La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su preocupación por la designación del Comisario Mayor (R) Carlos Rico Tejeiro como Subsecretario de Seguridad de la Provincia de Mendoza, imputado de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar.-

Señor presidente:

En el pasado, en nombre de la "seguridad interior", el Estado se hizo terrorista: utilizó las mismas armas que decía combatir. En tanto la Justicia juzga y castiga en los tribunales a los torturadores que, como agentes del Estado, sembraron el terror durante la última dictadura, al Estado democrático se le impone la lección de combatir la delincuencia moderna sin violar los derechos humanos. Por eso preocupa que el gobierno de Mendoza haya designado como Subsecretario de Seguridad a Carlos Rico Tejeiro, imputado de haber cometido crímenes de lesa humanidad por la fiscal federal María Gloria André, quien haciéndose eco de la preocupación de los organismos humanitarios pidió que la denuncia contra el funcionario se agregue a las causas que ya se tramitan en Mendoza por las torturas, los secuestros y los asesinatos ocurridos durante la última dictadura militar. Las denuncias contra Tejeiro incluyen la desaparición de una docena de personas en el mes de mayo de 1978: Juan José Galamba, Margarita Dolz de Castorino, Aldo Enrique Patroni, Raúl Gómez Mazzola, Mario Guillermo Camín, Gustavo Camín, Daniel Romero, Juan Carlos Romero, Víctor Hugo Herrera, Isabel Membrive y Ramón Alberto Sosa. Entonces, el ex comisario integraba el temido "Grupo Especial 78".

Rico Tejeiro no es especialista en seguridad y, entre sus antecedentes, él mismo reconoce que su carrera se concentró en la denominada "lucha antisubversiva", el eufemismo con el que se nombró a las desapariciones. Igualmente, fue entrenado como Comando por el coronel Mohamed Seineldín en "Acción Psicológica, Psicología y Contención de Multitudes y Control de Disturbios", disciplinas propias de los gobiernos autoritarios, que consideran las reivindicaciones y las protestas no como derechos sino como amenazas al "orden público".

La impunidad de esos crímenes explica los escándalos que en la última década involucraron a policías de esa provincia en nuevas muertes jóvenes, simbolizadas en Sebastián Bordón, el muchacho que, en su viaje de egresados, fue entregado por los docentes a un destacamento policial luego de padecer un brote esquizofrénico. Allí, lejos de cuidarlo, le dieron una golpiza que provocó su muerte. Como en el oscuro pasado, el cuerpo del joven fue arrojado al precipicio para simular un accidente. Aún cuando fueron removidos policías y funcionarios, y el caso escandalizó a la opinión pública, la provincia de Mendoza ha sido denunciada ante organismos de derechos humanos fuera de las fronteras argentinas por la reiteración de estas muertes jóvenes, calcadas de la tragedia de Bordón. Sin que se hayan efectivamente democratizado los agentes del Estado, Mendoza expresa lo que sucede a lo largo y ancho del país, donde en nombre de la "seguridad" muchos policías siguen aplicando los métodos del pasado, estimulados por una parte de la sociedad que tampoco internalizó una cultura de derechos humanos. Perturba reconocer a cuarto siglo de la democratización que entre nosotros el otrora "por algo será" ha sido remplazado por "esa gente no merece vivir". Y las desconfianzas, también como en el pasado, recaen sobre los jóvenes a quienes ya no se ven como "subversivos" sino como drogadictos o ladrones.

Por estos motivos es responsabilidad del Estado ya no tan sólo garantizar los derechos humanos en la formación de sus funcionarios sino también diseñar políticas de comunicación eficaces, para que finalmente una auténtica cultura de derechos reemplace la matriz autoritaria que ha marcado a nuestro país.

Con medios de comunicación dominados por noticias de muerte, sin la responsabilidad inherente al ejercicio de la libertad y ciudadanos que ante las cámaras piden linchamientos y armas para defenderse de los ladrones, le cabe al Estado ser muy firme y claro en la defensa de

los derechos humanos, que precisamente son "inalienables" porque no dependen de ningún partido ni de ningún gobierno. Son los Estados los que deben garantizar esos derechos y la designación de un imputado de haber cometido crímenes de lesa humanidad en la Subsecretaría de Seguridad no sólo entraña un retroceso en la tenaz y eficaz lucha de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos que ganaron espacios de libertad, verdad y justicia para todos los argentinos sino que en momentos en los que los conflictos no salen de su lógica de confrontación, es una peligrosa señal en tanto se utiliza la violencia y la "mano dura" para imponer una falsa tranquilidad.

La democracia es el único sistema que legitima los conflictos, pero su tratamiento depende del diálogo y su consecuencia es el consenso. No la represión violenta. En democracia lo único que cabe es el imperio de la ley y los agentes del Estado son los primeros que deben subordinarse a esa ley. Por eso, el único que puede violar los derechos humanos es aquel que debe custodiarlos: el Estado.