El Senado y Cámara de Diputados...

IMPUESTO A LAS GANANCIAS DE TODOS LOS CARGOS PUBLICOS INCLUIDOS MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES

Artículo 1º: Sustituyese el inciso a) del artículo 79 de la Ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias (t.o. Decreto 649/97 y sus modificaciones) por el siguiente texto:

a) ¨Del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin excepción, incluidos los cargos electivos de los Poderes Ejecutivos y Legislativos, los magistrados y funcionarios judiciales y del Ministerio Público sean nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales; y, también los vocales de los Tribunales de Cuentas, miembros de Tribunales Fiscales Nacionales, Provinciales, Municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y demás organismos de fiscalización; y la percepción de gastos protocolares.¨

Artículo 2º: Sustituyese el inciso c) del artículo 79 de la Ley 20628 de Impuesto a las Ganancias (t.o. Decreto 649/97 y sus modificaciones) por el siguiente texto:

c) "De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal sin excepción, incluido el desempeño de las funciones mencionadas en el inciso a), y de los consejeros de las sociedades cooperativas."

Artículo 3º: Derógase cualquier disposición, resolución o acordada que contraríe el principio de igualdad tributaria y las previsiones contenidas en la presente ley, incluyendo la acordada 20/96 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Artículo 4º: De forma.

Señor presidente:

Es sabido que el artículo 1º, inciso a), de la ley 24.631 derogó las excepciones de los incisos p), q) y r) del artículo 20 de la ley de impuesto a las ganancias [Ley 20.628 t.o.], excepciones éstas que beneficiaban a los jueces y los legisladores clasificándolos como exentos del impuesto a las ganancias. Así, los sueldos de los jueces y de los legisladores, a partir de la sanción de dicha ley debieron tributar el impuesto a las ganancias como el resto de los ciudadanos que perciben salarios por su trabajo personal, desterrando de este modo cualquier tipo de fuero personal que pudiera lesionar el principio constitucional de la igualdad tributaria de todos los ciudadanos.

No obstante ello, el 11 de Abril de 1996, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la acordada 20/96, que declaró inaplicable para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación [incluidos los propios jueces que dictaron tal acordada] el artículo 1º de dicha Ley. Con ello, la igualdad ante la imposición tributaria, dispuesta por Ley 24.631 resultó vulnerada hasta nuestros días, ya que se mantiene la no tributación del Impuesto a las Ganancias por parte de los integrantes del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público, y también de las provincias. A fuerza de ser honesto, debo acotar que sólo dos de aquellos jueces que se "auto eximieron" del pago del impuesto a las ganancias siguen en sus funciones, pero la no tributación persiste.

En el entendimiento que el Congreso nacional debe insistir en la inclusión de todos los ciudadanos que perciben un salario a los fines de tributar los impuestos [aún de aquellos que tienen una protección constitucional de intangibilidad de sus remuneraciones, como garantía para el ejercicio de sus funciones pero no como un privilegio írrito], es que se presenta esta iniciativa legislativa que pretende aventar todo tipo de dudas sobre los alcances que se le asigna al pago del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría "RENTAS DEL TRABAJO PERSONAL" .

Debemos tener presente que en esta materia el "leading case" data de 1936, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada por conjueces, en el caso "Fisco Nacional c/ Medina", tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la procedencia del pago del impuesto a los réditos sobre los sueldos de los jueces, y en tal oportunidad sostuvo que:

- La terminología utilizada por la norma constitucional ["no podrá ser disminuida de manera alguna"] significa una prohibición absoluta, que invalida formas directas e indirectas de afectación al principio de intangibilidad.

- La exención de contribuciones en el caso de los magistrados surge del texto de la Carta Magna y es que "Tales privilegios no fueron creados para proteger personas, clases o castas, sino para dar consistencia a instituciones que se consideraban fundamentales" "El Art. 96 (hoy 110) no exime a los magistrados de contribuir a los impuestos con sus otros bienes, sino solamente con los sueldos, lo que evidencia que se trata de privilegios institucionales. Estos deben ser de aplicación restringida, en cuanto son excepciones a la ley común, pero una vez establecidos expresamente con propósitos de bien público, deben ser acatados." (Voto del Dr. Amadeo, considerandos 4 y 5)

- El salario del juez debe estar amparado, así como su permanencia, para asegurar su libertad, rectitud e inflexibilidad.

Es menester destacar, tal como lo reseña la Dra. Gelli, que "Pese a las diferencias de redacción entre la Constitución de los EEUU y la de nuestra república, también en aquel país, la Corte suprema declaro inconstitucional el cobro del impuesto a los réditos a los magistrados federales, en "Walter Evans v. J. Roger Gore", 253 US 245, 64 L. Ed. 887, citado en el considerando primero del voto del juez Calderón en el fallo "Fisco". Sin embargo, esa jurisprudencia cambió en los Estados Unidos a partir del fallo "O´Malley v. Woodrough", 307 U.S. 277 (1937). Según la doctrina de la Corte norteamericana si el impuesto es federal tiene carácter general, es constitucional. En el ámbito local, los impuestos son constitucionales siempre que sean generales y no se aplica la excepción impositiva del juez estadual que se niega al juez federal" (1) .

En marzo de 1996 se dictó la ley 24.631, dónde se derogaba los incisos p) y r) del artículo 20 de la ley de Impuestos a las ganancias (N° 20.628). El artículo mencionado contenía todo aquello que queda exento del impuesto en cuestión, y el inciso p) determinaba lo siguiente:

"Los sueldos que tienen asignados en los respectivos presupuestos los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, miembros de los tribunales provinciales, vocales de las Cámaras de Apelaciones, jueces nacionales y provinciales, vocales de los tribunales de Cuentas y tribunales Fiscales de la Nación y las provincias.

Quedan comprendidos en lo dispuesto en el párrafo anterior los funcionarios judiciales nacionales y provinciales que, dentro de los respectivos presupuestos, tengan asignados sueldos iguales o superiores a los de los jueces de primera instancia"

Como hemos mencionado, al dictar la CSJN la acordada 20/96, declaró la inaplicabilidad del artículo 1° de la ley 24631, en cuanto derogaba exenciones contempladas en el artículo 20, inciso p) y r) de la ley de impuesto a las ganancias para los magistrados y funcionarios del Poder judicial de la Nación, con fundamento en el artículo 110 de la Constitución Nacional, vale decir que ya sin conjueces y en forma directa a través de una acordada, los jueces de la Corte se auto excluyeron del pago del impuesto a las ganancias y lo extendieron a todo el Poder Judicial de la Nación, sean éstos magistrados y hasta funcionarios que tengan o no fueros y la intangibilidad consagrada por la Constitución Nacional.

Es conveniente, aclarar que la CSJN del 11 marzo del año 2006, con su actual composición, en el caso "Chiara Díaz" (329:285), convalidó con sano criterio "que la garantía de intangibilidad no es equivalente a la aplicación de cláusulas de actualización monetaria, de conformidad con la doctrina de esta Corte" (2) , parece haber dado otro alcance al derecho de intangibilidad de las retribuciones de los magistrados judiciales no es absoluto. Esto último puede observarse en el considerando octavo del voto de los jueces Petracchi y Maqueda donde en la interpretación de la garantía del artículo 110 señalan, que: "La finalidad de dicha cláusula constitucional es prevenir ataques financieros de los otros poderes sobre la independencia del judicial, pero no protege a la compensación de los jueces de las disminuciones que indirectamente pudieran proceder de circunstancias como la inflación u otras derivadas de la situación económica general, en tanto no signifiquen un asalto a la independencia de la justicia por ser generales e indiscriminadamente toleradas por el público (C. Clyde Atkins vs. The United States; 214 Ct. Cl. 186; cert. denied 434 U.S. 1009). Como se dijo al respecto, la cláusula referida no establece una prohibición absoluta sobre toda la legislación que concebiblemente pueda tener un efecto adverso sobre la remuneración de los jueces, pues la Constitución delegó en el Congreso la discreción de fijarlas y por necesidad puso fe en la integridad y sano juicio de los representantes electos para incrementarlas cuando las cambiantes circunstancias lo demanden (United States vs. Will, 449 U.S. 200, -Year 2-)." [el subrayado me pertenece].

Con posterioridad esta Corte afianzó la doctrina citada en el caso "Brandi, Eduardo A. y otros c/ Provincia de Mendoza" (3) , cuando rechazó el planteo promovido por varios jueces de Mendoza que consideraban que se desnaturalizaba la intangibilidad de sus remuneraciones, porque el art. 151 de la Constitución Provincial posibilitaba efectuar descuentos compulsivos para realizar aportes con fines de previsión social y prohíbe solicitar la actualización monetaria.

Volviendo a la Acordada 20/96, entiendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se arrogó atribuciones privativas del Congreso de la Nación al declarar inaplicable en abstracto [derogación material], la ley que imponía la tributación del Impuesto a las Ganancias a los sueldos de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

Es menester entender que el propósito del Art. 110° de la Constitución Nacional no ha sido crear un privilegio exclusivo para los jueces y magistrados del Ministerio Público, que los coloque en situación de ventaja económica con respecto al resto de los habitantes, en clara violación del principio de igualdad ante la ley, sino tan sólo asegurarles su independencia, prohibiendo una disminución de sus sueldos que únicamente afecte a ellos. (4)

De la exégesis del artículo 16º de la Carta Magna surge de su último párrafo que ¨...La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas", resultando que los propios interesados han interpretado otorgar preeminencia a la garantía consagrada por el art. 110 de la C.N. en su indubitado beneficio personal, en detrimento del principio constitucional de la igualdad ante la ley.

El pago de un impuesto en igualdad de condiciones que cualquier otro ciudadano no quita independencia en los actos y en las decisiones de un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, máxime si objetivamente los salarios que perciben superan con holgura cualquier otra retribución del Estado, por caso llegando a superar en la zona patagónica la cifra de Sesenta Mil Pesos ($ 60.000) mensuales con el adicional de zona y la auto eximición del pago de un impuesto general cuanto menos aparece írrita al sistema republicano de gobierno y a los principios democráticos.

Ahora bien, constitucionalistas de la talla de Bidart Campos han señalado que: "Estamos seguros de que ninguna de tales reducciones [aportes jubilatorios, cargas fiscales] viola al artículo 110, y que los jueces están sujetos a soportarlas como cualquier otra persona, pues de lo contrario se llegaría al extremo ridículo de tener que eximirlo de todo gasto personal para que su sueldo no sufriera merma - y por ejemplo., hasta habrían de disfrutar de los servicios públicos sin abonar las tasas correspondientes-." (5) [el subrayado me pertenece].

También vemos que el Dr. Roberto Spisso dijo que "...el propósito de asegurar la independencia del Poder Judicial se satisface otorgando a los magistrados una compensación digna en consonancia con el alto magisterio de dictar justicia, y no mediante exclusiones tributarias que transgreden el principio de igualdad, base de los impuestos y de las cargas públicas (Art. 16 CN). La exención tributaria no resulta pues, esencial al propósito de asegurar la independencia del Poder Judicial..." (6) y desde antaño se escuchaba la voz de Rafael Bielsa cuando sostenía que "... el impuesto sobre los réditos es general, y el principio que dispone lo irreductible del sueldo se funda en una razón fácil de advertir, y es que la Constitución ha querido impedir represalias de los poderes políticos contra el Poder Judicial. Pero no puede hablarse de represalias cuando el impuesto sobre los réditos es general y grava a todos los funcionarios de cualquier poder de la Nación..." (7) .

Un dato por demás interesante, está referido a expresiones de quien ha presidido desde 2006 la Comisión de Acuerdos del Honorable Senado de la Nación, el Senador Marcelo Guinle, quien señalara que es prácticamente unánime la opinión favorable a tributar el impuesto a las ganancias de jueces y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público en todos los casos en que fueron interrogados durante las audiencias celebradas en el Senado para sus respectivos acuerdos parlamentarios, con lo cual claramente se apartan de la opinión de los Ministros Nazareno, Moliné O´Connor, Boggiano, Fayt, Belluscio y Bossert, quienes suscribieron la aquella desafortunada Acordada, que con la presente ley se persigue derogar.

También en el derecho público provincial el tema ha sido receptado por diversas constituciones, y por caso el de la de la Provincia del Chubut, establece en la primera parte del artículo 170, que: "Los magistrados y funcionarios designados con acuerdo de la Legislatura y los secretarios letrados tienen asignaciones fijas pagadas mensualmente, las que no pueden ser demoradas ni reducidas durante el desempeño de sus funciones por acto de autoridad, pero están sujetas a los aportes previsionales y de la seguridad social, a los tributos en general y a las disminuciones que se dispongan por leyes de carácter general y transitorio extensivas a todos los Poderes del Estado, en el marco del ejercicio de poderes emergenciales".

En conclusión, entiendo que la intangibilidad de las remuneraciones, establecida por el artículo 110 de la Constitución Nacional, al igual que la inamovilidad de los magistrados es un requisito esencial de la independencia del Poder Judicial, pero dicha intangibilidad se encuentra debidamente garantizada con los recursos económicos suficientes, que se destinan a compensar los servicios de los magistrados y jueces del Poder Judicial y del Ministerio Público, y esto se demuestra empíricamente, al ser posible que los mismos, se encuentren alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.

Conforme lo expuesto, tengo la firme convicción de que debemos bregar por la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, profundizando la política redistributiva de este gobierno, e inclusive propendiendo a que exista movilidad en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias con actualización anual [conforme así lo he propuesto en un proyecto de ley que obtuvo dictamen en minoría de la Comisión de Presupuesto], por lo que resulta un imperativo que el Congreso de la Nación ratifique con absoluta contundencia la procedencia del pago del impuesto a las ganancias por parte de los señores Jueces y Magistrados y aún de los empleados inferiores, por lo que solicito a mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa legislativa.