La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Señor Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Dr. Aníbal Domingo Fernández, brinde información precisa sobre:

1. Los últimos datos existentes relevados por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), por el Sistema de Alerta Temprana (SAT), por el Sistema Nacional de Información Contravencional (SNICO), por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) y por el Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales (SNEJ), así como también los brindados por las llamadas "encuestas anuales de victimización".

2. Los motivos o fundamentos que justifican que se hayan deshabilitado de la página web del Ministerio de referencia (www.jus.gov.ar), los accesos a la información pública estadística útil en materia de seguridad, colocando en su reemplazo una leyenda que establece que las mismas deberán ser solicitadas a la Dirección de Política Criminal y el teléfono de la misma.

3. Número de notas y/o pedidos de información recibidos por la mencionada Secretaría solicitando los datos -antes accesibles a través de la página web-, detallando numero de expediente y fecha de la respuesta o si los mismos no fueron contestados.

Señor presidente:

La información es una herramienta sensible al momento de poder construir, debatir y plantear soluciones a problemas que aquejan a la sociedad. En los temas de seguridad esto se vuelve más sensible ya que las medidas que se requieren para su abordaje deben poder comprender un problema complejo y con múltiples causas. Es por ello que la ley 25.266 establece el deber de producir información en cabeza de la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la misma que por principios de todo estado democrático, es un bien público y debe ser brindada por medios que garanticen su accesibilidad para todas las personas.

Sin embargo, en la actualidad se ha limitado el acceso a ésta información, alejando del conocimiento de la sociedad - y en consecuencia del debate público - aspectos sustanciales y esenciales para una discusión democrática y responsable sobre las aristas de la inseguridad y las posibles soluciones.

Por ello es que solicitamos dicha información así como también se nos den a conocer los fundamentos que sirvieron para justificar el cambio de modalidad en el acceso de la información referida. Esto posibilitará que se analice la conveniencia de la modalidad actual, para lo cual también es preciso conocer qué nivel de atención y respuesta se les da a los pedidos realizados por los ciudadanos y/u organizaciones no gubernamentales, en el ejercicio de su derecho al acceso a la información.

Por lo expuesto, Señor Presidente, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.