La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1. Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de los organismos correspondientes adhiera, implemente y aplique la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), adoptando las medidas y acciones necesarias para cumplir con los requisitos de dicha iniciativa, en particular para garantizar la continuidad de la ayuda política de alto nivel.

2. Nombre la autoridad de aplicación a cargo de instrumentar la implementación de la EITI, designe también al grupo de multipartícipes que deberá, de conformidad con los requisitos de la iniciativa, elaborar y llevar a cabo el plan de trabajo, y lleve a cabo todas las tareas conducentes a la implementación y validación del sistema EITI en nuestro país.

3. Invite a todas las provincias a brindar su apoyo y a adherirse a esta iniciativa, a fin de establecer la transparencia de las industrias extractivas como política de estado y procurar que su aplicación alcance también a los ingresos provinciales.

Señor presidente:

Por medio de la Ley N° 24.759, promulgada en fecha 13 de enero de 1997, la República Argentina aprobó la Convención Interamericana contra la Corrupción, firmada en la tercer sesión plenaria de la Organización de los Estados Americanos, celebrada el 29 de marzo de 1996 en Caracas, Venezuela.

En el marco de la mencionada convención, nuestro país se comprometió a considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.

A su vez, el artículo 124 de la Constitución de la Nación Argentina dispone que "corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio".

El aprovechamiento y explotación de los recursos minerales y de los hidrocarburos, por naturaleza agotables, debe realizarse cuidando que efectivamente sea conducente al desarrollo de los ciudadanos argentinos y a la reducción de la pobreza en nuestro país. Por todos los medios debemos intentar que los beneficios por la explotación de nuestros recursos alcancen a los ciudadanos, y especialmente a los más necesitados. En la historia del mundo, hay muchos ejemplos de países que, siendo dueños de una enorme cantidad y calidad de recursos naturales, sin embargo no han logrado reducir su pobreza ni han podido aprovechar dicha riqueza en favor de una mejor calidad de vida de sus ciudadanos.

Un primer paso, fundamental, en pos de este objetivo, radica en procurar la transparencia en cuanto a los pagos que las empresas mineras y/o hidrocarburíferas, ya sean privadas, públicas o mixtas, realizan a los gobiernos, y los ingresos que éstos reciben en relación con dichas actividades, ofreciendo a la ciudadanía una herramienta de control y seguimiento que derive en una mayor responsabilidad de empresas y gobiernos.

En la Argentina, la falta de acceso a la información y la no rendición de cuentas respecto a los ingresos públicos resultantes del aprovechamiento de estos recursos no renovables, genera legítima preocupación, e incluso desconfianza y sospechas de corrupción, en la población.

En el 2003 nació una iniciativa global integrada por naciones, organizaciones de la sociedad civil y empresas (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas; o EITI, por sus siglas en inglés) que ha desarrollado un estándar y una metodología para instrumentar esa rendición de cuentas en torno a la actividad de las industrias extractivas.

Dicha iniciativa, que se ha ido actualizando y enriqueciendo a través de los años, se basa en los siguientes criterios o requisitos mínimos:

"Publicación periódica de todos los pagos sustanciales efectuados por las empresas a los gobiernos relacionados con operaciones petroleras, gasíferas y mineras ("pagos") y todos los ingresos sustanciales recibidos por los gobiernos de empresas petroleras, gasíferas y mineras ("ingresos"), disponible para una amplia audiencia, de manera exhaustiva, comprensible y de fácil acceso público.

Si no existen ya esas auditorías, los pagos e ingresos son objeto de una auditoría independiente, fiable y ajustada a las normas internacionales de auditoría.

Los pagos e ingresos son conciliados por un administrador independiente y fiable, de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, y se publica el dictamen del administrador con respecto a dicha conciliación, incluidas las discrepancias que, en su caso, se hubieran detectado.

Este proceso se extiende a todas las empresas, incluidas las estatales.

La sociedad civil participa activamente en el diseño, el seguimiento y la evaluación de este proceso y hace su aporte al debate público.

Los gobiernos anfitriones preparan un plan de trabajo público, sostenible desde el punto de vista financiero, respecto de todos los aspectos mencionados, con la ayuda de instituciones financieras internacionales cuando haga falta, y dicho plan incluye objetivos mensurables, un calendario para la aplicación y una evaluación de las posibles limitaciones en la capacidad para aplicar dicho plan".

Este estándar o metodología persigue alcanzar los siguientes beneficios para las partes involucradas:

La sociedad civil se beneficiará porque se incrementará la información de dominio público acerca del monto de los ingresos públicos que los gobiernos deben administrar en favor de sus representados.

Los países que decidan implementarlo y aplicarlo mejorarán su clima de inversiones, otorgando una señal de compromiso con la transparencia a los inversores e instituciones financieras.

Las compañías e inversores se beneficiarán porque esta herramienta les permitirá atenuar el riesgo político y de imagen. La transparencia de los pagos que realicen a los gobiernos las ayudará a demostrar el impacto positivo de sus operaciones para el país y la región en donde operan.

Por todo esto, solicito a los señores diputados que acompañen con su firma este proyecto de resolución, solicitando al Poder Ejecutivo Nacional que decida implementar y aplicar el EITI y que invite a las provincias a adherirse a dicho sistema, en favor de la transparencia de los beneficios económicos que generan las industrias extractivas en nuestro país.