La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos correspondientes, envíe una comisión auditora a los efectos de evaluar los precios de los combustibles líquidos en el interior del país, de manera tal de dar cumplimiento al acuerdo realizado entre el Poder Ejecutivo Nacional y las empresas comercializadoras de combustibles durante el mes de enero del presente año, donde se establece la retracción de los precios de las naftas a los precios fijados en octubre de 2007.

Señor presidente:

Durante el final del año 2007 e inicios del 2008, se produjeron incrementos sucesivos en los precios de los combustibles líquidos, afectando considerablemente los bolsillos de los consumidores en todo el país.

A raíz de este aumento, la Secretaría de Comercio Interior inició negociaciones que concluyeron con la firma de un acuerdo entre el Estado Nacional y las empresas petroleras, en función de retrotraer los precios de los combustibles a los importes fijados el mes de octubre del año 2007.

Este acuerdo de precios fue respetado principalmente en las estaciones de servicio de la Capital Federal y de Gran Buenos Aires, pero no así en el interior del país. Caben destacarse ejemplos paradójicos, como lo sucedido en las provincias de Neuquén y de Mendoza: aunque en ambas jurisdicciones se extrae y se refina el petróleo para gran parte del país, no sólo no se respetó el acuerdo, sino que además padecieron situaciones de desabastecimiento de combustible.

Es importante destacar que las provincias productoras de hidrocarburos continúan aún realizando enormes esfuerzos fiscales en materia de regalías hidrocarburíferas, obteniendo una menor rentabilidad del hidrocarburo producido en sus jurisdicciones, para el beneficio de todo el país.

Las empresas firmantes de este acuerdo han logrado en los últimos años ganancias muy importantes a través de la exportación de combustibles, con un precio del barril de petróleo muy inferior a la cotización internacional del crudo, y con bajos porcentajes de retenciones a las exportaciones. Estas empresas, por lo tanto, deben separar el precio que comercializan en el mercado interno, con los precios internacionales de los combustibles, ya que el petróleo que ellos procesan tiene un costo muy inferior al precio internacional.

Es notoria la sensibilidad que tienen los precios de los combustibles en nuestra economía nacional, y particularmente en la inflación. Gran parte de la producción del país utiliza el transporte terrestre de cargas, por lo tanto, un aumento en los importes dispararía los índices de inflación, con el consecuente arrastre de precios a todos los productos en donde la incidencia del transporte es considerable.

Por ello, deben remarcarse las gestiones y los esfuerzos realizados desde el Gobierno Nacional para frenar este aumento de precios. Pero al mismo tiempo, es preciso exigir a las empresas que este acuerdo alcanzado sea respetado en el resto del país, y no sólo en algunas estaciones de servicio que funcionan en la zona metropolitana.

La lucha contra la inflación es una política prioritaria del Gobierno Nacional, pero esta debe ser implementada no sólo en las zonas del país con mayor densidad poblacional, sino también en el resto de las provincias.

Por los motivos expuestos solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.