La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

DIRIGIRSE AL PODER EJECUTIVO NACIONAL, Y POR SU INTERMEDIO AL MINISTERIO DE TRABAJO DE LA NACIÓN, PARA QUE INFORME SOBRE EL CONVENIO FIRMADO EL 4 DE FEBRERO ENTRE LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE DIARIOS, REVISTAS Y AFINES Y EL SINDICATO DE CAMIONEROS.

1- ¿EN QUE TÉRMINOS ESTÁ PLANTEADA LA AGREMIACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LAS PLANTAS DISTRIBUIDORAS DE DIARIOS Y REVISTAS?

2- ¿SE TRATA DE UNA AFILIACIÓN COMPULSIVA O ESTÁ SUJETA A LA LIBRE VOLUNTAD DE LOS TRABAJADORES DE LA MENCIONADA RAMA?

3- ¿LOS TRABAJADORES CUENTAN CON LA DEBIDA PROTECCIÓN EN MATERIA DE OBRA SOCIAL Y DEMÁS BENEFICIOS SOCIALES?

4- ¿QUE ACTITUD TOMARÍA EL MINISTERIO ANTE UN BLOQUEO DE LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE EJEMPLARES DE DIARIOS Y REVISTAS?

Señor presidente:

Nuevamente, venimos a alertar sobre formas solapadas de avanzar por encima del derecho supremo de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. Ya lo hicimos tiempo atrás cuando rechazamos los hechos de obstrucción de las salidas de los camiones que se encargan de la distribución de los ejemplares de los diarios Clarín y La Nación, como así también el diario deportivo Olé, suceso ocurrido el 25 de noviembre del año pasado.

En aquella oportunidad, el Sindicato de Camioneros utilizó el método del piquete para hacer valer supuestos derechos de agremiación de los trabajadores de las plantas de distribución, apelando a la extorsión no sólo contra la empresa contratada por los mencionados diarios, sino también condicionando la eventual salida de los periódicos para que sean consumidos por miles de personas.

El hecho mereció una amplia cobertura y una masiva repercusión negativa en las entidades que agrupan a los editores de diarios y periódicos, ante lo que se constituyó como una verdadera avanzada contra la libertad de prensa ya que el piquete afectaba un derecho esencial consagrado por la Constitución Nacional.

Sin embargo, aquel hecho no parece haber sido un elemento aislado sino que contaría con el consentimiento del actual gobierno, según trascendió. El viernes 6 de febrero pasado el Sindicato de Camioneros firmó un convenio para absorber a los distribuidores de periódicos, es decir a los trabajadores de las plantas que distribuyen diarios de tirada nacional.

El convenio se habría celebrado el 4 de febrero en el Ministerio de Trabajo de la Nación entre la Sociedad Distribuidora de Diarios, Revistas y Afines (Sddra) y el Sindicato de Camioneros, lo que le adjudicaría a la familia Moyano un poder que le era ajeno ya que los trabajadores de esta rama estaban encuadrados en otro sindicato con personería gremial independiente.

El diario La Nación, uno de los afectados por aquel piquete que mencionamos al comienzo, recordó en su crónica periodística que "desde hace más de 60 años, el sistema de reparto acordado por editores periodísticos y distribuidores funcionó de forma pacífica, y la entrega de diarios y revistas jamás se vio interrumpida".

En tal sentido, considera que "el ingreso de los Moyano en la relación implica una amenaza a la continuidad del sistema", concepto fue compartido por la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires. La entidad emitió además un comunicado en el que advierte que el convenio "implicaría la ruptura del sistema de comercialización de diarios y revistas", e hizo expresa reserva "del derecho de los editores a proceder como mejor convenga a la defensa de sus derechos e intereses, y a la preservación de la libertad de prensa".

Por su parte, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su "honda preocupación" ante los posibles cambios en la distribución de diarios: ""Son cambios que desnaturalizarían el sistema de distribución de diarios y revistas, que en los

últimos 60 años ha garantizado el reparto igualitario, en tiempo y forma, de las más diversas publicaciones en todo el país", señaló la entidad.

Al parecer, el convenio en cuestión fue celebrado el miércoles entre la Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines (Sddra) y el Sindicato de Camioneros, sin la participación de las empresas editoras.

En este marco de situación, y ante la necesidad de que este Congreso cuente en sus manos con todos los detalles que corresponden para determinar qué seguridad tienen las empresas editoras de diarios y revistas de poder trabajar con normalidad, es que solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.