El Senado y Cámara de Diputados...

ARTICULO 1.- Créase el Fondo Federal de Compensación de los Recursos Coparticipables, con el objeto de restablecer el equilibrio distributivo entre la jurisdicción nacional y las jurisdicciones provinciales, afectado por la implementación de los derechos de exportación aplicados sobre toda la producción primaria nacional, incluyendo la actividad agrícola-ganadera, minera, hidrocarburífera y forestal, y el impuesto a los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente Bancaria.

ARTICULO 2.- El objetivo del Fondo será reintegrar a la masa de recursos coparticipables y en beneficio de las jurisdicciones provinciales, los ingresos resignados por las Provincias, en concepto de pago del impuesto a las ganancias, por aplicación de los porcentajes de derechos de exportación aplicados a los productos detallados en el art. 1º y del impuesto a los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente Bancaria.

ARTICULO 3.- El Fondo estará integrado por el monto equivalente al total de los ingresos resignados por las provincias por el concepto referido en el art. 2º, determinado anualmente por el órgano de administración del Fondo, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración y extraído de recursos del tesoro nacional;

ARTICULO 4.- El Poder Ejecutivo Nacional en acuerdo con las jurisdicciones provinciales dispondrá en el plazo de noventa días (90) días desde la sanción de la presente para dictar las normas de organización, sistema de asignaciones y distribución del Fondo Federal. Será órgano de aplicación el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Hacienda. La jurisdicción nacional será excluida de la distribución de este fondo compensatorio.

ARTICULO 5.- La administración del Fondo realizará anualmente un informe del destino de los recursos transferidos durante el ejercicio anterior, en el que se detallarán los montos por provincias, el cual será publicado íntegramente en el sitio web a crearse específicamente para el seguimiento de la administración del Fondo.

ARTICULO 6.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.-

Señor presidente:

La modificación del régimen cambiario, provocada por lo que se denominó la "salida de la convertibilidad", marcó un punto de inflexión para la realidad del espectro productivo. El paulatino aumento de la cotización en dólares de las materias primas, acompañado por el proceso devaluatorio de nuestra moneda, provocaron un margen de rentabilidad sustentable para toda la actividad.

El aumento en los precios internacionales de los productos agropecuarios y del petróleo, implica que con el mismo esfuerzo productivo, el país obtiene mayores ingresos para su economía. Para que este beneficio sea plenamente aprovechado y distribuído con razonables niveles de equidad, se requiere contar con instrumentos que aporten razonabilidad y justicia distributiva a nuestro esquema fiscal.

A partir del concepto de Estado presente y regulador, el Poder Ejecutivo Nacional irrumpió en el centro de la escena, aplicando a la producción primaria nacional el llamado derecho de exportación, argumentando la legitimación de su implementación en una delegación legislativa contenida en el art. 755 del Código Aduanero y en el Decreto 2752/91.

Más allá del análisis sobre su legalidad tributaria, el ejercicio abusivo y desproporcionado de las "retenciones", se ha convertido en una herramienta que ha vulnerado nuestro sistema federal y el derecho de propiedad garantizado por la Ley Suprema.

Como consecuencia de las arbitrariedades fiscales descriptas, las provincias se han visto privadas del beneficio que la Nación disfruta, haciéndose de las rentas de nuestros productores sin siquiera extender la posibilidad de distribuir esos ingresos y permitir que se inviertan en la misma tierra que los generó. Buena parte de la bonanza fiscal se sustenta en la fuerte trepada de los precios de la soja, el maíz y el trigo que la Argentina vende al exterior. Lo que determinó en el último año una suba de 167% en la recaudación por retenciones a la exportación.

El efecto soja sigue siendo determinante a la hora de proyectar el crecimiento del año. La estimación de recaudación por retenciones a las exportaciones para este año asciende a mas de 27.000 millones de pesos, que serán usufructuados por la Nación sin participación de las provincias. Ante este escenario, menos del 30% del total de recursos obtenidos por el país, son distribuídos en concepto de coparticipación federal, a las provincias.

La realidad es que la tierra está salvando al país, la demanda mundial de granos crece, los precios no paran de escalar y por vía directa el superávit nacional no para de ascender. Sin embargo las provincias empiezan a sufrir el terror del déficit, fortaleciendo la construcción macrocefálica de un país con provincias cada vez mas dependientes del poder central.

La aplicación de las retenciones no solo olvida en su mecanismo de distribución a las provincias, sino que además le arrebata una jugosa porción de una fuente de ingresos coparticipable, como el Impuesto a las Ganancias, no cobrado sobre el monto retenido y por ende absorbido por la retención. La contundencia de las cifras me eximen de mayores argumentos: sobre el monto estimado por retenciones cerealeras para el año 2008, y calculando una alícuota del 35% de impuesto a las ganancias, las provincias pierden una masa de distribución de recursos que asciende a mas de 9.000 millones pesos. Solo por dar un ejemplo, la provincia de Córdoba pierde mas de 900 millones pesos de fondos coparticipables, porque el porcentaje que la Nación retiene deja de tributar a favor del sistema federal.

Pero no solo la aplicación de retenciones afectan a la equidad distributiva, una de las columnas basales de la masa de ingresos del tesoro nacional está hoy representada por el cobro del impuesto a los débitos y créditos en cuenta corriente bancaria. Este tributo fue creado por la Ley 25413 y estableció como porcentaje coparticipable solo el 30 % del total de su recaudación. De tal forma hay un 70% del mencionado impuesto que no se coparticipa, por Resolución de AFIP los sujetos pasivos del impuesto a las ganancias están habilitados a compensar hasta un 34% del tributo coparticipable con los pagos realizados por el impuesto al cheque. Esta suma traducida en dinero, implica que más de 3000 millones de pesos son cooptados por la jurisdicción nacional y no ingresan a la masa coparticipable.

Resulta entonces ineludible abordar el tema de la distribución de los ingresos por retenciones y por el "impuesto al cheque", y en ese camino impulsamos la creación de un Fondo Federal de Compensación de Recursos Coparticipables, tendiente a generar un sistema de restablecimiento del equilibrio fiscal, destrozado por las arbitrariedades tributarias. Dicho Fondo deberá operar como una caja de compensación para las jurisdicciones provinciales que se pierden de cobrar más de 9.000 millones de pesos en impuesto a las ganancias y permita mediante las pautas establecidas por el régimen de coparticipación federal distribuir recursos que alivien la situación crítica de muchas tesorerías locales.

Consideramos que el Fondo debe estar financiado con recursos atados a dos parámetros económicos: el presupuesto nacional - para compensar las inequidades fiscales derivadas de tributos como el impuesto al "cheque"- y el volumen de pérdidas que genera la exclusión de lo abonado por retenciones del cálculo de impuesto a las ganancias.

Hoy observamos una Nación con superávit fiscal aproximado al 3.5 % Producto Bruto Interno (P.B.I) y las Provincias con déficit primarios (Ingresos corriente menos gastos corrientes /sin intereses) a lo que se debe sumar un endeudamiento abultado.

La conclusión a la que llegamos es que una política de estado de un país federal destinada a construir un fuerte superávit fiscal nacional, en detrimento de sus jurisdicciones provinciales, no solo es contradictoria, sino también unitaria e inviable.

En virtud de los argumentos expuestos solicito a mis pares acompañen son su voto afirmativo la iniciativa en tratamiento.-