La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

1.- Su enérgico y más absoluto repudio a la brutal represión y persecución que vienen sufriendo los trabajadores petroleros y la comunidad de Las Heras, Provincia de Santa Cruz a manos de la policía local y la gendarmería Nacional.-

2.- Su solidaridad con la situación de los trabajadores petroleros y el pueblo de Las Heras dadas las acciones represivas que vienen sufriendo desde la justicia, los gobiernos provinciales y nacional que al servicio de las compañías petroleras han convertido a la Ciudad en una zona bajo ocupación militar donde las razzias, allanamientos violentos, torturas, detenciones masivas están a la orden del día.-

3.- Su malestar ante la violación sistemática a los más elementales derechos humanos por parte de las autoridades locales, provinciales y nacionales.-

4.- Su solidaridad con los detenidos y sus familiares, y recama su inmediata libertad y el urgente retiro de los efectivos de Gendarmería Nacional de dicha Ciudad.-

Señor presidente:

A partir del legítimo reclamo que iniciaran los trabajadores de las empresas petroleras en la Ciudad de Las Heras, Provincia de Santa Cruz, por encuadramiento y contra el pago de impuestos a las ganancias, la situación represiva que se ha generalizado y extendido en dicha ciudad. Como consecuencia de la persecución que se desatara contra los trabajadores que desde fines de enero del año en curso están enfrentando a las empresas petroleras, se encuentran actualmente detenidas más de veinte personas e imputadas más de cuarenta, algunas de las cuales han sido detenidas y liberadas luego de golpizas y torturas, así como de otros tratos inhumanos y degradantes en una clara violación de sus derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad que llevaron adelante los operativos, como así de la gendarmería que enviara el Gobierno nacional y que junto con el GOE (GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES) de la policía provincial mantienen "militarizado" al pueblo de Las Heras.-

En la mencionada ciudad y aledaños se vive un clima de tensión desde que el 23 de enero de 2006 se inició una protesta por parte de los trabajadores petroleros que durante quince días se mantuvieron en la ruta provincial 43 en reclamo a sus legítimos derechos y que terminara con la sorprendente detención del dirigente petrolero MARIO NAVARRO a la salida de una emisora radial en un claro gesto de provocación por parte de las autoridades, el que luego debió ser liberado como consecuencia de la presión popular. A partir de allí, el Gobierno con ayuda de la jueza GRACIELA RUATA DE LEONE están utilizando la justicia para criminalizar la legitima lucha de los trabajadores petroleros de Las Heras. Los habitantes del lugar, medios periodísticos, personalidades que se han hecho presentes e integrantes de organismos de derechos humanos que se hallan en el lugar coinciden en que en la zona se está viviendo un virtual estado de sitio, con centenares de efectivos de la policía de investigaciones provincial, gendarmes, agentes de la SIDE y otros que mantienen un control y ejercen actos de intimidación y violencia sobre los trabajadores petroleros en conflicto y la población en general.-

La sistemática violación a los derechos humanos tiene como caso paradigmático el del niño Armando Ezequiel Pérez, a quien se lo detuvo y trató por todos los medios de comprometer en la investigación judicial. El adolescente de 14 años fue detenido sin que sus familiares pudieran verlo, y sufrió golpizas y malos tratos tanto durante el procedimiento de su aprehensión como durante la privación de su libertad.-

Los tratos crueles, inhumanos y degradantes mencionados han recaído especialmente sobre familiares y amigos de los trabajadores en conflicto. A ello se suma que las patronales lejos de satisfacer las demandas de los obreros, utilizan la Gendarmería para impedirles el ejercicio de sus derechos. Tal accionar es solo comparable al de ciertas empresas en la ultima dictadura militar ( caso ingenio Ledesma en Libertador San Martín, Provincia de Jujuy, Mercedes Benz, entre otros ).-

Lo dicho tiene su correlato en la situación de extrema violencia institucional desatada contra el pueblo de las Heras, contra los trabajadores que ejercen su legítimo derecho de huelga y de peticionar ante las autoridades. Contra esta violencia institucional la comunidad de Las Heras se reúne diariamente en la Iglesia del pueblo ya que es el único lugar que sienten seguro.-

Vemos con preocupación que las graves circunstancias reseñadas han ido en aumento, como así también la clara decisión política de disciplinar, aleccionar y criminalizar la protesta social y legítima lucha de los trabajadores petroleros de Las Heras.-

Debemos destacar por último, que estos hechos no son aislados, sino que forman parte de una escalada de violencia para frenar las movilizaciones populares, que se viene desarrollando en la Provincia de Santa Cruz desde que el actual Presidente era su gobernador. En ese sentido, es paradigmática la feroz represión que por parte de la patota kirchenista (previa liberación la zona por parte de las fuerzas policiales) sufrieron los manifestantes en Río Gallegos en abril de 2002.

Asimismo, cabe tener presente lo acontecido en Caleta Olivia, donde la jueza GRACIELA RUATA DE LEONE que hoy tiene detenidos a los trabajadores petroleros DARIO VICTOR CATRIHUALA, ALEXIS ALIHUEN PEREZ, RAMON INOCENCIO CORTES, JUAN PABLO BILBAO Y JUAN DOMINGO BILBAO e incomunicados a ABEL ANDRADE, ADRIAN SAUCEDO, JUAN CORDOBA, DANIEL MORALES, OMAR MANSILLA, PABLO MANSILLA, RUBEN BACH, ENRIQUE AGUILAR, DANIEL AGUILAR, JOSE ROSALES, FRANCO GOMEZ, NELSON MENDEZ, MARIO BASTIAS Y JUAN BARRIENTOS; el 24 de junio de 2005 en el marco del conflicto que los trabajadores municipales del norte de Santa Cruz tenían con el estado, dio la orden de detener a los delegados sindicales JULIO PESSOLANO, DAVID ESTERE, PILAR PERALTA Y PEDRO PAILLAGUALA, librando asimismo, 60 órdenes de detención y diseminando a todos los detenidos por las cárceles de la provincia, tal como está haciendo con los detenidos de Las Heras.

El 25 de agosto de 2005, la jueza ordenó el desalojo de un grupo de desocupados que estaban pidiendo trabajo frente a la planta deshidratadora de Repsol YPF en Pico Truncado, efectivizándose la medida con intervención de la policía que a balazos y garrotazos llevaron a la cárcel a los trabajadores y trabajadoras desocupados. Al apersonarse en la cárcel de Pico Truncado a las mujeres detenidas allí la jueza les dijo: " NEGRAS DE MIERDA, EN VEZ DE ESTAR BUSCANDO TRABAJO ESTAN ACA PELOTUDENADO!" ("las Heras Ciudad militarizada" en http://argentina.indymedia.org del 12/3/2006).-

Por lo expuesto, ante la gravedad de los hechos enunciados y teniendo en cuenta que en la actualidad los trabajadores de las empresas petroleras se hallan en paro por la libertad de los presos y el inmediato retiro de la Gendarmería Nacional, solicitamos con urgencia a los diputados de la Nación acompañen el presente Proyecto.-