La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Convocar a la Sra. Ministra de Seguridad de la Nación, Dra. Nilda Garré, para que informe a este Parlamento a la brevedad sobre presuntas tareas de inteligencia realizadas por la Gendarmería Nacional en el marco del llamado Proyecto X.

Señor presidente:

El Estado Argentino modificó sus leyes para asegurar la vigencia del Estado de Derecho y las garantías constitucionales: la ley de inteligencia nacional 22.520, en su artículo 3° dice claramente que "el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional deberá ajustarse estrictamente a las previsiones contenidas en la primera parte Capítulos I y II de la Constitución Nacional y en las normas legales y reglamentarias vigentes." Y agrega en su artículo 4to la prohibición a cualquier órgano de inteligencia de "...obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción."

Asimismo la ley de seguridad interior 24.059, en su artículo 22 establece que "los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad que integran el sistema de seguridad interior no podrán ser empeñados en acciones u operaciones no previstas en las leyes de la Nación."

Sin embargo, y a pesar de las previsiones legales, se habría confirmado, a raíz de un peritaje ordenado judicialmente sobre seis computadoras provenientes de un allanamiento al Centro de Reunión de Información de Campo de Mayo, que la Gendarmería Nacional ha realizado tareas de inteligencia sobre dirigentes sociales, gremiales, de organizaciones de derechos humanos, universitarias, de pueblos originarios y políticas.

Las denuncias realizadas hace un año fueron desestimadas por el Gobierno y la Ministra Garré aseguró que cuando se hablaba del Proyecto X, no se trataba de un plan secreto de espionaje, que la Gendarmería no poseía base de datos de dirigentes de organismos sociales y que el programa citado servía solo para inteligencia criminal de delitos complejos, nunca para monitorear manifestaciones o dirigentes sociales.

La realidad contradice a la Ministra. Hoy se teme que la Gendarmería continúe en sus tareas ilegales y asimismo no se conoce si se han hecho copias de las bases de datos y de existir donde se encuentran y quien dio la orden - verbal, aparentemente - para resguardar la información obtenida ilegalmente.

Distintas informaciones dan cuenta de que se habrían almacenado datos de distintos dirigentes y militantes sindicales, políticos y sociales que han sufrido seguimientos permanentes y constantes de sus actividades , no sólo violando su privacidad y la normativa vigente antes citada sino también la ley de datos personales 25.326 dado que se registran en los archivos peritados datos filiatorios acompañados de la pertenencia a

partidos u organizaciones políticas y el pensamiento ideológico del sujeto informado, en clara contrariedad con lo previsto por el artículo 23 de la citada norma.

Los hechos narrados son de una gravedad institucional tal que ameritan la aprobación del presente a efectos de la comparecencia de la Ministra del área para que brinde a esta Cámara las explicaciones que el caso y su trascendencia ameritan. La posibilidad de que el Estado haya almacenado los datos de la actividad de dirigentes sociales, políticos y gremiales que han sido espiados y/ o investigados y eventualmente utilice esos datos para criminalizar la protesta social merecen el inmediato tratamiento por este Cuerpo y por ello es que solicito a los señores Diputados que acompañen el presente Proyecto de Resolución.