La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, para que a través de los organismos que corresponda informe con relación a las señales viales y de control de circulación en las rutas y autopistas nacionales de la Provincia Entre Ríos los siguientes temas

1. Si en las rutas y autopistas nacionales se cumplen las pautas y reglamentaciones en seguridad vial conforme a las normas vigentes. Si la respuesta es negativa indicar las razones del incumplimiento.

2. Si se cumple con la presencia objetiva de autoridades de tránsito, especialmente en los puntos de mayor siniestralidad. Si la respuesta es afirmativa adjunte datos comparativos del año 2007 a la fecha. Si la respuesta es negativa indique causas del incumplimiento.

3. Si en cumplimiento de la Ley Nº 26363 y el Plan Nacional de Seguridad Vial (Acuerdo Multijurisdiccional aprobado por la Nación por Decreto Nº 1232/2007) se han eliminado los radares ocultos y se han reemplazado por radares que se encuentren debidamente señalizados, conforme lo regula la normativa dictada al efecto. Si la respuesta es afirmativa señale la cantidad y ubicación. Si la respuesta es negativa indique las causales.

4. Adjuntar al informe mapa integral de radares, con fecha de implementación de adecuación a la normativa.

Señor presidente:

El problema de la seguridad vial en nuestro país se ha convertido en una prioridad social por el impacto y consecuencia que la falta de concientización por parte de los ciudadanos y por ineficiencias en las responsabilidades del Estado que deben asegurar la calidad de la transitabilidad en todo el territorio nacional y un coordinado sistema de control de tránsito.

Los informes con datos estadísticos efectuados por distintas organizaciones han demostrado el aumento en los últimos años de personas fallecidas por accidentes de tránsito.

Numerosas medidas se han adoptado en las rutas y autopistas para mejorar los controles y la información sobre la circulación, entre otros objetivos. La implementación de las fotomultas es una de ellas.

Algunos informes de la propia Dirección Nacional de Vialidad mostraron el incremento en fotomultas en muchos casos con procedimientos que no respetaban las normas locales de sus propias jurisdicciones. También se ponía de relieve la necesidad de incrementar por parte del Estado en su conjunto (Provincial y Municipal) la realización de campañas de educación vial, ello atento que de las estadísticas surgía que la mitad de los fallecidos eran menores de 30 años y más de un quinto de los mismos en los días domingos.

Según expresiones del Dr. Manuel Francisco Keumurdji, abogado, subgerente de Asuntos Jurídicos de la Dirección Nacional de Vialidad, que obran el la misma página de la repartición nacional:

"No cabe duda que el Estado en sus diferentes niveles es el que debe encauzar las conductas de los automovilistas. En materia de educación se encuentra demostrado que no es la repetición, ni los premios y castigos lo que permite su eficaz objetivo.

Son demostrativos los datos vertidos en aquella nota, cotejado el incremento del indebido uso de radares ocultos, éstos últimos no ha mejorado la disminución de los niveles de accidentes,

sino por el contrario, en iguales períodos se han incrementado las víctimas fatales y las otras.

Es evidente que de la mano de la educación se encuentra el control como forma de acreditar que el aprendizaje, esa era una deuda pendiente del Estado y de los ciudadanos.

Queda demostrado que la falta de control incrementa los desajustes de las conductas de los automovilistas y lo más triste es que evidenciaba falta de interés en esa problemática, salvo por la desmedida publicidad de las atrocidades que se cometen.

De la experiencia de observar múltiples consultas de ciudadanos que fueron sometidos a la imposición de fotomultas, surgió que, luego de ser bombardeados con notificaciones que a medida que se reiteraban crecían en monto en proporción geométrica, se veían expuestos a procesos administrativos y judiciales y terminaban pagando o adhiriendo a planes de cuotas cuyo objetivo es la recaudación. La enseñanza que tienen los coloca muy lejos de internalizar en sus mentes la conciencia de infractores (sin perjuicio que las velocidades son medidas con aparatos que sólo los que lo usan saben qué valor tienen sus mediciones; ubicados en forma oculta; con notificaciones que no son fehacientes y originan la rebeldía de los presuntos infractores en los procesos contravencionales; que surgen de colocación de carteles de máxima impuestos por jurisdicciones locales; que ni siquiera ajustan su conducta a sus propias normativas). Dichos ciudadanos consideran que son sometidos injustamente y juzgados sin ser escuchados. Eso no educa.

Acordamos con el Dr. Manuel F. Keumurdji que la educación vial es la herramienta fundamental para que los automovilistas del presente y los del futuro internalicen las normas o las conductas que se esperan de ellos.

Pero sin lugar a dudas es imprescindible uniformar la legislación en la materia, función que fue delegada a la Agencia Nacional de Seguridad por el Plan Nacional de Seguridad Vial y por la

ley 26.363, y que el Estado cumpla con su obligación de garantizar la circulación en caminos, rutas y autopistas, asegurando su diseño según las exigencias internacionales, el estado de los mismos y cumpliendo con las normas y prescripciones que colaboren a orientar a los conductores, evitando que se priorice la función de recaudación entre las medidas.

En este sentido la Ley Nº 26.363 y el Plan Nacional de Seguridad Vial que es un Acuerdo Multijurisdiccional aprobado por la Nación por Decreto Nº 1232/2007, además de asumir el compromiso de aumentar la presencia objetiva de autoridades de tránsito (especialmente en los puntos de mayor siniestralidad), exige la eliminación de radares ocultos y su reemplazo por radares que se encuentren debidamente señalizados, conforme lo regula la normativa dictada al efecto

Los sistemas de controles, el estricto cumplimiento de la normativa y la educación son factores determinantes de la seguridad vial y todos ellos responsabilidad indelegable del Estado.

Tenemos responsabilidades como ciudadanos, pero exigimos el cumplimiento de las propias por parte del Estado (nacional y provincial), con eficiencia y transparencia.

Señor presidente, por las razones expuestas solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.