La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Citar al señor Ministro del Interior Dn. Florencio Randazzo, a comparecer en forma perentoria en el recinto de la H. Cámara de Diputados de la Nación, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, para presentar informes verbales, en relación a la intromisión del poder ejecutivo en causas judiciales en trámite, y en particular sobre los siguientes extremos:

- Explique las funciones que cumple el "asesor informal" de ese ministerio señor Carlos María Fasán, CI n° 8.104.028,

- Explique las razones por las cuales el señor Fasán concurrió a la Unidad Penitenciaria de Ezeiza, presentándose en la Sala de Magistrados del penal para intentar entrevistar al procesado Mario Segovia conocido como el "rey de la efedrina" alegando una autorización judicial que nunca exhibió y presentando acreditaciones de Ministerio del Interior,

- Explique desde que fecha se le asignaron al señor Fasán oficinas en el edificio del Ministerio del Interior situado en 25 de Mayo 145, 4° piso, de esta Capital Federal, al que corresponden los teléfonos internos 71168 y 71162, y bajo la responsabilidad de que funcionario fueron adjudicadas,

- Si sabe que todas esta circunstancias constan en las actuaciones labradas por el Servicio Penitenciario Federal, con firmada por el subprefecto Jorge O. Zabal, que incluyen fotocopias de la cédula de identidad y de las acreditaciones presentadas por el señor Fasán.

Señor presidente:

Una medulosa investigación periodística publicada por el diario La Nación, y llevada adelante por el periodista Hernán Cappiello, da cuenta de una inaceptable intromisión del poder ejecutivo nacional en causas judiciales, con aviesa intencionalidad política, situación que reviste gravedad institucional y justifica sobradamente la inmediata comparencia del señor Ministro del Intenrior Dn Florencio Randazzo ante esta H. Cámara.

La investigación a la que hacemos referencia, incluye la consulta a tres jueces federales, consultas al Ministerio del Interior, entrevistas con varias personas de esa dependencia, y las actuaciones en relación a esta cuestión labradas por el Servicio Penitenciario Federal, y tiene su inicio cuando un hombre de unos 60 años que atiende en oficinas del Ministerio del Interior intentó visitar en la cárcel de Ezeiza a Mario Segovia, llamado "el rey de la efedrina", para hablar sobre el diputado nacional Francisco de Narváez, mencionado en una causa por narcotráfico, a la que aluden con marcada intencionalidad política distintos funcionarios y ex funcionarios del gobierno nacional, en u n burdo intento de desacreditarlo en medio de una campaña electoral.

Si bien no se concretó la reunión, el Servicio Penitenciario Federal registró la visita en una nota que, según pudo comprobar el cronista, incluye la fotocopia de la Cédula de Identidad del visitante, Carlos María Fasán, N° 8.104.028, y de una tarjeta personal donde se presenta como funcionario de la Secretaría General de la Presidencia y del Ministerio del Interior.

La dirección y el teléfono de la oficina que figuran en la tarjeta son del edificio del Ministerio del Interior situado en 25 de Mayo 145, 4° piso. El periodista de la Nación hace constar que se comunicó con los teléfonos internos 71168 y 71162, impresos en la tarjeta, donde dijeron que el señor Fasán no se encontraba en ese momento. Fuentes del Ministerio del Interior informaron oficialmente a La Nación que "Carlos María Fasán no trabaja en la planta permanente ni está contratado" en esa dependencia. Sin embargo, un allegado a Fasán informó que es un "asesor informal" en la cartera política. No es la primera vez que bajo esta figura de "asesor Informal" revistan influyentes operadores políticos en distintas áreas del gobierno precisamente para intervenir en asuntos sensibles, particularmente relacionados con el poder judicial. Esta figura permite alegar que nos son personal estable, pero lo importante de este caso es que resultó probado en la investigación que el señor Fasán cumplía funciones y atendía en el Ministerio.

Esta situación es sumamente grave, y la visita es sugestiva si se considera que el Gobierno siempre dijo que la mención de De Narváez en la causa de la efedrina era una cuestión judicial, en la que el oficialismo no tuvo ninguna injerencia. Todos los indicios reunidos que estamos comentando, en realidad demuestran lo contrario, que existió un activismo avieso e interesado del parte del gobierno.

A mayor abundamiento podemos agregar que el ex presidente de la nación, y candidato a diputado Néstor Kirchner y los ministros del Interior, Florencio Randazzo, y de Justicia, Aníbal Fernández, fustigaron hace una semana a De Narváez por no haberse presentado ante la Justicia cuando fue citado a prestar declaración indagatoria y le exigieron públicamente que diera explicaciones por las llamadas hechas desde uno de los teléfonos de su flota a un aparato a nombre de Segovia. La semana pasada el Gobierno cambió de estrategia y dejó de señalar la mención de De Narváez en la causa, pues lo tosco de la operación montada evaluó que favorecía a su rival.

La nota del Servicio Penitenciario Federal, firmada por el subprefecto Jorge O. Zabal, director de Seguridad, señala que Fasán quería hablar con Segovia de la causa de la efedrina "para que deje de involucrar al señor Francisco de Narváez". Lo curioso es que Segovia nunca involucró a De Narváez en el tráfico de efedrina, sino que por el contrario denunció intentos judiciales y de la justicia para que lo hiciera.

Fasán, a través de un allegado, confirmó a La Nación que había intentado visitar a Segovia, pero dijo que había ido "por su cuenta". El periodista había acordado una entrevista con Fasán en el Café Tortoni, pero el hombre no se presentó. Envió a un allegado, que envió el mensaje. Otras fuentes no reveladas dijeron al cronista que Fasán es una especie de asesor del Ministerio del Interior, y que efectivamente atiende en oficinas del Ministerio del Interior en la calle 25 de Mayo 145, de esta capital.

El intento de entrevista del señor Fasán con Segovia ocurrió el 15 de mayo pasado, el día siguiente de que el diario La Nación publicó que el rey de la efedrina había denunciado ante la Justicia que el juez federal de Campana Federico Faggionato Márquez lo presionaba para involucrar al candidato de Unión Pro en el narcotráfico, a cambio de beneficiar a su padre y a su cuñado, que están prófugos de la Justicia.

La nota del Servicio Penitenciario Federal señala que Fasán se presentó a las 18 en la Sala de Magistrados del Penal. Dijo que por orden del juez actuante debía cruzar palabras con el interno Segovia. Cuando le pidieron la orden judicial, el visitante dijo que la indicación había sido verbal y cuando le dijeron que identificara al magistrado que la dio se negó a hacerlo. Estas actuaciones quedaron incorporadas en el expediente en que se investiga a Segovia por el supuesto envió de 1000 kilos de efedrina a México, que tiene en sus manos el juez Marcelo Aguinsky.

En el transcurso de su investigación el periodista consultó al Dr. Aguinsky si había enviado a Fasán a hablar con Segovia, y el magistrado respondió negándolo. Los otros dos jueces que tienen a Segovia a su disposición son el Dr. Ezequiel Berón de Astrada, que lo investiga por el contrabando de CD y DVD, y el Dr. Faggionato Márquez, que investiga el tráfico de efedrina. El juez Berón de Astrada también negó haber encomendado a nadie una visita y, aún más, consideró impropio de un magistrado hacerlo. El cronista intentó consultar al Dr. Faggionato sobre el tema, pero no obtuvo respuesta del juez, que es precisamente quien se ha prestado a la turbia maniobra que pretende involucrar al diputado De Narvaez. Fuentes judiciales explicaron al cronista que Fasán estuvo dos horas esperando en la playa de estacionamiento del penal de Ezeiza a que llegara por fax la orden judicial, que supuestamente iba a permitir la entrevista, y luego se fue.

El ministro debe explicar este grave episodio que lesiona fuertemente el principio de división de poderes, que deja en evidencia la escasa vocación republicana del poder ejecutivo nacional, y daña la credibilidad pública en la instituciones.