El Senado y Cámara de Diputados...

ARTÍCULO 1º.- Crease la Comisión Bicameral de Empoderamiento de las Mujeres que estará integrada por dieciséis (16) legisladoras y/o legisladores nacionales, ocho (8) miembros de senado y ocho (8) miembros de diputados, los y las cuales deberán ser designados/as por la presidencia de cada una de las Cámaras, a propuesta de los bloques políticos y respetando la representación parlamentaria existente en cada cuerpo.

ARTÍCULO 2º.- La Comisión tendrá los siguientes objetivos:

2.1- Constituirse como un espacio de asesoramiento y consulta en la elaboración de toda legislación que promueva el empoderamiento de las mujeres en los distintos ámbitos políticos, económicos y sociales;

2.2.- Ofrecer un ámbito para el intercambio de experiencias entre los ámbitos educativo, instituciones públicas y privadas y las organizaciones de mujeres, a fin de fomentar el desarrollo de herramientas que garanticen la participación de las mujeres en la formulación de políticas públicas.

ARTÍCULO 3º.- La Comisión Bicameral de Empoderamiento de la Mujer elegirá un (1) Presidente/a, un (1) Vicepresidente/a y un (1) Secretario/a por mayoría de votos. La Presidencia se alternará periódicamente entre las Cámaras y en cada período el o la Vicepresidente será un miembro de la otra Cámara del Congreso Nacional.

ARTIUCLO 4º.- La Comisión dictará su propio reglamento interno, debiendo garantizarse en él la plena vigencia de todas las garantías y derechos constitucionales. El reglamento interno será aprobado por el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros de la Comisión.

ARTÍCULO 5º - La Comisión tendrá las siguientes facultades y atribuciones:

Proponer la incorporación de la perspectiva de género en las iniciativas legislativas;

Velar por el cumplimiento de las distintas normativas vigentes de carácter nacional y aquellas relacionadas con los distintos tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de toda forma de violencia contra la Mujer, la Declaración y Plataforma de Beijin, La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad, la Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Consenso de Quito, así como demás resoluciones internacionales que tenga a bien suscribir la República Argentina a favor de los derechos de las mujeres y las niñas en el futuro;

Monitorear las políticas públicas implementadas por el Consejo Nacional de las Mujeres a fin de analizar los avances y las dificultades halladas en su implementación tomando en cuenta la ejecución del presupuesto asignado a este organismo público;

Convocar a las organizaciones de la sociedad civil de mujeres a la elaboración conjunta de una agenda parlamentaria de actividades que tenga como finalidad la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en todas sus dimensiones;

Llevar a cabo actividades de intercambio con otros parlamentos, entidades nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil, universidades;

Ofrecer a la comunidad una Agenda Parlamentaria anual donde se comunique sobre las distintas propuestas, actividades e iniciativas de esta Comisión.

ARTICULO 6º-. La Comisión contará con los recursos, la infraestructura y el personal administrativo y técnico que fuera necesario para el efectivo cumplimiento de su objeto. Los gastos que ocasione serán tomados del presupuesto correspondiente al Honorable Congreso de la Nación.

ARTICULO 7º-. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.-

Señor presidente:

La discriminación de género está imbricada en el tejido de las sociedades. En muchos casos, las mujeres llevan la carga principal de la producción de alimentos, la crianza de sus hijos e hijas y son el sostén principal de sus hogares. Paradójicamente se advierte la escasa visibilidad del rol de las mujeres y la falta de reconocimiento por parte de la sociedad en su conjunto.

Sin contar con que a menudo son excluidas de las decisiones familiares o comunitarias que afectan sus vidas y bienestar. Esto obedece en mayor medida al desequilibrio de poder dentro de los hogares a favor de los hombres, que en su extremo se ha traducido en situaciones de violencia de género que han puesto en peligro la vida de las mujeres.

En sociedades latinoamericanas, como la argentina, en las últimas décadas se ha advertido un aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral. Sin embargo su inclusión ha sido bajo condiciones desfavorables. Dado que las mujeres continúan siendo las principales responsables del cuidado de sus familias, se ven obligadas a buscar y aceptar empleos flexibles y por horas (CEPAL, 2011).

Su inserción relativamente marginal en el mercado de trabajo se explica porque la precariedad laboral es mayor entre las mujeres que entre los varones dado la concentración de las primeras en determinados sectores como el servicio doméstico, la enseñanza, la enfermería y las actividades de administración (segregación horizontal). A eso se suma la sobrerrepresentación de las mujeres en puestos de nivel inferior a pesar de tener las mismas calificaciones que los varones (segregación vertical).

Esta discriminación contra la mujer en el mercado de trabajo se traduce asimismo en una histórica falta de protección social que han sufrido las mujeres. Al estar reducidas al ámbito doméstico por décadas, las mujeres en la actualidad no gozan de un derecho básico como la seguridad social. A pesar de advertirse en los últimos años mejoras en la cobertura de protección social ofrecida a las mujeres (a través de la asistencia social por parte del Estado), ésta continúa siendo de menor calidad respecto a la brindada a los hombres (seguridad social tradicional). Asimismo, en la medida en que el Estado no ofrezca un servicio integral relacionado a la economía del cuidado (tanto para la primera infancia como para la tercera edad), la tensión entre los roles reproductivos y los productivos que sufre la mujer seguirá teniendo implicancias en su bienestar y afectará su capacidad para elegir el tipo de vida que cada ser humano tiene derecho de elegir (Amarthya Sen, 2001).

Estado del arte en materia de reconocimiento y expansión de derechos de la mujer.

Sin lugar a dudas una de las reivindicaciones democráticas más importantes ha sido el reconocimiento y consagración de los derechos de la mujer en todos los ámbitos de la vida social que además implica la construcción de una sociedad en la que la relación entre los géneros sea no solo igualitaria sino equitativa en todos los órdenes de la dinámica social: política, laboral, económicas, educativa, entre otras.

Prueba de ello es la reforma Constitucional de 1994 que muestra un avance cualitativo en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, donde la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer cuenta con una jerarquía legal indiscutible.

Asimismo todos los tratados de derechos humanos allí incorporados tienen rango constitucional tal y como lo expresa el artículo 75 inc. 22 de la Constitución.

Nuestra carta magna garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos mediante la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios mediante acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y el régimen electoral (Artículo 37); la facultad del Congreso Nacional de promover medidas de acción positiva en relación a las mujeres que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales (Art. 75 inc. 23).

Por otra parte, convenios y tratados internacionales suscritos por la república Argentina como la Declaración y Plataforma de Beijing, la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad así como los Objetivos del Milenio constituyen el marco político internacional que motivan esta propuesta.

Trabajar por la igualdad y la equidad de género es un compromiso en la construcción de una sociedad cada vez más democrática en la cual cada miembro de la sociedad respete a los demás y cuente con la garantía de desempeñar un papel que le permite aprovechar su potencial al máximo. El objetivo de la igualdad de género constituye una meta social a la cual instituciones como la Honorable Cámara de Diputados no puede estar ajena.

Propuesta

En este marco, se propone la creación de una Comisión Especial para el Empoderamiento de la Mujer dentro de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Entendiendo el empoderamiento como el "proceso por medio del cual las mujeres incrementan su capacidad de configurar sus propias vidas y su entorno, una evolución en la concientización de las mujeres sobre sí mismas, en su estatus y en su eficacia en las interacciones sociales (Margaret Shuler). Esto significa que las mujeres, como colectivo, modifiquen la imagen de sí mismas y las creencias sobre sus derechos y capacidades y desafíen los sentimientos de inferioridad, tan profundamente enraizados en las relaciones de género dominantes en nuestras sociedades.

La Comisión Especial para el Empoderamiento de la Mujer procura constituirse en un espacio público desde donde movilizar a las mujeres a fin de que tengan voz a la hora de manifestar sus intereses y que su perspectiva pueda cristalizarse en la elaboración de proyectos y políticas públicas. En la lucha contra toda forma de discriminación a las mujeres, es de vital importancia la transformación de las estructuras e instituciones que perpetúan la subordinación de las mujeres, así como también de las relaciones sociales que configuran la posición desventajosa que históricamente ha tenido la mujer en relación a los hombres. La comisión especial para el empoderamiento de la Mujer se enmarca en esta historia de lucha y procura que las mujeres se constituyan como ciudadanas de pleno derecho y en igualdad real de condiciones.

Sobre la base de las consideraciones antes expuestas, solicitamos la aprobación de esta iniciativa.