La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Encomiéndase al Señor Presidente de esta Honorable Cámara se sirva remitir al Sr. Procurador General de la Nación una copia certificada del discurso pronunciado por la Señora Presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa el pasado 1º de marzo, a fin de que el Ministerio Público Fiscal adopte las medidas tendientes a la investigación y persecución de los delitos denunciados por la Sra. Presidente en dicha oportunidad, en particular, los vinculados a la conducta de los jueces en materia penal.

Señor presidente:

La Señora Presidente de la Nación mencionó en su discurso ante la Asamblea Legislativa, el pasado 1 de marzo, cuestiones de extrema gravedad.

Entre sus dichos, denunció que los precios de las excarcelaciones y las eximiciones de prisión se encuentran "tabulados". Con ello significó claramente que existe un estado de corrupción generalizado en sede de los tribunales en materia penal, en donde aparentemente sus jueces cobrarían sumas de dinero por otorgar excarcelaciones y eximiciones de prisión. Al sostener que aquellos estipendios ilícitos se encuentran "tabulados", ello importaría pues que existe un estado generalizado de corrupción y que las prácticas de soborno son habituales y se encuentran sujetas a ciertos estándares de "precio".

La Sra. Presidente sostuvo: "Necesitamos jueces que no dejen salir por una puerta, porque están tabulados los precios de excarcelaciones o eximiciones de prisión y entonces los criminales que entran por una puerta salen por la otra".

También acusó a los jueces de fallar de acuerdo con la tapa de un diario matutino y no con el Código Civil o el Código Penal.

Se trata de acusaciones de extrema gravedad que merecen ser investigadas y de ser verificadas, actuar en consecuencia.

La liviandad en el uso de palabras y conceptos sin contar con evidencia que pruebe los dichos pone en riesgo la credibilidad de las instituciones republicanas. En este caso, se ataca la independencia y el funcionamiento del Poder Judicial sin mayores precisiones.

Estas situaciones no pueden dejarse pasar. Merecen ser investigadas porque si los dichos fueran correctos las instituciones que deben estar aplicando los mecanismos disciplinarios y acusatorios de magistrados merecen ser informadas.

Todo funcionario público está obligado a denunciar delitos de cuya ejecución conociere. Si así no lo hiciere, ello mismo también podría llevar aparejado alguna responsabilidad penal que debe ser dilucidada.

Dado que estas acusaciones al desempeño en uno de los poderes del Estado y considerando han sido vertidas por quien ocupa la más Alta Magistratura de la Nación frente a la Asamblea Legislativa, es imperioso poner en marcha una investigación que verifique o no los dichos de la Señora Presidente.

Es por ello que solicitamos que el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación solicite al Procurador General de la Nación el inicio de una investigación al respecto.

Dado el carácter de extrema gravedad de la situación planteada, y considerando que el buen funcionamiento del sistema republicano depende de detectar irregularidades o de controlar abusos o exabruptos por parte del Poder Ejecutivo Nacional ante otro poder del Estado, es que solicitamos a nuestros pares acompañen el presente proyecto de resolución.-