La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

1. Expresar profundo pesar por el fallecimiento del prisionero de conciencia cubano Orlando Zapata Tamayo, ocurrido el 23 de febrero de 2010 en La Habana, tras pasar 85 días en huelga de hambre.

2. Expresar preocupación por la existencia de presos políticos en tan delicada situación, y por las restricciones a la libertad de expresión y al pluralismo que actualmente afectan al pueblo cubano.

Señor presidente:

Orlando Zapata Tomayo, de 42 años y albañil de profesión, no era un activista peligroso ni para la sociedad ni para el gobierno; sino un hombre de origen humilde, militante de los derechos humanos, que había sido condenado por desacato, desorden público y desobediencia a 36 años de cárcel. Fue Reconocido como preso de conciencia por Amnistía Internacional. Comenzó la huelga de hambre a principios de diciembre de 2009 en protesta por el trato infrahumano, las golpizas, y torturas constantes que recibía en la cárcel de Holguín donde cumplía sentencia, y para demandar un buen trato y ser reconocido como preso político. De Holguín fue trasladado a otra cárcel en Camaguey, y de allí, cuando se agravó su situación, al hospital de la principal prisión de La Habana. Zapata murió el martes 23 de febrero a mediodía en el Hospital Hermanos Almeijeiras. La Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional denunció que se trató de una muerte evitable: que desde hace tiempo el estado de salud de Zapata era sumamente grave, y que las autoridades demoraron el traslado al hospital de la prisión, siendo ingresado a última hora en el Hospital Hermanos Almeijeiras, cuando ya era tarde, por lo que falleció pocos días despues. En octubre de 2009 Zapata Tamayo fue brutalmente golpeado por militares de la prisión provincial de Holguín, lo que le causó un hematoma interno en la cabeza que se vieron obligados a operar. "Los abusos cometidos contra Orlando Zapata Tamayo comprueban que la tortura y el terror contra el pueblo son políticas de Estado bajo el régimen castrista. Esta muerte es una prueba de la práctica del terrorismo de Estado", afirmó Janisset Rivero, secretaria nacional adjunta del Directorio Democrático Cubano (DDC). La muerte de Zapata provocó una ola de indignación y de protesta en el movimiento disidente como no ocurría hacía tiempo. Opositores de todas las tendencias denunciaron el "crimen" del Gobierno de Raúl Castro. Tanto opositores moderados como de línea dura han condenado en términos enérgicos lo que califican como un " crimen premeditado" y un abuso de poder, mientras decenas de activistas se han movilizado para protestar pacíficamente y asistir al entierro. La Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional ha asegurado que el Gobierno practicó decenas de detenciones y retuvo en sus casas a numerosos opositores para impedir que acudieran al sepelio. El régimen cubano mantiene un férreo control policial sobre la población, con restricciones a la libertad de opinión y el derecho a la protesta que afectan sobre todo a los grupos disidentes y fuerzas que reclaman una apertura. La muerte de Orlando Zapata, deja en una incómoda posición al gobierno cubano de cara a las protestas internacionales. Se trata de una victima más, y otra triste consecuencia de un régimen cuyo origen fue una revolución que llegó para terminar con los regímenes dictatoriales y las políticas represivas. Cincuenta años después, salen a la luz nuevamente sus aristas más oscuras: el silenciamiento de la disidencia, la existencia de presos políticos en delicada situación y la negativa a reconocer el pluralismo y la libertad de expresión como principios fundamentales de la dignidad humana. Este hecho indica efectivamente que hay un déficit en la política de derechos humanos en Cuba y revela la persistencia de serias lesiones a los derechos humanos.

Por lo expresado solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto