La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más profunda preocupación por el incumplimiento de los contenidos mínimos de la "Agenda de Género Período 2008- 2010", aprobada en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación el 12 de marzo de 2008, toda vez que de los 36 puntos contemplados en el compromiso asumido, solo se aprobaron parcialmente dos de ellos, desconociendo una vez más el deber del Congreso de la Nación impuesto por el artículo 75 inc. 23 de la Constitución Nacional, como las obligaciones contraídas por el Estado Nacional, a través de diversos tratados internacionales de derechos humanos, en particular la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 75 inc. 22 C.N.) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belem do Pará).

Señor presidente:

El período legislativo 126 se presentó auspicioso para la lucha de las mujeres. En la primera sesión del año 2008 se aprobaba la "Agenda de Género Período 2008-2010" con 196 votos por la afirmativa, 6 abstenciones y la presencia de numerosas mujeres y organizaciones comprometidas con los derechos de las mujeres.

Los votos y la versión taquigráfica de la sesión dan cuenta del consenso alcanzado en relación con el compromiso a dar tratamiento legislativo a los contenidos mínimos que contempla esa Agenda en cuanto a garantizar los derechos fundamentales de las mujeres y el principio de igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres.

Sin embargo la falta de tratamiento de la mayoría de los proyectos refutan esa manifestación de voluntad y quebrantan el compromiso asumido por el cuerpo en la aprobación de una agenda parlamentaria temática.

La "Agenda de Género Período 2008- 2010" tiene treinta y seis puntos de los cuales sólo se aprobó la modificación al Código Civil respecto de la edad mínima para contraer matrimonio, igualando la situación de hombres y mujeres, y las modificaciones al Código Penal y a la Ley Nº 24.660 ampliando los supuestos en los que los jueces pueden determinar el cumplimiento de la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en los casos de mujeres con hijos menores de cinco (5) años o discapacitado. Cabe señalar que estas dos modificaciones son solo una parte de dos de los puntos, que de ningún modo se agotan en estos cambios. Todavía subsisten numerosas reglas en el Código Civil que brindan un tratamiento diferenciado y discriminatorio a las mujeres respecto de los hombres. La modificación a la 24.660, habilita la posibilidad de que mujeres madres privadas de libertad cumplan su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, empero, ninguna norma acompaña el mejoramiento de las condiciones de detención para aquellas mujeres madres que deban continuar alojadas por orden del juez en unidades penitenciarias junto son sus hijos menores de cinco (5) años.

El balance a un año de la aprobación de la Agenda de Género es vergonzoso e irritante.

Quedan pendientes de tratamiento temas tan trascendentales como: el reconocimiento de la jerarquía constitucional de la Convención de Belém do Pará; una ley de prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y de atención a las víctimas; la prevención y asistencia a las víctimas de delitos sexuales, de la trata de personas y de explotación sexual; la elaboración de un plan de real igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y varones; la jerarquización de una institución especializada en políticas públicas para la promoción y protección de los derechos fundamentales de las mujeres y el principio de igualdad y no discriminación dentro de la estructura del PEN; el diseño de mecanismos que garanticen el acceso de las mujeres a órganos y puestos de jerarquía en el sector público para lograr la paridad entre mujeres y varones; la implementación de medidas para asegurar la plena vigencia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, con especial consideración de las recomendaciones de los organismos encargados del monitoreo de los tratados internacionales de Derechos Humanos y la garantía del cumplimiento estricto del principio de no regresividad; reformas para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres a través de la reglamentación de la acción de amparo individual y colectivo, entre otras; la revisión integral de la Ley antidiscriminatoria ley; incluyendo la ampliación de los factores discriminatorios, la incorporación de la no taxatividad de su enumeración, la especificación de la configuración de la discriminación por intención o por resultado y la inclusión del concepto de categorías sospechosas; reformas en la legislación laboral que aseguren la igualdad real de trato entre varones y mujeres; la prevención, sanción y erradicación del acoso sexual en el ámbito laboral; medidas para que el acceso y el ascenso en el ámbito laboral sean en condiciones de igualdad de oportunidades; la creación de mecanismos ágiles e idóneos para el reclamo por despidos por embarazo o maternidad; la reforma al régimen laboral del empleo doméstico; la ampliación de la Ley 24.716 a todas las patologías que exijan cuidados intensivos para el recién nacido; la modificación de la ley de contrato de trabajo para garantizar el efectivo goce del derecho de contar con salas de cuidados infantiles; una reglamentación que evite la publicidad discriminatoria y la prevención de la violación de los derechos humanos de las mujeres en los contenidos televisivos, así como la promoción de políticas en medios de comunicación para la concientización y protección de los derechos de las mujeres; la fijación de mecanismos de actualización en la sentencia de juicio por alimentos; el reconocimiento de responsabilidades domésticas compartidas en la atención del hogar y la crianza de hijos/as; la consagración de efectivas licencias por paternidad; la reforma a las normas de disolución patrimonial del matrimonio y la fijación de compensaciones al cónyuge que atendió las labores domésticas y cuidados de los niños/as; la modificación del régimen de filiaciones para eliminar normas discriminatorias; la revisión del Código Penal en cuanto a la incorporación de la figura del reconocimiento de la imputabilidad disminuida en el estado puerperal de la madre; la revisión integral de la Ley 24.270; la reforma de la normativa tributaria y de la seguridad social para garantizar la igualdad real de trato entre mujeres y varones; el reconocimiento de que la asignación por maternidad esté incluida en las asignaciones que correspondan al sistema previsional; el derecho a la asignación por maternidad de las mujeres bajo el régimen monotributista; el mejoramiento del sistema de pensiones de madres con más de 7 hijos; medidas para la integración económica de las mujeres, el acceso al crédito, a la propiedad y al trabajo, así ; reconocimiento de la contribución económica de las mujeres desde la economía informal y del cuidado, entre otras..

Se nos podrá apuntar que alguno de estos temas, tiene la aprobación de alguna de las Cámaras del Congreso de la Nación, pero lo innegable es que no hay leyes sancionadas en estas materias.

La aprobación de esta declaración es la renovación del compromiso vulnerado, no solo respecto de las numerosas mujeres que esperan de sus representantes el mejoramiento de su situación legal en pos de una efectiva promoción y protección para el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales y la remoción de obstáculos para lograr una igualdad real entre varones y mujeres, sino también respecto del reconocimiento de la deuda que mantenemos como representantes del pueblo de la Nación, y el deber de honrar el compromiso asumido hace un año.