La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1. Expresar su apoyo al informe de los expertos de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación en la base militar de Guantánamo.

2. Solicitar - en virtud de las graves violaciones a los derechos humanos que se ponen de manifiesto en dicho informe - que el mencionado centro de detención sea cerrado sin demora por el gobierno de los Estados Unidos de América.

Señor presidente:

Un grupo de expertos de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha elaborado un informe sobre la situación de los detenidos en la base militar estadounidense de Guantánamo, Cuba, en el que se acusa a los Estados Unidos de actos "equivalentes a la tortura", detención arbitraria, y tratamientos inhumanos y degradantes. En dicha base militar se encuentran detenidos desde hace más de cuatro años alrededor de 520 detenidos acusados de tener vínculos con el terrorismo. Según los expertos de la ONU el uso excesivo de la violencia en muchos casos durante el transporte y la alimentación forzada de los detenidos en huelga de hambre, deben ser considerados como equivalentes a la tortura.

Los juristas de la ONU - en su informe preliminar de 38 páginas - estiman que "incluso en situaciones de emergencia o de conflictos armados" rigen las leyes relativas a los derechos humanos. En su opinión, las leyes sobre conflictos armados no se cumplen en "la guerra contra el terrorismo" reivindicada por el gobierno estadounidense para justificar la situación de excepción que reina en Guantánamo.

Asimismo añaden que los recursos jurídicos proporcionados a los prisioneros carecen de bases legales adecuadas, dado que "el gobierno estadounidense opera como juez, fiscal y defensor" por lo cual en estas condiciones, "la detención de todas las personas que se encuentran en Guantánamo equivale a una detención arbitraria".

Por otra parte el informe también advierte sobre "la ausencia de toda investigación imparcial sobre las acusaciones de tortura", las técnicas de interrogatorio "basadas en discriminaciones religiosas" y "el deterioro de la salud mental de los detenidos" causado

por las condiciones de detención y la prolongación del aislamiento durante períodos que pueden llegar hasta los 18 meses. Dichas situaciones se reflejan en los 350 casos de heridas auto infligidas, tentativas de suicidio tanto individuales como colectivas y huelgas de hambre prolongadas.

Por todos esos motivos, en el apartado "Recomendaciones", se demanda al gobierno estadounidense "juzgar rápidamente" a los detenidos, conforme a las leyes pertinentes, o "liberarlos sin demora". También sugiere que "los supuestos terroristas sean juzgados por un tribunal internacional competente". Además, hasta la clausura de la cárcel de Guantánamo, "el gobierno estadounidense debería abstenerse de toda práctica equivalente a la tortura" así como "revocar inmediatamente todas las técnicas de interrogatorio especiales autorizadas por el Departamento de Defensa".

Cabe señalar que en octubre del año 2001 el presidente Bush firmó el Acta Patriótica que introdujo el status de excepción para las personas sospechadas de terrorismo a través del cual se permite sustraer a los detenidos a los derechos previstos por las Convenciones de Ginebra. Con posterioridad, en enero de 2002 se abrió el campo X-Ray y se comenzó a transferir al mismo a los prisioneros capturados en Afganistán por el ejército americano sospechados de vínculos con Al-Qaeda. En junio de 2004 la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció la posibilidad a los detenidos en Guantánamo de apelar su detención ante los tribunales norteamericanos.

Los responsables del informe son el austríaco Manfred Nowak, especialista en materia de tortura, la paquistaní Asma Jahangir, especialista en derechos religiosos, la argelí Leila Zerrougui, especialista en materia de detención arbitraria, el argentino Leandro Despouy, experto en la cuestión de independencia de los jueces y el neocelandés Paul Hunt, en materia de salud física y mental.