La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Citar, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y 204 del Reglamento de la H. Cámara de Diputados de la Nación, a la Señora Ministro de Economía, Felisa Miceli, a concurrir al recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, para informar acerca de los siguientes puntos:

a) Explique los efectos que tendría en materia de pérdida de mercados externos la prohibición de exportación de carnes y derivados, tanto en materia de volúmenes comprometidos, volúmenes potenciales para los próximos cinco años y monto de pérdidas en divisas, anuales y quinquenales.

b) Explique los efectos que tendrá esa medida en materia de pérdida de puestos de trabajo, directos e indirectos, en la cadena exportadora cárnea y en la cadena agroindustrial relacionada.

c) Explique los efectos de la medida en la ruptura de compromisos internacionales asumidos por el sector exportador, medido en volumen y en divisas.

d) Explique la estimación del monto de indemnizaciones que tendrá que afrontar el Estado Nacional por la medida, con motivo de los perjuicios que la misma generará a trabajadores del sector, exportadores y empresarios de la cadena agroindustrial asociada.

e) Explique cómo se compadece la medida con la anterior decisión del gobierno de limitar la faena de animales de menos de un peso determinado.

f) Explique, a criterio del Poder Ejecutivo, en qué medida influyen la falta de existencias ganaderas y la consecuente falta de oferta, en el aumento del precio de la carne.

g) Explique el efecto de la medida en la proyección de la oferta de carne para los próximos cinco años.

h) Explique qué medidas piensa implementar el Poder Ejecutivo a los efectos de incrementar la oferta de carne en los próximos cinco años.

i) Explique de qué modo se compadece la medida con las disposiciones del Decreto 2284/91, ratificado por el artículo 29 de la ley 24.307 y de la Resolución Nº 259/92 del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos y sus modificatorias, que prohíben la sanción de actos que limiten la oferta y la demanda de bienes y servicios.

j) Otros aspectos vinculados con el tema en cuestión.

Señor presidente:

La medida del Gobierno Nacional de suspender la exportación de carnes rojas por 180 días representa en lo mediato e inmediato uno de los mayores desaciertos de este Poder Ejecutivo en materia de política económica, desde la salida de la convertibilidad.

Con la salida abrupta, irregular y desigual del marco monetario establecido por la ley de convertibilidad, la previsibilidad jurídica en nuestro país entró en el terreno de lo "incierto". La ruptura de los contratos vulneró uno de los principios esenciales del Estado de Derecho, así como las reglas básicas de cualquier política económica en lo que se refiere a la posibilidad de proyectar e invertir con "Seguridad Jurídica".

La suspensión de las exportaciones cárnicas es una medida que el Gobierno Nacional implementa sin tomar conciencia de que sus decisiones tienen la envergadura de políticas de estado para el futuro y para el resto del mundo. La Argentina no es una isla ni es sólo hoy; también será mañana y en ese mañana influyen las medidas que se toman ahora.

Suspender las exportaciones es inmiscuirse en los contratos entre particulares, amén de castigar el empleo, generar desaliento a la producción y a la inversión y de atentar contra el espíritu emprendedor de la cultura empresaria de nuestro país. Este tipo de actos que en derecho se denominan "Actos del Príncipe", son cambios en las reglas de juego que han atentado sistemáticamente en nuestro país contra el pequeño y mediano empresario que intentó desarrollar su industria.

Lo que el último brote de aftosa no logró es decir, el cierre de las exportaciones de carne, el Gobierno Nacional lo concreta suspendiéndolas. Mientras nuestra nación se esfuerza en convertirse en un país libre de aftosa con vacunación, el gobierno genera el efecto inverso al buscado, en una producción en la que son necesarias inversiones a largo plazo, una enorme dosis de previsibilidad y la recuperación de la confianza de nuestros compradores. Esta suspensión da por tierra con todas esta premisas.

¿Quién se va hacer cargo de los contratos rescindidos y de la pérdida del trabajo de muchos de los obreros especializados de la carne?

¿Qué van a hacer el Poder Ejecutivo el día 181, en el mes de septiembre, mes que coincide con la salida de período invernal y es por lo tanto el de menor oferta de hacienda terminada?

La Argentina necesita una definición estratégica de qué quiere hacer con su producción de carne. Pretender que la carne tenga un valor para el consumo interno y otro para la exportación es desconocer cómo funciona una economía globalizada. Suspender las exportaciones no va a conseguir los resultados deseados, porque ellas solamente representarían un aumento de la oferta en el mercado interno de un 7% anualizado, lo que no alcanzaría para bajar los precios para una demanda interna que es mayor. Pero al mismo tiempo, la medida sí va a tener éxito en frenar las compras dentro de la cadena agroindustrial y desactivará toda inversión en ella, ya que las alternativas de otras producciones van a ser mucho más rentables, como es el caso de la soja. Eso empeorará la situación presente en el futuro.

La única solución a este problema es el aumento de la producción de carnes vacunas y de otras carnes alternativas y concretar un Plan Ganadero Nacional por ley, para darle a la cadena agroindustrial el marco de previsibilidad a largo plazo. La otra alternativa es seguir como hasta ahora y que la carne continúe subiendo porque no hay incentivos para invertir. El resultado es que la producción va a caer y no alcanzará, tampoco, para abastecer el mercado interno.

Las exportaciones del año 2005 fueron de 770.000 toneladas equivalentes a 1390 millones de dólares. Los cortes Hilton representan 28.000 toneladas. El consumo interno es de 2.400.000 toneladas. Con esta suspensión quedaría sólo autorizada la exportación de 170.000 toneladas, de las 770.000 exportadas en 2005 y se pretendería agregar las restantes 600.000 toneladas de exportación, al consumo interno.

Si a los 12 millones de cabezas que se faenan anualmente se le agregaran 50 Kg., más a cada una, ello representaría las mismas 600.000 toneladas de más en el año que es lo que se busca agregar al mercado con esta medida. Sin embargo, el gobierno se negó a dar incentivos para llegar a ese resultado y ahora toma una medida que sólo puede agravar el problema.

Además de lo anterior, no es posible descartar que el Estado, todos los argentinos, deba afrontar indemnizaciones por las pérdidas que genere arbitrariamente, a lo que se suma una pérdida de imagen de tremendas consecuencias para nuestra nación y sus habitantes presentes y futuros. Si sólo se permitiera la exportación de cortes de la Cuota Hilton, las pérdidas anuales a valores de hoy serían de 1.200 millones de dólares en toda la cadena productiva, que podría tener que afrontar el contribuyente.

La ministra del área debe dar explicaciones al respecto a los representantes del pueblo, tal como lo establece la Constitución.