La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación el urgente cumplimiento de la Cláusula Tercera del Convenio Nº 14/2004, celebrado entre el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires, ratificado por la Ley Nacional 26.357 y por la Ley Local 2.257, en lo referente a la designación de un representante a los efectos de la estimación y liquidación de los recursos a transferir, en virtud del traspaso de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma.

Señor presidente:

Con fecha 1 de Junio de 2004 se suscribió entre el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires el Convenio Nº 14/2004 ("Convenio"), cuyo objeto era la transferencia progresiva de competencias penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

En consecuencia de ello, el Sr. Procurador General de la Nación dicta la Resolución Nº 32/08 por la que se establece que a partir del 9 de julio de 2008 son de competencia de la Ciudad los delitos contemplados en el art. 1º del Convenio mencionado, y en este sentido, la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires dicta Resolución Nº 54/08.

Ahora bien, es la cláusula tercera del "Convenio" la que establece que la transferencia de las competencias penales debe ser acompañada de los recursos necesarios que permita el funcionamiento satisfactorio de la administración de justicia, en las materias cuyo juzgamiento se transfieran, asimismo, establece un mecanismo para la liquidación de estos recursos, y para tal fin cada una de las partes debe designar un representante.

En cumplimiento a ello, la Ciudad de Buenos Aires, mediante el decreto 455/08 designó al Señor Ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad Dr. Guillermo Tristán Montenegro, como representante de la Ciudad, no haciendo lo suyo hasta el día de hoy el Estado Nacional, pese a las reiteradas notas dirigidas a éste solicitando el cumplimiento de lo acordado en cuanto a este punto.

Surge así, que al no cumplir el Estado Nacional con esta simple obligación, dilata indefinidamente el giro de los fondos necesarios para la continuidad de la prestación de los servicios de justicia transferidos a la Ciudad, dificultando ello la prestación de este servicio, y generando un perjuicio económico para la Ciudad y sus vecinos, el cual, desde la firma del "Convenio" hasta el mes de Enero de 2010, ha sido cuantificado por la Dirección General de Relaciones Fiscales del Gobierno de la Ciudad en $113.304.335,72.

Tenemos la certeza, y así lo manda la Constitución Nacional, que la transferencia de competencias a la Ciudad se debe hacer con los recursos necesarios para sostenerlas, para de esta forma evitar resentir el buen funcionamiento de la activad estatal, tanto federal, como local. En conclusión para que los derechos de los ciudadanos no se vean menoscabados.

Desde la reforma de la Constitución Nacional en 1994, los avances por la Autonomía de la Ciudad han sido escasos y lentos, si a ello sumamos el perjuicio económico que el incumplimiento por parte del Estado Nacional está generando al mantener una postura indiferente frente a los constantes reclamos de la Ciudad para comenzar a liquidar los recursos necesarios a transferir, resultan entonces imperioso que nosotros como legisladores y responsables de velar por el respeto del Federalismo y de la Autonomía de la Ciudad consagrada por nuestra Carta Magna, ayudemos a avanzar en la concreción de una Ciudad Autónoma.

En esta línea, es que solicitamos al Poder Ejecutivo designe urgentemente a su representante, en cumplimiento de la cláusula tercera del Convenio.

Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto.