La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, y por su intermedio a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), a los efectos de ser informado sobre los siguientes puntos:

1) Si se ha iniciado de oficio o a petición de parte, algún procedimiento administrativo relacionado a sus competencias, tendiente a deslindar responsabilidades por la aparición de 8 kilogramos de cocaína en un vehículo Peugeot Partner, perteneciente a la SEDRONAR, hecho ocurrido el 30 de octubre del 2008.

2) En caso afirmativo se solicita remitir a esta Honorable Cámara copia de las actuaciones sumariales practicadas.

3) En caso de respuesta negativa, indique las razones o los fundamentos por los cuales no se ha iniciado procedimiento administrativo alguno referido al mentado hecho.

Señor presidente:

En fecha 30 de octubre del 2008 fueron hallados ocho kilogramos de cocaína camuflados en una camioneta afectada al funcionamiento de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), dependiente de la Presidencia de la Nación. Sin embargo recién en el mes de diciembre de ese mismo año tomó estado público el mencionado hecho.

El vehículo en cuestión, una camioneta Peugeot Partner, fue cedida a la SEDRONAR tras haber sido secuestrada por las autoridades policiales de la provincia de Santa Fe en octubre de 2007 en un procedimiento caminero. Desde esa fecha en adelante el vehículo estuvo destinado a las actividades de la SEDRONAR. En el mes de octubre de 2008, luego de que el vehículo es llevado a un taller para su reparación, un empleado del establecimiento halla la droga en el interior de la camioneta.

Oportunamente hemos presentado un pedido de informes tendiente a obtener información que permita despejar los múltiples interrogantes y sospechas que un hecho de esta gravedad reviste, y que ha llevado a la apertura de una causa judicial por tráfico de estupefacientes (paradójicamente en un vehículo de la secretaría antidrogas de la Presidencia de la Nación). No menos incertidumbre han generado las elocuentes contradicciones existentes en las declaraciones públicas formuladas por el titular de la SEDRONAR, el señor José Ramón Granero.

En particular nos preocupa saber cuál es el origen de la cocaína hallada, ya que allí podría estar la clave para deslindar responsabilidades respecto del ilícito aludido. Según Granero, la droga descubierta en la camioneta corresponde al procedimiento realizado en Santa Fe, en el cual también se secuestró la camioneta. Pero según fuentes judiciales, tanto la pureza de la cocaína secuestrada en Santa Fe en 2007 y como su envoltorio difieren bastante con la hallada en el vehículo de uso oficial; lo anterior pone en serias dudas que la droga encontrada en el vehículo de marras haya sido "olvidada" en aquél procedimiento.

Si bien no resulta razonable que la droga hallada corresponda al procedimiento ut supra referido, en el hipotético caso que así fuera pondría de manifiesto una absoluta negligencia en el funcionamiento de la SEDRONAR. En tal supuesto deberíamos preguntarnos ¿qué tipo de control realiza la Secretaría sobre los vehículos de uso oficial, máxime cuando los mismos han sido secuestrados en operativos antidrogas? Resulta inadmisible que el propio titular del organismo deslice tal posibilidad y no impulse en forma simultánea una investigación que permita individualizar a los responsables de un hecho de tamaña magnitud. Es que a riesgo de ser reiterativos debemos poner de relieve una vez más que se trata de un hecho con ribetes escandalosos, desde el momento en que observamos que un auto oficial del organismo encargado de luchar contra el narcotráfico ha servido de transporte de las sustancias cuyo tráfico tiene la obligación de combatir.

Del mismo modo es muy preocupante que el titular de la SEDRONAR haya declarado en medios periodísticos que no descarta que la droga "haya sido plantada". El escenario en dicho caso evidenciaría una situación de gravedad institucional alarmante. El señor Granero no puede formular tan ligeramente una acusación de esa naturaleza. Desde esta Cámara tenemos la obligación de requerir al PEN que investigue a fondo y aclare quiénes y con qué objetivo pudieron haber "plantado" la sustancia hallada, en caso de que nos encontráramos ante este supuesto.

Lo concreto es que a casi cuatro meses de ocurrido este gravísimo hecho no hemos obtenido ningún tipo de respuestas por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Creemos que es indispensable se informe sin más dilaciones cuáles son las actuaciones administrativas tendientes a deslindar responsabilidades por el suceso acaecido.

El tráfico de estupefacientes es uno de los flagelos más acuciantes en nuestro país. La omisión por parte del PEN de acciones tendientes a combatir esta realidad -por ej. la falta de reglamentación después de 4 años del Registro Nacional de Precursores Químicos-; la implementación de medidas que favorecen el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico; sumado a hechos de esta naturaleza ponen en crisis la confianza de la ciudadanía respecto del correcto funcionamiento de las instituciones del Estado en relación a una problemática de enorme impacto social.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución