La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al PODER EJECUTIVO NACIONAL - MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS - SECRETARIA DE COMUNICACIONES - COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES se sirva informar sobre lo siguiente:

a) Cuáles fueron los motivos y fundamentos del proceso de adjudicación en la explotación de la banda de utilización para el servicio de telecomunicaciones para telefonía celular que se quedó el Estado Nacional y adjudicó en forma directa a la empresa ARSAT SA, a través de las prestadoras privadas de dicho servicio.

b) Cuáles serán los mecanismos de contralor en poder del Estado Nacional para garantizar que dichas prestaciones de servicio sobre dicha bandas de frecuencia, no impliquen un aumento de la capacidad de las prestaciones a favor de los actuales licenciatarios privados que ejercen la explotación de la telefonía móvil.

c) Cuáles serán los mecanismos de selección de las empresas locales y regionales para que puedan acceder como prestadores del servicio de telefonía móvil en su localidad o su región en cuanto a su reconocimiento por ARSAT SA, y la Comisión Nacional de Comunicaciones o ante la Secretaria de Comunicaciones de la Nación.

d) Cuáles serán las garantías de cumplimiento para dichas empresas locales y regionales, para que las que corresponden al servicio nacional, les otorguen la interconexión al sistema de telecomunicaciones nacional.

Señor presidente:

La falta de sanción de una Ley de Telecomunicaciones que regule expresamente el servicio de telefonía celular - que hoy supera al servicio de telefonía básica en proporciones cada día más amplias - y ante la decisión del Poder Administrador de quedarse para sí y explotar a través de ARSAT SA la vieja banda que devolvieran las empresas MOVICON y MOVIPHONE, lleva a que se impulse el presente pedido de informes.

Sin es cierto que el Decreto 764/00, resulta ser la norma madre conjuntamente con la Ley Nacional de Telecomunicaciones, las que deberían dar respuesta a lo preguntado, pero no habiendo marco jurídico que determina los mecanismos claros y transparentes en el proceso de selección de las empresas locales y regionales que podrán explotar el sistema móvil como tercerizadas de ARSAT SA, sumado al expreso reconocimiento de falta de inversión concreta que realizó el Ejecutivo Nacional, al transferir la infraestructura necesario para la explotación del servicio sobre las prestadores privadas, la situación es necesaria preguntarla previamente, para poder atenernos a la ya no muy prolija forma de llevar adelante el ingreso estatal al servicio de la telefonía móvil.

Si bien es cierto que la sobrecarga del servicio de telefonía móvil y la inexistencia de ancho de banda para la correcta prestación del mismo, era una materia pendiente desde la devolución de la banda de frecuencia que realizaron MOVICON y MOVIPHONE en su oportunidad, no menos cierto que ahora la incursión de ARSAT SA en dicha actividad, pero a través de la infraestructura privada nos hace pensar que no es más que un juego de suma cero.

Nos explicamos, el argumento del Poder Administrador era que se reservaba el rechazo del concurso de la licitación de la banda para telefonía móvil, ya que su adjudicación en algunos casos generaba una posición dominante del mercado de los prestadores, pero ahora nos encontramos con la sorpresa que ARSAT SA no realiza la infraestructura necesaria para su explotación, sino que requiere de los terceros dichos servicios - que obviamente no serán gratis -, generando un nuevo y fantástico negocio sin inversión nueva a los prestadores existentes.

Si a ello se le suma que el Poder Administrador será discrecionalmente - sin norma que regule - el proceso de elección de prestadores locales que también tercerizarán el servicio de telefonía móvil a favor de ARSA SA, el mal comienzo por falta de transparencia es: "negocios grandes, con empresas grandes" y "negocios chicos, con amigos locales".

Por lo expuesto, invitamos a los Sres. Legisladores a acompañar el presente.