La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su preocupación, inquietud y rechazo con motivo de tomar público conocimiento que en el caso de controversia entre las empresas Carrefour, Norte, Exxel Group y Price Waterhouse Coopers, dos peritos oficiales habrían actuado de manera delictiva y parcial a favor de una de las partes.

El caso constituye un claro ejemplo de corrupción en perjuicio de la República pues esta clase de "delitos de cuello blanco" representa una institucionalización de la mafia en la que convergen renombrados estudios jurídicos, empresas transnacionales, grupos financieros especulativos y funcionarios públicos cooptados.

Señor presidente:

Este Congreso no pretende tomar partido en un conflicto empresario en el que se denuncian prácticas comerciales reñidas con la ley. Pero realiza esta declaración porque en la cuestión que nos ocupa, y sobre la que existen procesos judiciales abiertos, han tenido participación importantísima dos funcionarios públicos designados por un poder del Estado para oficiar nada menos que como peritos contadores en una posible estafa cuya suma es millonaria.

1) El vértigo de un capitalismo al margen de la ley

La empresa Carrefour y el Exxel Group fueron socios en la explotación comercial de otro supermercado, Norte. Eso ocurrió entre octubre de 1998 y abril de 2001. El Exxel Group había vendido 49% de Norte a la francesa Promodés, y luego Carrefour compró a Promodés. Carrefour estaba interesado en hacerse con el control de las las acciones remanentes de Norte. Finalmente lo logró y para ello desembolsó 252 millones de dólares.

Transcurridos dos años, cuando Carrefour comprobó que las ganancias operativas indicadas en los balances de Norte que había estudiado para la compra no se correspondían con la facturación que efectivamente Norte producía decidió, en mayo de 2003, denunciar por daños y perjuicios al Exxel Group y le reclamó un resarcimiento que estimó entre 52 y 120 millones de dólares.

Según Fabricio Fabri, directivo de Carrefour, no habían podido hacer la auditoría de Norte hasta que tomaron posesión de la empresa, en abril de 2001: "El gerenciamiento de Norte era íntegramente del Exxel", dijo. "Cuando llegamos, las bases de datos habían sido borradas. Nos llevó un año y medio reconstruir lo que había sucedido". (1)

Carrefour acusó también a la auditora internacional Price Waterhouse Coopers, que había auditado los balances del Exxel Group. Más precisamente, Price Waterhouse se fusionó con Coopers & Lybrand. Ésta última controlaba a quien actuaba como su representante en Argentina, Harteneck López y Compañía. Conforme a la ley de transitividad, única "norma" matemática que estos juegos del capitalismo global parecen respetar, Price Waterhouse Coopers es para el caso igual a decir Exxel.

Carrefour acusó al Exxel, a su presidente, Juan Navarro, y a varios directores del grupo y de Norte de haber reducido en forma artificial la cuenta de gastos de Supermercados Norte durante el año 2000, para simular mayores ganancias operativas. Las ganancias operativas se computan antes del pago de impuestos y obligaciones financieras. Esas ganancias operativas fueron, a su vez, la unidad de cálculo para armar el precio de venta del 49% de Norte. Concretamente, los US$ 252 millones representaban nueve veces las ganancias operativas de Norte durante el 2000. Carrefour quiere probar que esos 252 millones de dólares estaban "inflados" por el Exxel y además acusa a Price de haber hecho la auditoría de esos balances sin objeciones. Sobre esto, Fabri agregó: "Encontramos que durante 2000 se habían alterado en forma sistemática 1.000 facturas, que eran procesadas sobre un sistema paralelo, cuyo efecto era que 'adelgazaba' sustancialmente la cuenta de gastos de Norte de ese año". (2)

Al Exxel Group lo acusan por haber instalado supuestamente en Norte un sistema paralelo de contabilidad, por donde pasaron unas 1.000 facturas de proveedores durante el año 2000. A esas facturas, supuestamente, se les efectuaban fuertes descuentos sólo contables, a través de notas de débito ficticias, a principios de cada mes. Al finalizar el mes, cuando era la hora de pagar a los proveedores, esas notas de débito eran neutralizadas con una nota de crédito. Y al día siguiente, cuando ingresaba la nueva factura, el sistema se ponía en marcha nuevamente. (3)

Es interesante analizar el argumento con el que una fuente ligada a Exxel y a Price respondió: "Lo de las notas de débito son prácticas de toda la industria supermercadista, sólo que algunas lo explicitan y otras no. Algunas van por escrito y en otras se arregla de palabra, para negociar puntas de góndola o promociones" (4) . De esto concluyo dos cosas: la fuente no leyó ni creo que conozca siquiera de nombre a Schopenauer, maestro de la discusión. Y en segundo lugar, si esto es una práctica generalizada, este Congreso, la Justicia y el Poder Ejecutivo deberán tomar nota pues se trata de formadores de precio y grandes contribuyentes (en teoría, pues además son conspicuos evasores al fisco).

2) Las rentas de privilegio y los delitos de cuello blanco.

Si las acusaciones son verdaderas, estamos frente a un caso de delincuencia empresarial con participación estatal.

De una lista de los principales criminólogos norteamericanos de la historia especializados en delincuencia empresarial, como Frank Hartung, Paul Tappan, Edward Alsworth Ross, Donald Cressey, Herbert Edelhertz y Ezra Stoddard voy a destacar a Edwin Sutherland.

El 27 de diciembre de 1939 en Filadelfia, Sutherland pronunció una conferencia memorable como presidente de la American Sociological Society. Estaba trabajando en el estudio de delitos relacionados con el mundo de los negocios y cometidos por personas socialmente respetadas. Le llamaba la atención algo que describió como determinación cuasi criminal habitual. Junto a otro colega de la Universidad de Chicago, Thorstein Veblen, investigaban el impacto social que estas prácticas conllevaba.

"La delincuencia de cuello blanco en el mundo de los negocios -escribía Sutherland- se manifiesta sobre todo bajo la forma de manipulación de los informes financieros de compañías, la falsa declaración de los stocks de mercancías, los sobornos comerciales, la corrupción de funcionarios realizada directa o indirectamente para conseguir contratos y leyes favorables, la tergiversación de los anuncios y del arte de vender, los desfalcos y la malversación de fondos, los trucajes de pesos y medidas, la mala clasificación de las mercancías, los fraudes fiscales y la desviación de fondos realizada por funcionarios y consignatarios. Éstos son los que Al Capone llamaba los negocios legítimos".

El parecido del caso que tratamos con lo descrito por Sutherland de 1939 es total. Pero agreguemos otro elemento. La delincuencia de las corporaciones comparte un rasgo con la de los ladrones profesionales, que es la persistencia. (5) El 97% entre las setenta mayores corporaciones industriales y comerciales de los Estados Unidos -al año 1949- tenían más de dos decisiones adversas provenientes de tribunales o autoridades administrativas. Los casos de tres decisiones adversas excluyen las hipótesis de inocencia, para ceder el paso a la conclusión de que nos encontramos frente a una determinación de violentar la ley. Por eso, como escribe José María Simonetti, el capitalismo sin ley equivale al crimen organizado. (6)

En la actualidad, Russell Mokhiber elaboró un informe sobre los 100 principales criminales corporativos de la década del 90 (corporate predators) en Estados Unidos. (7) Destaco un pasaje en el que el autor sostiene una interesante comparación desde el punto de vista del impacto y del daño social en conjunto que producen los llamados "delitos de cuello blanco" con respecto a otros más visibles como robos y otros actos de violencia: "While the 1990s was a decade of booming markets and booming profits, it was also a decade of rampant corporate criminality. There is an emerging consensus among corporate criminologists. And that emerging consensus is this: corporate crime and violence inflicts far more damage on society than all street crime combined. The FBI estimates, for example, that burglary and robbery -street crimes- costs the nation $3.8 billion a year. Compare this to the hundreds of billions of dollars stolen from Americans as a result of corporate and white-collar fraud."

3) La necesaria complicidad Estatal.

La Corte Suprema de Justicia ordenó una auditoría en este caso pues existe una fundada sospecha sobre dos peritos contadores que integran su cuerpo - Alonso y Robles- y que habrían cometido delito contra la administración pública y supuesta parcialidad en connivencia con una de las partes en el litigio.

Hace aproximadamente un año, una acordada de la Corte había dispuesto el relevo de la cúpula de los Peritos. Por tal motivo, se alejaron el decano de los peritos contables, Jorge Schiavo, y su segundo, Fernando Robles quien ahora es denunciado.

Una conversación comprometedora entre Robles y Alonso con los representantes legales del denunciado Exxel dio indicios de un supuesto acuerdo entre ellos para perjudicar a Carrefour en su reclamo. La denuncia sobre este hecho está radicada en el Juzgado de Instrucción N°24 a cargo del Doctor Juan María Ramos Padilla.

La presunción de que aquellos funcionarios judiciales tenían un desempeño poco cristalino cobró más cuerpo cuando, a instancias del fiscal Eduardo Cudicio, se chequeó una importante cantidad de comunicaciones telefónicas entre los representantes judiciales y los expertos designados por el grupo de Juan Navarro. Entre fines de 2005 y principios de 2006 se detectaron 148 llamadas entrantes y salientes en el celular de Robles con el estudio de abogados defensores del Exxel. (8)

Las conversaciones de los peritos con los contadores tanto de Exxel como de Price denotaban asiduidad de trato, por decirlo de cierta forma.

Esto nos lleva al 4° y último punto.

4) Ingeniería jurídica para el delito y la impunidad.

La fiscalía número 35 verificó mediante escuchas que el perito Alonso tuvo asiduo contacto con el estudio Durrieu, que defiende al Exxel; el perito Robles hizo lo propio con el estudio Landaburu-Carrió-Feder, que patrocina a Price Waterhouse Coopers.

La fiscalía estableció que, entre principios de 2005 y mediados de 2006, el teléfono celular de Robles registró 148 comunicaciones, entrantes y salientes, con el estudio Landaburu. En tanto que, en el período que transcurrió entre junio de 2005 y mediados de 2006, el móvil de Alonso señala la realización de diez contactos entrantes y salientes con el estudio Durrieu. (9)

Siempre que un funcionario público se corrompe presumiblemente a cambio de dinero es porque alguien paga por ello. Una sociedad política corrupta presupone un mercado dispuesto a pagar por ello. Que un ciudadano se maneje de manera impropia con quien tiene poderes conferidos por el Estado debe ser algo reprobable, pero si el ciudadano es además abogado, la cuestión se agrava. Y eso es precisamente lo que parece que hicieron algunos letrados.

Señor Presidente, esta conducta no me sorprende. El Estudio Roberto Durrieu fue contratado por Juan Carlos Blumberg cuando transcurría el juicio sobre el secuestro y posterior asesinato de su hijo. Esto no tiene nada de notable pero conviene decir que Durrieu inició su carrera judicial en 1976 como fiscal junto a la policía de Ramón Camps, que lo incluyó en las dedicatorias de su libro Caso Timerman. Punto Final. Fue Viceministro de Justicia del Dictador Jorge Rafael Videla. En 1987 firmó una solicitada en solidaridad con este genocida. Como presidente del Colegio Público de Abogados de Buenos Aires, Durrieu condenó las uniones civiles entre homosexuales (que "son pasos irreversibles hacia la disolución de las bases sociales" y "desconocen la ley natural") y estigmatizó a los movimientos piqueteros como "organizaciones delictivas, con intereses políticos". A tono con las propuestas de Blumberg, en sus habituales columnas en La Nación atacó la reforma del Código Penal porque todo aquel que antes de cumplir 18 años cometa delitos no será punible". (10)

Tenemos nuevamente un caso de relaciones intensas entre poderosos grupos económicos y todo un dispositivo de ingeniería jurídica montado para que los negocios no sufran cimbronazos inoportunos.

Existen formas de hacer negocios que no pueden prescindir de la corrupción. Porque la ganancia no conforma, lo que se busca es directamente una renta sin riesgo. Y para que el riesgo desaparezca hace falta trasladar la práctica al sistema político y judicial. No es casual que la corrupción se profundice en momentos en que se desarrolla un momento de concentración económica y valorización financiera y sus picos más altos se corresponden siempre con los avances contra el orden constitucional.

Ramos Padilla y Durrieu. Vaya familia la judicial. El primero, uno de los jueces en esta estafa fue quien en su momento tomó la valiente decisión de restituir a su familia verdadera a una nieta de desaparecidos que había estado en manos de apropiadores. Como ayer, hoy enfrente abogados que tuvieron responsabilidad directa en la impunidad de ese plan infausto. Los tiempos transcurren pero cada uno continúa siendo coherente con su historia.

Señor Presidente, por todo lo expuesto solicito a usted y a mis pares el pronto tratamiento y sanción de este proyecto de declaración.