La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su adhesión a las denuncias, respecto de las presiones recibidas por las cadenas de hipermercados y de electrodomésticos en cuanto cancelar sus pautas publicitarias en diferentes medios de comunicación el fin de semana del 9 y 10 de febrero de 2013, que llevaron adelante, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), la Asociación de Editories de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (AEDBA), la Fundación Libertad de Expresión + Democracia (LED), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Señor presidente:

El anuncio dado por el gobierno por medio del cual se decidió el congelamiento tarifario de productos de supermercados y electrodomésticos hasta el 1 de abril de 2013 trajo aparejado un capítulo cuando menos sombrío respecto a la libertad de expresión.

Varias agrupaciones alegaron que luego de aceptar el convenio debieron acatar, bajo presión de posibles represalias a futuro, la clausula verbal por la cual se les prohibía a los empresarios supermercadistas y de electrodomésticos publicitar sus ofertas en los medios nacionales (gráficos, televisivos y radiales).

Confirmando lo señalado el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) informó el resultado de su Monitoreo de Libertad de Expresión, llevado a cabo el fin de semana en cuestión, luego del cual se observo el levantamiento casi total de avisos de cadenas de hipermercados y de electrodomésticos en medios gráficos y televisivos de varias provincias y localidades del país.

La presidenta de la Fundación Libertad de Expresión + Democracia (LED), Silvana Giúdici, calificó la prohibición de publicitar ofertas en los diarios nacionales como "un hecho claro de censura y de restricción del acceso a la información para los consumidores de todo el país".

Por su parte FOPEA expresó que respeta la libertad de las empresas comerciales de pautar publicidad en el monto, circunstancia y medio que quieran, sobre la pauta de que nunca deben incidir sobre su contenido noticioso y la independencia absoluta entre los sectores informativos y comercial; pero si esa decisión está sustentada en las presiones recibidas desde distintos sectores del poder (en este caso, presuntamente desde la Secretaría de Comercio de la Nación, según se informó en diversos medios), la libre voluntad queda viciada.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Claudio Paolillo, dijo que " la nueva decisión del gobierno de la presidenta Fernández de Kirchner "choca frontalmente" contra los principios de la Declaración de Chapultepec, según los cuales "las presiones" y "la intimidación" coartan "severamente la libertad de expresión y de prensa". Además, dice la Declaración, "la censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes" y "la creación de obstáculos al libre flujo informativo", se "oponen directamente a la libertad de prensa".

La Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (AEDBA) publicó un comunicado adviritendo que "Este bochornoso boicot orquestado por el Estado Nacional no registra antecedentes en la historia de nuestro país" y es "una triste demostración de hasta dónde se puede llegar con el autoritarismo en un contexto dominado por la discrecionalidad y el apriete, la medida tiene como destinatarios privilegiados a los medios que intentan sostenerse de manera genuina con la publicidad privada, ecuación de la que viven los medios independientes en todos el mundo".

Por su parte, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) resaltó que "presionar a los anunciantes para que retiren avisos de medios y utilizar recursos públicos para premiar o castigar a empresas periodísticas por su línea editorial, configuran graves ataques a la libertad de expresión". "Prohibir anuncios privados o amedrentar a las empresas que desean pautarlos son variantes de la censura. La combinación de ambas acciones conduce a un ahogo económico de los medios independientes".

La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), sostuvo que esas "restricciones atentan contra la libertad de expresión" y emitió un comunicado en el que señaló que "observa con grave preocupación y rechaza la prohibición impuesta por el Gobierno argentino a la publicidad de las empresas supermercadistas, lo que constituye un doble atentado contra derechos fundamentales reconocidos internacionalmente: prohíbe la comunicación al público de información útil y necesaria para su toma de decisiones e interfiere en el funcionamiento de los medios de comunicación, restringiéndoles arbitrariamente los recursos provenientes de la publicidad que permiten su auto sustento".

Como detalle paradójico es para mencionar el respaldo dado a la medida de censura por la subsecretaria de Defensa del Consumidor, María Lucila Colombo al expresar que "la promoción principal" es el congelamiento de precios acordado con el Gobierno hasta el 1° de abril. "¿Para qué van a publicitar el mismo precio, que debe mantenerse por 60 días, todos los fines de semana? Va a ser más aburrido que chupar un clavo".

Debemos tener siempre claro que la libertad de expresión comercial está comprendida por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que reconoce el derecho fundamental de todo individuo a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin estar sujeto a censura previa.

Es por lo señalado que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.