La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a través de los organismos correspondientes, se sirva informar a esta Honorable Cámara respecto al funcionamiento del Programa de Terminalidad Educativa para trabajadoras y trabajadores con discapacidad, y en particular responda las siguientes preguntas:

1- Detalle el presupuesto del programa para los años 2011, 2012 y 2013.

2- Detalle la cantidad de beneficiarios del programa por provincia y por año para el período 2011-2012.

3- Envíe copia certificada de los acuerdos firmados con las provincias para dar cumplimiento al mencionado programa.

4- Informe detalladamente las investigaciones realizadas para conocer las características en formación de las personas con discapacidad que requieren servicios en la Secretaria de Empleo del MTE y SS.

5- Identifique las evaluaciones, internas y externas, realizadas al programa desde su creación.

Señor presidente:

La Constitución Nacional en el art. 75 inc. 23 establece que corresponde al Congreso legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de las personas con discapacidad.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostiene que las personas discapacitadas al conseguir un empleo se enfrentan con barreras que se deben superar por medio de políticas, reglamentos, programas y/o servicios. En tal sentido, el Convenio OIT Nº 159 sobre Readaptación Profesional y Empleo de Personas Discapacitadas, ratificado por la República Argentina por Ley 23.462 -sancionada el 29 de octubre de 1986 y promulgada el 1 de diciembre de 1986-, conforme lo dispone el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, establece que: "la finalidad de la readaptación profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo". Las políticas para lograr esta finalidad deben ser medidas tendientes a promover oportunidades de empleo para las personas inválidas que se encuentren al alcance de todas las categorías. Los Estados Parte del presente convenio se comprometieron a asegurar el principio de igualdad de oportunidades entre los trabajadores inválidos y los trabajadores en general, a fin de lograr una igualdad efectiva de oportunidades y de trato.

Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, (aprobada por Ley 26.378), en su art. 27 afirma: "Los Estados Parte reconocen el Derecho de las Personas con Discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con los demás, ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado laboral que sea abierto inclusivo y accesible". Con tal objetivo se comprometieron a adoptar medidas destinadas a lograrlo en siete puntos claramente enumerados, en donde se comprometen a:

"1) permitir que las personas con discapacidad tenga acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colación y formación profesional y continua,

2) alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo,

3) promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias,

4) emplear a personas con discapacidad en el sector público,

5) promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que puedan incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas,

6) promover la adquisición por las personas con discapacidad en el mercado de trabajo abierto,

7) promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad".

Por su parte la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad (suscripta en Guatemala -República de Guatemala- el 8 de junio de 1999 y ratificada por la República Argentina por Ley 25.280) obliga a los estados a eliminar toda forma de discriminación y a contribuir a que las personas con discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de autonomía personal y lleven una vida independiente de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin, se encuentran obligados a garantizar la integración social y la inserción laboral de las mismas (arts. 2 y 3).

La Ley de Empleo N° 24.013 asigna al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL competencias para diseñar y ejecutar programas destinados a promover la calificación e inserción laboral de trabajadores con discapacidad y de trabajadores que integran grupos vulnerables o protegidos. En virtud de ello, existe dentro del Ministerio el Programa de Terminalidad Educativa, con el objetivo de "mejorar la situación educativa -finalización de estudios primarios y/o secundarios -y la formación laboral de las personas con discapacidad, propicia un mejor acceso al mercado de trabajo y/o potencia las condiciones de la empleabilidad de esa población." Destinado a trabajadores/as con Discapacidad desocupados/as con Certificado de Discapacidad Nacional o Provincial de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º de la Ley 22.431 u homóloga, mayores de 18 años, este programa "gestiona con los Organismos de Educación el inicio de los estudios formales o el retorno de personas con discapacidad, propicia un mejor acceso al mercado de trabajo y/o potencia las condiciones de empleabilidad de esa población; realiza investigaciones adecuadas para conocer las características en formación de las personas con discapacidad que requieren servicios en la Secretaria de Empleo del MTE y SS; propone y gestiona modalidades educativas apropiadas para los diferentes colectivos de personas con discapacidad atendiendo a las particularidades de las discapacidades observadas; y facilita la incorporación de personas con discapacidad a los diferentes programas de inserción laboral que requieran certificación de niveles de estudios" (http://www.trabajo.gov.ar/discapacidad/programas.asp).

Debido a la importancia del funcionamiento de este programa, les solicitamos a nuestros pares, acompañen el presente proyecto de resolución.