La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Instar al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de los organismos que corresponda, proceda a concretar los beneficios fiscales y de apoyo económico no reintegrable establecidos en la Ley 25.080 de Inversiones en Bosques Cultivados, con el agilizando la operatoria y utilizando la totalidad de los recursos asignados por el Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Administración Nacional.-

Señor presidente:

A través de la ley 25.080, sancionada en diciembre de 1998, se fijó la meta de incrementar la superficie forestada en un millón de hectáreas en sus diez años de vigencia. Esto significaría que a las hectáreas ya implantadas en la campaña 2.000, se le adicionaría un millón de hectáreas más. Con esto sólo se alcanzaría para satisfacer la demanda nacional de productos forestales y dejar un pequeño saldo exportable.

Durante la década del '90, el diez por ciento del déficit de la balanza comercial de nuestro país se debió a la importación de productos forestales, llegando a un monto entre 1.000 y 1.500 millones de dólares por año.

La ley apunta por tanto a contar con materia prima e insumos forestales para conjurar dicho déficit. Las medidas claves comprenden a pago de incentivos a las nuevas plantaciones y estabilidad fiscal en el largo plazo (y medidas conexas) para lograr industrias que la consuman, creando fuentes de trabajo y mayor valor agregado a la materia prima.

Lamentablemente, se ha observado demoras y dificultades en la aplicación de la ley y en la resolución de problemas de implementación de la misma. De este modo no se cumplen los objetivos de la ley, ni las expectativas de los productores y se está muy lejos reflejar la potencialidad del país.

Según se manifestó en el Foro Forestal del NEA, reunido en diciembre de 2005, de las 100.000 hectáreas anuales que se lograron plantar respectivamente en 1999 y 2000, con la entrada en vigencia de la ley, se estima que en el año 2004 no se superaron las 40.000 hectáreas.

El Foro Forestal del NEA es una entidad representativa del sector, congregando entre otros a AfoA Regional NEA (Asociación Forestal Argentina), AFOME (Asociación Forestal Mesopotámica), AMAYADAP (Asociación maderera aserraderos y afines Alto Paraná), APICOFOM (Asociación Productores Industriales, Comerciantes Forestales de Misiones) y COIFORM (Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones).

Durante el 2005 se ha intentado regularizar los subsidios y con esto ha mejorado la superficie plantada, pero aún no se han regularizado los beneficios de orden fiscal de este régimen, lo que pone en peligro el futuro de toda la operatoria. El Foro mencionado, recalca que las falencias apuntadas no se deben a la falta de presupuesto o de promoción, ni a la carencia de un plan de acción para atender las áreas sustanciales del sector. Indica que existe una evidente inoperancia, que se evidencia por ejemplo en que a 6 años de vigencia de la ley, el beneficio de devolución del IVA no ha podido ser gozado por ningún productor, a pesar de que de acuerdo a la ley se deberían efectivizar a los 360 días de realizada la inversión.

La Asociación Forestal Mesopotámica (AFOME) puntualizó en octubre 2004 "que se han mezclado una serie de hechos técnicos, legales y administrativos y políticos que han conformado un panorama muy confuso y de difícil resolución. ". Se denuncia asimismo la inoperancia de los funcionarios encargados de la operatoria. Asimismo indica que las superficies forestadas desde el año 2000 no cubren siquiera las superficies taladas en el mismo período; o sea que cumplido el 60 por ciento de la vigencia de la ley, no solamente no se ha incrementado la superficie forestal en 600.000 hectáreas, sino que por el contrario el país tiene un saldo negativo y se ha descapitalizado en términos de riqueza forestal.

Asimismo la Asociación Plantadores de Trabajo de Misiones, que desde el año 1999 viene promoviendo la forestación como una alternativa de diversificación productiva, plantea la necesidad de garantizar la continuidad y el respeto del criterio a seguir en la aplicación de la ley 25.080, que actualmente depende de la discrecionalidad de los funcionarios de turno. En este caso se trata de 5.500 productores que confiaron y apostaron a la forestación como un actividad complementaria al tabaco, que está sufriendo vaivenes en su política nacional.

Del conjunto de estas consideraciones, surge la necesidad de mejorar la aplicación de la ley 25.080, que es un instrumento apto para el desarrollo del patrimonio forestal y que fuera recibida muy favorablemente en el momento de su sanción, generando grandes expectativas en todos los sectores involucrados.

Por estas razones brevemente expuestas, se solicita la aprobación del presente proyecto de resolución.-