La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través del organismo que corresponda:

1) Ordene realizar investigaciones en suelo en el radio próximo a plantas incineradoras de residuos, como así también en la sangre de las personas que habitan en las localidades en donde funcionan dichas plantas, a fin de que se determine el grado de contaminación del ambiente y los seres humamos, que obligue el cierre inmediato de dichas plantas.

2) Ordene el resarcimiento sanitario y económico tanto de las personas como del ambiente que allí cohabitan, a cargo de los empresas habilitadas como explotadoras de las plantas incineradoras de residuos.

Señor presidente:

En el año 2001 la Argentina adhirió al Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, el cual fue ratificado en el 2004, el mismo promulga que "los orgánicos persistentes tienen propiedades tóxicas, son resistentes a la degradación, se bioacumulan y son transportados por el aire, por el agua y las especies migratorias a través de las fronteras internacionales y depositados lejos del lugar de su liberación, acumulándose en ecosistemas terrestres y acuáticos. Consientes de los problemas de salud, especialmente en los países en desarrollo, resultantes de la exposición local a los contaminantes orgánicos persistentes, en especial los efectos en las mujeres y a través de ellas, en las futuras generaciones.."

El Convenio, además , identifica a todos los incineradores de residuos, incluyendo los hornos de cemento que queman residuos peligrosos, como fuentes importantes de dioxinas, furanos y bifenilos policlorados, o PCBs, y recomienda el uso de técnicas alternativas para evitar la generación de estos contaminantes. Por otra parte el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) afirma que los incineradores son responsables del 69% de las emisiones de dioxinas en todo el mundo.

La incineración, en particular de residuos sólidos urbanos, se identificó como la mayor fuente de dioxinas, en la década de los ochenta y principio de los noventa.

En países industrializados llegan a representar una proporción, de entre el 40 y el 80%, de las emisiones a la atmósfera de dioxinas. Los datos reales pueden ser incluso mayores, debido a imperfecciones en la metodología de la mayoría de los inventarios de dioxinas que estiman las emisiones atmosféricas de los incineradores.

El hecho de vivir cerca de las incineradoras, así como de trabajar en ellas, se ha asociado con un amplio rango de efectos en la salud, entre los que se incluyen: cáncer (en adultos y niños),

impactos adversos en el sistema respiratorio, enfermedades del corazón, efectos en el sistema inmunitario, incremento de la alergias y malformaciones congénitas.

Las poblaciones que residen cerca de incineradores se encuentran potencialmente expuestas a productos químicos, bien por inhalación del aire contaminado, por el consumo de productos agrícolas locales (verduras, huevos y leche), o por el contacto directo con el suelo contaminado. Se ha detectado un incremento significativo de los niveles de dioxinas en tejidos corporales de personas que viven cerca de incineradores.

Los incineradores son ademas una fuente principal de contaminación con mercurio. Se conoce al mercurio como una poderosa neurotoxina, que deteriora las funciones motoras, sensoriales y cognoscitivas, y la contaminación con mercurio está esparcida. Los incineradores son también una fuente significativa de otros metales pesados contaminantes, como el plomo, cadmio, arsénico, cromo y berilio, Sumado a esto otros hidrocarburos halogenados (que no son las dioxinas); gases ácidos, precursores de la lluvia ácida; efluentes particulados, que deterioran las funciones pulmonares; y gases del efecto invernadero. Sin embargo, la caracterización de las emisiones contaminantes de los incineradores se halla aún incompleta, y muchos compuestos aún no identificados están presentes en las emisiones al aire y en las cenizas.

Los operadores de los incineradores con frecuencia alegan que las emisiones al aire están "bajo

control", pero la evidencia indica que esto no es así. En primer lugar, para muchos contaminantes, como las dioxinas, cualquier emisión adicional resulta inaceptable, en segundo, en nuestro pais el monitoreo de las emisiones es irregular y sumamente defectuoso, por lo que ni siquiera se conocen verdaderamente los niveles de emisiones actuales y tercero, la información existente indica que los incineradores son incapaces incluso de ajustarse a los estándares regulativos actuales.

Cuando los equipos de control de la contaminación del aire funcionan, remueven los contaminantes del aire y los concentran en la ceniza volante, creando una masa de residuos peligrosos que necesita un posterior tratamiento. Por lo tanto, el problema de las emisiones contaminantes no está resuelto; los contaminantes son simplemente trasladados de un medio (aire) a otro (sólidos o agua). La ceniza de los incineradores es altamente peligrosa, pero por lo general está deficientemente regulada. Ni siquiera es segura su disposición en rellenos sanitarios; ya que los rellenos sanitarios tienen pérdidas; pero en algunos lugares la ceniza es dejada expuesta a los elementos o incluso esparcida en áreas residenciales o productoras de alimentos.

Con frecuencia los incineradores son instalados en barrios mas humildes o próximos a pequeñas poblaciones, con la teoría de que los sectores de la población políticamente débiles serán menos capaces de resistirse, lo que es una violación a los principios básicos de la justicia ambiental.

Los incineradores modernos son por lejos la propuesta más costosa para el manejo de residuos; los costos de construcción solamente pueden ser de millones de dólares. Los costos de construcción y operación de un incinerador son inevitablemente sostenidos por el público.

Los incineradores generan muchos menos puestos de trabajo por tonelada de residuos que las tecnologías y prácticas alternativas, como el reciclaje. Por lo general los incineradores también desplazan a las redes informales de reciclaje ya existentes, causando mayores privaciones a los

más pobres entre los pobres.

La falta de capacidad de monitoreo significa que los incineradores podrán ser aún más contaminantes de lo que se considera que son.

Organismos como la GAIA (Alianza Global para Alternativas a la Incineración) promulgan que los rellenos sanitarios no son una alternativa viable, ya que son insustentables y ambientalmente problemáticos. En lugar de eso, las alternativas deben atacar la entera noción de la disposición de residuos, reciclando todos los materiales en desuso de vuelta a la economía humana o la naturaleza misma, y por lo tanto aliviando la presión ejercida sobre los recursos naturales. Para hacerlo, proponen a su vez tres supuestos sobre el manejo de residuos, los que deben ser reemplazados por tres nuevos principios a saber: en lugar de asumir que la sociedad va a producir cada vez más cantidad de residuos, debe darse prioridad a la minimización de los residuos. Los elementos desechados deben ser segregados para que cada fracción pueda ser óptimamente compostada o reciclada, en lugar del sistema actual de disposición de residuos mezclados. Y las industrias deben rediseñar sus productos para facilitar su reciclaje al finalizar su vida útil. Estos principios se aplican a varias clases de residuos.

Estudios realizados por ambientalistas indican que si bien es cierto que los residuos potencialmente infecciosos necesitan un tratamiento y una disposición, existen varias tecnologías disponibles alternativas a la incineración para desinfectar los residuos. Estas tecnologías son generalmente más baratas, técnicamente menos complejas, y menos contaminantes que los incineradores.

En los Estados Unidos, los intereses comerciales y una perceptible crisis de los rellenos sanitarios condujeron a un boom en la instalación de incineradores en la década de los ´80. Pero el boom engendró un movimiento masivo de grupos de base que derrotó a más de 300 propuestas de construcción de incineradores de residuos municipales. Los activistas lucharon para elevar los estándares de emisiones y eliminar los subsidios, lo que virtualmente cerró la industria para fines de los ´90.

En Japón, el país con un uso más intensivo de incineradores en la Tierra, la resistencia a la incineración es casi universal, con cientos de grupos anti-dioxinas operando en toda la nación.

La presión pública ejercida ha tenido como resultado el cierre de más de 500 incineradores en los años recientes, pero las corporaciones y el gobierno japonés están todavía basados en una fuerte inversión en la industria de la incineración.

En Europa, la resistencia ha tomado la forma de la implementación de alternativas. Algunas áreas han reducido dramáticamente la generación de residuos, aún aunque las poblaciones hayan ascendido. Como resultado, hay muy poco mercado para nuevos incineradores en Europa.

En Mozambique, los ciudadanos se organizaron más allá de los límites de clase y color, para formar la primera organización indígena ambientalista del país. Ampliamente aclamada como el retorno de la sociedad civil luego de la guerra civil, la organización resultó exitosa en detener una propuesta para incinerar pesticidas en un horno de cemento en un vecindario residencial.

En otras partes, los activistas han tenido que recurrir a las protestas y a la acción directa para detener la incineración. Sin embargo, la oposición pública se está viendo cada vez más manifestada en la ley. Jurisdicciones en 15 países han promulgado prohibiciones parciales a la incineración, y un país, Filipinas, ha prohibido toda forma de incineración.

La ley internacional cada vez mas respalda la propuesta de terminar con la incineración. Existen tres principios de la ley internacional - el de precaución, prevención y el de limitar los efectos del transporte transfronterizo- dirigidos a la incineración.

Se cita a la precaución en los Convenios de OSPAR, LRTAP, Bamako y Estocolmo y en la Declaración de Río, entre otros documentos. La precaución argumenta que la incineración debería ser evitada, debido a que es efectivamente un proceso descontrolado que genera productos derivados no intencionales desconocidos, y debido a que muchos de esos productos derivados ya están afectando a la salud humana.

Se hacen amplias referencias a la prevención y la minimización en la ley internacional, más específicamente en el Convenio de Bamako, en donde se define explícitamente a la incineración como incompatible con las prácticas de prevención y Producción Limpia.

Limitar los efectos del transporte transfronterizo es un principio común de la ley internacional, y sin embargo los productos no intencionales derivados de la incineración, debido a que son transportados globalmente, contradicen claramente este principio.

El Convenio de Estocolmo, si bien no prohíbe la incineración, introduce severas restricciones para su uso. Cuatro de los 12 químicos que el Convenio toma como objetivo son productos no intencionales derivados de la incineración, y el Convenio llama a su continua minimización y eliminación. El Convenio de Estocolmo habla, significativamente, de descargas totales, no sólo emisiones al aire, y llama claramente a los países a prevenir la formación - no sólo la descarga - de estos químicos. Ya que la formación de esos cuatro químicos resulta inevitable en la incineración, esta medida emite una clara señal de que el fin de la incineración está marcando su hora.

Por todo lo expuesto invito a mis pares acompañen con su firma el presente proyecto para su aprobación.