coordinación policial para la
prevención de hechos delictivos o vulneratorios de la seguridad pública que propendan
al mantenimiento o restablecimiento de la misma.
Artículo 48.- La policía Judicial estará a
cargo de un Jefe policial designado por el titular del Ministerio que tenga a su cargo la
Seguridad pública y ciudadana de la Nación, y tendrá las siguientes funciones
esenciales:
1. Coordinar las acciones del conjunto de
las dotaciones de personal afectados a la investigación judicial con miras a garantizar
el cumplimiento de las instrucciones generales y particulares fijadas para conjuración,
persecución e investigación de delitos.
2. Coordinar la ejecución en tiempo y forma
de las instrucciones y órdenes emanadas del poder judicial y de los ministerios
públicos.
3. Realizar la coordinación operativa con la
instancia orgánico-funcional de la policía de prevención.
CAPITULO XII
ESTRUCTURA ORGÁNICA
Artículo 49.- El personal policial de la
Policía Democrática se organizará en un escalafón único de oficiales que contendrá
distintos grados jerárquicos de acuerdo a las necesidades de las instancias orgánico-
funcionales en que se organiza la Policía Democrática.
El escalafón único deberá comprender un
cuadro de Oficiales Subalternos, un cuadro de Oficiales Supervisores y un cuadro de
Oficiales Superiores de Conducción.
Artículo 50.- La ocupación de los cargos
orgánicos de la Policía Democrática así como el ascenso al grado jerárquico superior
del personal policial de la institución será decidido por el Ministro que tenga a cargo la
Seguridad pública y ciudadana de la Nación, según sus competencias funcionales, de
acuerdo con el mérito y los antecedentes de los aspirantes y siguiendo los
mecanismos de selección que se implementen a través de la reglamentación. La
misma deberá regirse por los siguientes criterios:
1. La formación y capacitación profesional
del aspirante.
2. El desempeño a lo largo de la carrera
profesional del aspirante.
3. Los antecedentes funcionales y
disciplinarios del aspirante.
4. La antigüedad en la Policía Democrática
y en el grado jerárquico del aspirante.
La reglamentación determinará el grado o
grados jerárquicos requeridos, el perfil profesional y/o las destrezas o formación
profesionales para la ocupación de cada cargo orgánico de la Policía
Democrática.
CAPITULO XIII
SUPERIORIDAD
Artículo 51.- El ejercicio de la superioridad
en el ámbito de la Policía Democrática consiste en el ejercicio del mando a través de la
emisión de una orden de servicio legal y legítima de parte de un superior y el
cumplimiento estricto de la misma de parte de un subordinado, durante el desarrollo de
las funciones propias del servicio y de acuerdo con las prescripciones y los límites
establecidos por la presente ley y por las normas reglamentarias.
En el ámbito de la Policía Democrática el
ejercicio de la superioridad podrá tener tres modalidades diferenciadas:
1. La superioridad jerárquica, que es la que
un efectivo debe ejercer sobre otro como consecuencia de la posesión de un grado
jerárquico superior o, a igualdad de grado, por la antigüedad en el grado jerárquico y, a
igualdad de antigüedad, por la fecha de ascenso al grado inmediato anterior y así
sucesivamente, hasta el promedio de egreso del Instituto de formación.
2. La superioridad orgánica, que es la que
un efectivo debe ejercer sobre otro como consecuencia de la ocupación de un cargo
de la estructura orgánica de la Policía Democrática con funciones de dirección o
conducción, independientemente de su grado jerárquico.
3. La superioridad funcional, que es la que
un efectivo debe ejercer sobre otro durante el desarrollo de una misión, operación o
actividad concreta y específica, ordenada por un superior, y en la que se asigna
responsabilidades y atribuciones precisas de mando a un efectivo que tiene un grado
jerárquico y/o un cargo inferior al de los demás integrantes de la misión, operación o
actividad, siempre que medien razones de servicio que así lo justifiquen.
CAPITULO XIV
ESTABILIDAD DEL PERSONAL
Artículo 52.- El personal de la Policía
Democrática adquirirá estabilidad en el empleo una vez que hubiere aprobado las
evaluaciones de rendimiento y aptitud que determine la autoridad máxima de la Policía
Democrática y después de transcurridos tres (3) meses de efectiva prestación de
servicios.
Durante el tiempo que el personal carezca
de estabilidad, tendrá todos los derechos y deberes previstos en esta ley.
Artículo 53.- La estabilidad en el empleo del
personal de la Policía Democrática sólo se perderá por cesantía o exoneración, previo
sumario administrativo, o condena penal que importe privación de libertad o la
inhabilitación para ejercer el cargo de acuerdo con las prescripciones establecidas
legalmente, o cuando se hubiere dispuesto la baja del efectivo o su retiro obligatorio
por alguna de las causales previstas legalmente o en las normas reglamentarias.
Artículo 54.- En la Policía Democrática, las
funciones y acciones de carácter policial inscritas en las instancias funcionales de la
policía preventiva y de la policía judicial serán desarrolladas exclusivamente por el
personal policial de la institución. Este personal tendrá estado policial.
CAPITULO XV
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Artículo 55.- Deróganse los Decreto-ley
333/58, así como todas las disposiciones legales que se opongan a la presente
Ley.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y
TRANSITORIAS
Artículo 56.- El Poder Ejecutivo nacional
dictará la reglamentación de la presente ley dentro de los CIENTO OCHENTA (180)
días de su entrada en vigencia, a propuesta del Ministerio que tenga a su cargo la
Seguridad pública y ciudadana de la Nación.
Artículo 57.- El Poder Ejecutivo nacional
realizará, en el transcurso del primer año de entrada en vigencia de la presente ley, las
adecuaciones presupuestarias, contrataciones de bienes, servicios y personal y toda
otra acción necesaria para dotar de operatividad a la Policía Democrática.
Artículo 58.- El Poder Ejecutivo nacional
dictará las normas necesarias para la administración de la transición entre el régimen
actual y el que se crea por la presente ley.
Artículo 59.- El personal que, al momento
de entrar en vigencia esta ley, se encuentre prestando servicios en la Policía Federal
Argentina deberá ser incorporado al Escalafón único de la Policía Democrática, o al
Régimen del Personal Civil de la Policía Democrática que se establecerá conforme a
las previsiones de la presente ley.
Artículo 60.- El personal que, al momento
de entrar en vigencia esta ley, no reúna los requisitos para ser incorporado al
Escalafón único de la Policía Democrática, podrá recibir la capacitación para su
reconversión laboral, que la reglamentación establezca, ó podrá retirarse de la
institución, reconociéndosele todos sus derechos laborales pendientes.
Artículo 61.- Hasta tanto se cree una ley
para el personal de la Policía Democrática, de acuerdo los principios de la ley
presente, tendrá plena vigencia la ley 21.965 en lo que no se contradiga la presente
ley.
Artículo 62.- Establécese que las
previsiones referidas a la Policía Federal Argentina contenida en 24.059 de seguridad
interior, serán desarrolladas por la Policía Democrática.
Artículo 63.- Establécese que las
previsiones referidas a la Policía Federal Argentina contenida en la Ley 18.711 de
Funciones y Jurisdicciones de las Fuerzas de Seguridad, serán desarrolladas por la
Policía Democrática.
Artículo 64.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene como antecedente el
Expediente 0332-D-2011, que ha perdido estado parlamentario.
Tengo el agrado de representar este proyecto que
tuvo Nº de expediente 0332-D-2011; con la actualización y corrección técnica de algunos
términos contenidos en su articulado.
En un estudio comparativo entre
diferentes fuerzas policiales del país, el CELS plantea: "En el caso de la policía de la provincia
de Buenos Aires, hace años que es objeto de reformas y contrarreformas contradictorias; en el
de la Policía Federal, no ha sido objeto de ninguna reforma desde la restauración democrática
y su poder se mantiene inalterado; la Metropolitana fue creada de cero, pero puesta bajo una
conducción que la llevó a repetir los vicios de las viejas estructuras policiales."
www.cels.org.ar/common/documentos/ia09.pdf
Y así es. Son fuertísimas las
resistencias a las reformas profundas en la Policía Federal, y desde su creación a esta parte,
su perfil militarizado y autoritario en discordancia con los tiempos democráticos se ve
acentuado por este autogobierno de sí misma, garantizado por su estructura en escalafones, el
actual régimen de ingresos y ascensos, la prohibición a la sindicalización de los policías a
quienes se les niegan su condición de trabajadores y sus derechos respectivos, etc.
A partir de un interesante trabajo que hicieron
Oliveira y Tiscornia, llamado "Estructura y práctica de las policías en la Argentina", y expuesto
en el Seminario sobre control democrático de los organismos de seguridad interior, surge que
la PFA a pesar de que su ley orgánica plantea que se trata de cuerpos de seguridad civiles, la
normativa y la práctica las han estructurado como cuerpos con esquemas de autoridad militar,
con jerarquías rígidas y con sistemas de control interno corporativos y poco transparentes. De
esta forma, la PFA responde a una estructura organizativa militarizada.
La estructura de la policía federal surge del decreto
ley 333/58 - presidencia dictatorial de Aramburu- y de la ley 21.965. Luego del golpe militar de
1955, los militares ocupan la institución, en los cargos jerárquicos, igual que en los siguientes
golpes de Estado, hasta su dependencia total de las fuerzas conjuntas, durante la última
dictadura militar.
Esta estructura militar es la principal barrera para
encarar reformas democráticas dentro de las fuerzas, que permea los reglamentos, los valores,
las prácticas y las costumbres del personal policial.
Por su parte, su estructura organizativa contiene
dos escalafones: los oficiales y los suboficiales o tropa.
La mayor parte de los casos de brutalidad policial
son perpetrados por suboficiales con escasa instrucción, los que, por otra parte, son los
destinados a tareas de calle. A esta falta de instrucción se le agrega la escasa preparación
técnica y la improvisada participación en operativos.
En el citado trabajo según testimonios de agentes
de policías cuando un oficial joven llega a una comisaría, su contacto inmediato es con los
suboficiales, la mayoría de las veces hombres con mucho tiempo en la institución y escasa
formación profesional quienes los "instruyen" informalmente en los quehaceres diarios.
Las condiciones para los ascensos son la
antigüedad en la categoría y no tener sumarios internos. Fuera de estas condiciones, la policía
federal exige para el ascenso a jerarquías
superiores, el seguimiento de cursos en la Escuela
Superior de Policía.
Según relatos de oficiales estos cursos duran seis
meses y el nivel de los mismos es muy bajo. Para aprobarlos, basta tener buena asistencia y
obedecer a los superiores. Y también relatan que el "camino profesional" de un oficial desde
que egresa de la escuela está condicionado, en buena medida a que este pertenezca a la
"familia" policial o no.
El régimen disciplinario de la PFA, en la práctica,
desconoce que los miembros de la policía son, en primer lugar, ciudadanos con derechos.
En relación a las faltas graves si se trata de un
oficial, está a cargo de investigaciones administrativas y si se trata de un suboficial, se
gestionan directamente en la comisaría. Las investigaciones son secretas, incluso para los
imputados.
La decisión de imponer faltas es arbitraria. Según
testimonios de oficiales y suboficiales, en muchos casos dependen del humor del comisario o
de la simpatía que tenga hacia sus subordinados. El oficial al que se le ha impuesto una falta,
solo puede apelar ante quien se la ha impuesto o a un superior a éste. Ello anula,
prácticamente, la posibilidad de defensa, ya que quien le ha impuesto la falta, difícilmente esté
dispuesto a discutirla y, de acudir, el acusado, a un miembro de mayor jerarquía para que haga
de juez, pues sabe -por experiencia- que no encontrará defensa, ya que de la estructura
verticalizada de la fuerza, resulta que si un superior da razón a un inferior, en desmedro del
juicio de su subordinado, está desautorizando a éste.
De esta forma, en este tipo de organización se
privilegia la obediencia al personal jerárquico, antes que la investigación de la verdad de los
hechos.
Este tipo de sanciones discrecionales es funcional
para resguardar y reproducir una metodología delictiva que se apoya en un "terrorismo
administrativo". Este consiste en producir sanciones administrativas sobre el personal de
manera abusiva e indiscriminada, para infundir temor entre los subordinados. Se evita así,
cualquier tipo de oposición a la actividad ilegal de los superiores jerárquicos y se teje un
sistema de encubrimiento y corrupción.
Por otra parte, es el estado policial el que obliga a
portar el arma las 24 horas del día y en toda circunstancia -aún cuando el agente o oficial esta
de vacaciones con su familia- y a su vez, la ley para el Personal de la Policía Federal lo obliga
a "arriesgar la vida e integridad personal en defensa de las propiedad de las personas". Como
resultado de esta imposición tenemos alarmantes índices de oficiales muertos por uso de
armas fuera de su horario de servicio.
La obligación de portar armas y poder utilizarla en
cualquier circunstancia que el agente u oficial de policía considere pertinente, alimenta una
subcultura de violencia.
De esta forma, el estado policial promueve dicha
estructura corporativa y, en definitiva, realimenta las raíces culturales del autoritarismo policial y
coadyuva a legitimar la impunidad.
La burocratización excesiva de determinados
aspectos de la actividad de las fuerzas, es otra de sus características estructurales que
redunda en el incremento de la violencia abusiva.
Especialmente, la forma en que está organizada la
elaboración de las estadísticas de delitos cometidos y esclarecidos por jurisdicción, y la forma
en que se instruyen los sumarios. Dentro de esta lógica, la cantidad de detenciones y
enfrentamientos se percibe, dentro de la fuerza, como demostración de la capacidad de trabajo
y no como una violación de las garantías civiles.
Lo descripto en los puntos anteriores permite
demostrar que, la corrupción policial, de la PFA está tramada en sus reglamentaciones y
prácticas cotidianas. En este sentido, las conductas policiales delictivas son el resultado de
políticas concretas, antes que de voluntades personales "desviadas".
"La autonomía con la que parecen
actuar diferentes grupos dentro de las policías, está cambiando, peligrosamente, las ya
históricas relaciones peligrosas entre el poder político y el poder policial." (Oliveira y Tiscornia,
Estructura y práctica de las policías en la Argentina, del Seminario sobre control democrático
de los organismos de seguridad interior;
http://www.cels.org.ar/agendatematica/?info=publicacionesTpl&ids=34&lang=es&s s=116)
En base al análisis presentado del estado de
situación actual de la PFA es que presentamos esta ley que plantea la creación de una nueva
fuerza policial, denominada Policía Democrática Nacional de la República Argentina, sobre la
base de nuevos principios, funciones, organización y capacitación de la fuerza, acordes con un
Estado de derecho y democrático, que vendría a reemplazar en sus funciones a la P.F.A.
La presente ley tiene como objeto establecer los
principios, bases jurídicas e institucionales de la Policía Democrática Nacional de la República
Argentina, y derogar la normativa vigente vía leyes y decretos que instituye y rige a la Policía
Federal Argentina. Esta nueva policía es una institución policial nacional, federal, civil, armada,
jerárquica y de carácter profesional, con jurisdicción en todo el territorio nacional, que depende
política, institucional y estratégicamente del Ministerio que tenga a cargo la Seguridad Pública y
Ciudadana de la Nación, cuya finalidad principal es la promoción de la seguridad pública y
ciudadana entendida como la situación de hecho política, social, jurídica e institucional en el
que todas las personas tienen efectivamente garantizado el pleno goce y ejercicio de los
derechos, libertades y garantías emanados de la Constitución Nacional y los instrumentos
internacionales de protección de derechos humanos.
La presente ley recoge en varios de sus articulados
los aportes de la guía modelo del PNUD para la instauración de un sistema de seguridad
pública y democrática, ajironados a la realidad de nuestro país federal y republicano.
De esta fuente se plantea la necesidad de que esta
nueva policía se rija por los principios de legalidad, el de oportunidad, el de razonabilidad y el
de gradualidad. Por su parte, también hay una regulación específica del deber de obediencia,
el cual no se guardará cuando la orden de servicio impartida sea manifiestamente ilegítima y/o
ilegal y de la aportación de armas, la que será exclusivamente para el desempeño de las
funciones policiales y solamente durante el horario de servicio, siempre que el desarrollo de
estas deba suponer inevitablemente la portación y eventual utilización del tipo de armamento
que las reglamentaciones establezcan.
La presente ley pauta tanto las funciones del
personal policial como las facultades de la Policía Democrática. Por su parte la misma no podrá
ser utilizada para ninguna finalidad política partidaria y observará y se sujetará a las
recomendaciones del Código de Ética Profesional establecido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas y a la ley nacional de ética pública.
Por otra parte, la presente ley dispone los derechos
y obligaciones que tendrá el personal de la Policía Democrática, destacándose el derecho a la
dotación del armamento, vestuario y equipo que garantice el eficiente cumplimiento de sus
funciones en condiciones de seguridad para su vida e integridad; la cobertura médica integral
por cuenta del Estado, incluso luego de verificarse secuelas invalidantes permanentes, derecho
que se hace extensivo al cónyuge, a los hijos y los padres del titular y el derecho a asociarse
sindicalmente, así como también el derecho a participar activamente en el sindicato de
conformidad a los tratados internacionales y la legislación nacional vigente, entre otros
derechos aquí reconocidos.
El personal policial está obligado a presentar
anualmente su Declaración Jurada de Bienes y Rentas al asumir el cargo ante la Comisión
Nacional de Ética Pública durante su ejercicio y al cesar en los mismos.
Para el control policial esta ley instaura dos
instancias la Auditoria de Asuntos Internos y el Tribunal de Disciplina Policial (que integran la
Dirección de Control Policial) dirigidas por un funcionario civil sin estado policial.
La presente ley valorizara la formación y
capacitación permanente del personal policial, en particular la educación universitaria, y
establece que el ingreso a dicha fuerza, al primer grado del escalafón de la Policía Nacional
deberá producirse por: egreso de los institutos oficiales de formación policial de la Policía
Democrática ó de las universidades o institutos de enseñanza superior, y previa aprobación de
las actividades de formación y exámenes que al efecto deberán rendir los aspirantes ante la
autoridad de aplicación.
Esta ley establece rigurosamente tanto cuales serán
los requisitos para ser miembro de la Policía Democrática, como los términos de inadmisibilidad
para el ingreso a dicha fuerza.
El personal policial de la Policía Democrática no
podrá desarrollar las funciones propias de la gestión administrativa, la dirección de los recursos
humanos, la gestión económica, contable, presupuestaria y patrimonial, la gerencia logística e
infraestructural no- operacional, la asistencia y asesoramiento jurídico-legal, las relaciones
institucionales y cualquier otra función no policial, las que serán desarrolladas por personal
civil.
Esta ley también pauta los requisitos para la
promoción y ascenso a un grado jerárquico superior dentro de la carrera profesional.
La presente ley plantea que la organización de la
Policía Democrática se establecerá sobre la base de la conformación de las siguientes
instancias orgánico-funcionales: la policía preventiva y la policía judicial de cada Unidad
Regional que estarán distribuidas en todo el territorio nacional; y se constituirá un mando
intermedio centralizado en el ámbito del Consejo de
Seguridad Interior, que será un laboratorio de
gestión policial.
Por su parte el personal policial de la Policía
Democrática se organizará en un escalafón único de oficiales que contendrá distintos grados
jerárquicos de acuerdo a las necesidades de las instancias orgánico-funcionales en que se
organiza la Policía Democrática.
El escalafón único deberá comprender un cuadro de
Oficiales Subalternos, un cuadro de Oficiales Supervisores y un cuadro de Oficiales Superiores
de Conducción.
En definitiva, lo que se persigue con la constitución
de esta nueva policía es contar con una herramienta adecuada frente a la posibilidad de la
comisión de delitos a través de conductas graves que impliquen el cometido de un delito
federal y/o afecten a la seguridad nacional (no militar), como son las redes de trata, redes de
desarmaderos, narcotráfico, etc.
Es por esto que la estructura y el personal de la
policía debe estar abocada a tareas exclusivamente policiales (lo que no consideramos como
tales a la entrega de certificados de domicilio, de supervivencia, pasaportes, control del
tránsito, etc.).
En definitiva, la Policía Democrática deberá estar
abocada a la lucha contra la criminalidad organizada, muchas veces con estructuras rígidas, de
carácter nacional y/o trasnacional, por eso es necesario que la misma dependa política,
institucional y estratégicamente del Ministerio que tenga a cargo la Seguridad Pública y
Ciudadana de la Nación, con un mando intermedio que analice la información criminal que
remitan las respectivas Unidades Regionales y elabore las directivas estratégicas nacionales,
sobre las cuales cada Unidad Regional descentralizadamente elaborará su propio operativo
para realizarlas. Esto permitirá que la policía tenga una estructura orgánica adaptada a realidad
ambiental del delito, para que a pesar del dinamismo de la realidad, la planificación estratégica
central se allane a cada situación compleja. O sea, dicha desconcentración funcional en las
Unidades Regionales, distribuidas en todo el territorio nacional, permitirá actuar operativamente
con eficacia manteniendo una fuerte identificación con el mando estratégico de conducción
centralizado en dicha instancia del Consejo de Seguridad Interior, tipo thik-tank, estratégica y
concentrada, pudiéndose así realizar operaciones especializadas, focalizadas y
descentralizadas con repercusión nacional, diseñadas por cada Unidad Regional a partir de las
directivas estratégicas nacionales (por ej. Si la policía logra desbaratar un prostíbulo en
determinado lugar geográfico, ello tendrá repercusiones en el otro extremo del país). Para esto
también es fundamental la articulación con las policías provinciales y/o municipales de cada
lugar. Es muy importante contar con una instancia de éstas características que se encargue de
la inteligencia criminal y de la planificación estratégica, no en los términos que describe la Ley
de Inteligencia sino simplemente para tener conocimiento de la realidad criminal, lo que es
determinante a la hora de proyectar el perfil de la intervención policial que se pretende y
planificar la estrategia que se persigue. O sea, conocer toda la situación de cierto lugar de
referencia, por ejemplo para determinar qué armamento utilizar, qué indumentaria llevar, qué
vías de acceso existen, etc. Es muy importante que dicho mando estratégico de conducción
centralizado analice dicha información, la procese y luego la compendie, para que las Unidades
Regionales puedan utilizarla como base de información fiable en sustento de la intervención
territorial que vayan a desarrollar.
Esta nueva policía será una fuerza eminentemente
especializada, abocada a la criminalidad organizada, pero para lograr lo anteriormente
descripto es fundamental contar con dos instancias orgánicas funcionales diferenciadas: una
preventiva y otra judicial, Esto es conveniente ya que, desde el punto de vista profesional,
tendremos grupos de agentes especializados en seguridad preventiva, para dicha tarea y otros
grupos de agentes, formados en dispositivos académicos precisos, que realizarán las tareas
pertinentes a la investigación judicial; y desde el punto de vista del control de tareas también
beneficiará pues ,la investigación y seguimiento de un delito que realizará un policía del área
preventiva, una vez que se la pase al de la policía judicial para culminar con la investigación
pertinente bajo el contralor del juez, implicará poner luz a los procedimientos iniciales y a toda
la actividad previa.
Además consideramos que los policías de
prevención no deben estar en contacto con lo judicial.
Para la elaboración de esta propuesta se tuvo
presente las experiencias legislativas de la policía de México, Perú y Ecuador, también de la
Policía Aeroportuaria diseñada por el Dr. Saín y de la Policía bonaerense 2, impulsada por el
ex Ministro de seguridad bonaerense Arslanian. También se tuvo en consideración el esquema
de funcionamiento del FBI de los EEUU como órgano de producción de inteligencia criminal
para todo el país y de coordinación con las policías provinciales y/o municipales en la
resolución de delitos federal y defensa nacional (no militar).
Como propone el Juez de nuestra
Corte Suprema Eugenio Zaffaroni: "Tenemos que hacer en este sentido lo mismo que hicieron
los Estados Unidos. Ellos tienen las policías de condado y les funcionó toda la vida. ¿Por qué
no nos ayudaría a nosotros con nuestros problemas? Estoy convencido de que puede ser un
cambio muy beneficioso. En ésta, como en otras cuestiones, tenemos que hacer lo que ellos
hacen, no lo que nos piden que hagamos".
Hoy como planeta Mariana Sirimarco
"al menos desde la perspectiva policial, la continuidad entre ambos estados (civil-policial) es
inexistente. No se trata aquí del pasaje de lo civil a lo policial, en una suerte de transición de
uno a otro dentro de una misma totalidad. Se trata, más bien, del abandono irrecuperable de lo
civil como condición imprescindible para devenir policía. El período educativo policial, antes
que una transición, conlleva un cambio de paradigma, en tanto es la ruptura de posturas
(civiles) pasadas la que posibilita la posterior adquisición del nuevo estado. Sólo se puede
devenir policía alejándose de lo civil." (El abordaje del campo policial. Algunas consideraciones
en torno a la formación inicial: entre la praxis y las reformas.
http://webcache.googleusercontent.com)
Para ilustrar estos fundamentos proponemos hacer
un ejercicio:
Relato número uno. Un peligroso delincuente se
traslada en un automóvil blanco por el barrio de Pompeya, en la ciudad de Buenos Aires. La
policía descubre al criminal e inicia una persecución con la intención de capturarlo y poner a
salvo a los vecinos. El caco inicia un tiroteo y detiene su huída sólo después de atropellar y
matar a tres personas que cruzaban la calle. Finalmente termina detenido.
Relato número dos. Un comerciante sin
antecedentes penales se traslada en un automóvil blanco por el barrio de Pompeya, en la
ciudad de Buenos Aires. Un coche sin identificación, con varios hombres en su interior,
comienza a perseguirlo. El comerciante piensa que lo están por asaltar y acelera. Desde el
auto asoma un muchacho de pelo largo y comienza a dispararle, acertando ocho balazos e
hiriéndolo gravemente en la mandíbula. El comerciante queda inconsciente al volante y termina
atropellando y matando a tres personas que cruzaban la calle. Finalmente termina
detenido.
Si tuviéramos que jugar a descubrir las diferencias
entre ambos relatos, no tardaríamos en advertir que son muchas y notorias. Esas inmensas
diferencias son las que distinguen la historia oficial difundida por la Policía Federal Argentina (el
relato número uno) de la denuncia llevada al cine por el director Enrique Piñeyro en El Rati
Horror Show.
Este hecho, que sucedió el 25 de enero de 2005, se
conoció como "La masacre de Pompeya" y tuvo como protagonista a Fernando Ariel Carrera, el
comerciante que terminó condenado a treinta años de prisión. Lo que hace Piñeyro es recopilar
una gran cantidad de testimonios que comenzaron a difundirse hace tiempo (y que forman
parte de la defensa del detenido) y sumar su capacidad investigativa para demostrar la
inocencia de Carrera.
El cineasta, actor y piloto de avión
logra exponer de manera contundente ante la cámara que el comerciante fue condenado
injustamente a partir de una manipulación deliberada de la causa judicial. El documental no
duda en afirmar que los oficiales de la Comisaría 34 (tristemente célebre por el asesinato de
Ezequiel Demonty) alteraron las evidencias y que los supuestos testigos de la persecución no
eran otros que amigos de los policías. http://www.pochoclos.com/estrenos/el-rati-horror-
show
Este caso viene a perfecta ilustración de cómo
opera hoy la PFA en sus intervenciones cotidianas, y de su habilidad para "armar y desarmar"
causas, "poner" testigos y detener a los supuestos culpables, gracias al autocontrol que la
misma fuerza policial tiene sobre sí misma.
El reto que nos proponemos con esta ley es
cambiar esta realidad de raíz, y hacer del policía un ciudadano y un trabajador con derechos y
deberes; y de la fuerza policial una institución que resguarde la seguridad pública y
democrática desde una perspectiva de derechos humanos priorizando la protección de las
personas en vez del orden fáctico, recuperando los niveles de confianza con que hoy no cuenta
y realizando una verdadera tarea principalmente de prevención, y también de conjuración e
investigación de los delitos y los hechos de violencia.
Sr. Presidente, por las razones aquí expuestas, y
por las que se darán oportunamente, es que se solicita la aprobación del presente Proyecto de
Ley.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| DONDA PEREZ, VICTORIA ANALIA | BUENOS AIRES | LIBRES DEL SUR |
| DUCLOS, OMAR ARNALDO | BUENOS AIRES | GEN |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| LEGISLACION PENAL (Primera Competencia) |
| SEGURIDAD INTERIOR |
| LEGISLACION DEL TRABAJO |
| PRESUPUESTO Y HACIENDA |