La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Requerir al Poder Ejecutivo Nacional la inmediata derogación de la medida anunciada que dispone suspender las exportaciones de carne vacuna por 180 días y aumentar las retenciones a la exportación para las carnes con hueso y termoprocesadas; decisión, que sin lugar a dudas, provocará impactos negativos sobre la producción y la inversión del sector ganadero.

Señor presidente:

El gobierno nacional ha apelado a una decisión lamentable con el objetivo de influir en el precio de la carne vacuna en el mercado interno. En el día de ayer se anunció la suspensión por 180 días de la exportación de carne vacuna con algunas excepciones, y el aumento de las retenciones para las carnes con hueso y termoprocesadas.

Estas medidas lejos de convertirse en una solución adecuada provocarán el efecto contrario, ya que en el corto plazo se forzará un aumento de la oferta por la liquidación de existencias, pero con el correr del tiempo, se reducirá drásticamente la producción dado que muchos ganaderos preferirán abandonar un negocio de riesgo, por la impredecible política del Gobierno en esta materia y, volcar sus esfuerzos hacia otros sectores que resulten más rentables.

Desde que el precio de la carne comenzó a registrar aumentos en los últimos meses, como consecuencia de un incremento de la demanda provocado por una oferta que no alcanza las pretensiones de aquella, el gobierno instauró una serie de medidas cortoplacistas que claramente resultaron inadecuadas para dar una solución concreta al tema.

Durante el año 2005, se suscribieron acuerdos con algunos actores de la cadena productiva para fijar el valor de la media res. Los mismos no tuvieron los resultados pretendidos ya que por el contrario el precio de la carne registró nuevas subas.

Por Resolución Nro. 645 del 24 de agosto de 2005 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, y sus modificatorias, se establecieron restricciones para la faena. Así a partir de 1° de noviembre se prohibió el sacrificio de ganado de menos de 260 kilos, medida que rigió hasta el 28 de febrero del corriente. Hoy esta restricción se extiende a los animales que están por debajo de los 280 kilos y a partir de mayo próximo se hará sobre aquellos animales de menos de 300 kilos. Esta medida causa una merma en la oferta y por ende se constituye en un factor que impulsa la suba de precios.

Por Resolución del Ministerio de Economía y Producción Nro. 31 del 27 de enero de 2006, el gobierno decide intervenir en las exportaciones de carne, a través de la Creación del Registro de Operaciones de Exportación (ROE). A un mes de instaurado el mismo no se han observado efectos sobre el nivel de precios y al contrario se han provocado dificultades en las operaciones de exportación.

La medida que se pretende adoptar ahora, lejos de aportar soluciones, provocará una caída en la producción por el desaliento a las inversiones. Asimismo repercutirá negativamente en la industria frigorífica que emplea alrededor de 20.000 personas. La menor actividad conllevará inevitablemente a la pérdida inmediata de puestos de trabajo.

Por otra parte, iniciativas de este tipo repercuten negativamente sobre los intereses argentinos en el plano internacional. Así se verán afectadas las recientes autorizaciones para exportar hacia nuevos países y las negociaciones que se llevan a cabo en la Organización Mundial de Comercio (OMC) las que, en un momento decisivo, debilitan la posición negociadora argentina, principalmente en relación al tema de acceso a los mercados.

Sin políticas efectivas que fomenten el aumento de la producción, cualquier otra medida tendrá efecto en el corto plazo pero hipotecará el futuro del sector ganadero y del consumidor.

La dificultad en encontrar una solución definitiva al delicado equilibrio entre precios, producción y demanda interna y exterior estriba fundamentalmente en la ausencia de formulación de una política ganadera integral. La experiencia indica que los mejores resultados son parte de un proceso de toma de decisiones en donde los factores de la producción y la cadena de comercialización, junto al Gobierno, coinciden en la formulación del rumbo del desarrollo del sector.

Sin embargo desde hace varios años, las decisiones han sido llevadas a cabo en forma unilateral, sin concurso de aquellos factores, y a veces en contra de la opinión manifiesta de éstos, con los resultados que están a la vista.

En resumen la Argentina, con la inédita medida cuya derogación estamos solicitando, se está privando de la exportación de 600.000 toneladas de carne, desalentado a un sector históricamente clave de nuestra economía y borrando con el codo lo que escribimos con la mano en materia de política comercial externa.

Por lo expuesto solicito la pronta aprobación del presente proyecto de resolución.