La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de sus organismos correspondientes, arbitre los medios necesarios para declarar la emergencia vial en todo el territorio nacional, en el marco de la grave inseguridad en la materia que se vive en nuestro país.

Señor presidente:

Según un relevamiento realizado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, durante enero del año 2007, primer mes de la temporada turística, 328 personas murieron en todo el país como consecuencia de los accidentes viales. Las principales causas de los siniestros se deben al adelantamiento indebido, al exceso de velocidad y a la embriaguez y somnoliencia de los conductores.

Según estadísticas brindadas por la Asociación Civil Luchemos por la Vida, Argentina ostenta uno de los índices más altos de mortalidad producida por accidentes de tránsito. Unas 20 personas mueren por día, cerca de 7.000 muertos por año, y más de 120.000 heridos anuales de distinto grado, además de cuantiosas pérdidas materiales, que se estiman en unos 10.000 millones de dólares anuales. Esta cifra es significativamente elevada si se la compara con los índices de otros países, en relación a su población y número de vehículos circulantes (En Argentina unos 6,7 millones de vehículos).

Según datos del Instituto de Seguridad Vial (Isev), en enero de este año, los accidentes graves aumentaron en todo el país un 35 por ciento con respecto al mismo mes de 2006. Además, hubo un 6,35 por ciento más de muertos. Las estadísticas también señalan que el 75 por ciento de los accidentes de tránsito fatales ocurrieron en rutas, aunque los siniestros fueron más (54 por ciento) en zonas urbanas. Jóvenes y varones son los más golpeados: del total de muertos, el 65 por ciento no superaba los 30 años, y el 70 por ciento era varón. La mitad de los conductores que protagonizaron accidentes tenía entre 17 y 30 años. En solo 18 días de enero, se produjeron 40 accidentes de tránsito en la provincia de Entre Ríos, con el trágico saldo de 16 muertos y 58 heridos. A fin del primer mes del año los muertos eran 20 y los de febrero ya son 11, la mayoría de ellos fallecidos en la ruta nacional 14, bien llamada la trágica "ruta de la muerte".

Superados los conceptos que llevaban a considerar los siniestros de tránsito como accidentes, y aceptándose por el contrario, que son consecuencia de una sumatoria de factores predeterminados y evitables, se advierte con claridad que las consecuencias irreparables de aquellos, consistentes en pérdidas de vidas humanas, lesiones discapacitantes y daños materiales, significan la vulneración de los derechos a la seguridad, a la salud, al goce de una vida digna.

Existe consenso en el sentido de que todos los sectores involucrados deben, de manera rápida, decidirse a la realización de acciones que aborden lo que ha sido calificado como endemia social por la Organización Mundial de la Salud.

En declaraciones a APF, el ómbudsman Eduardo Mondino dijo que "Sin dudas estamos ante un problema que definimos con una 'endemia social' que requiere un cambio de actitud y de conducta de los ciudadanos, pero también una fuerte presencia del Estado para cambiar esa cultura para que nuestros caminos dejen de ser las 'rutas del miedo'. La gente tiene miedo de salir a las carreteras, porque no hay seguridad. Quien sale a la ruta, sale a una ruleta rusa".

Estamos convencidos de que la política de seguridad vial forma parte de la política general de protección de los Derechos Humanos. Es función indelegable del Estado nacional garantizar el ejercicio del derecho a la circulación en condiciones que aseguren la integridad de las personas que transitan por la vía pública.

Si bien los aportes a la materia han sido escasos, es de destacar la iniciativa del Defensor del Pueblo de la Nación quien propone la declaración de la Emergencia Vial en todo el territorio nacional, la creación de una Autoridad Nacional de Seguridad Vial que dependa directamente del Presidente de la Nación, en virtud de la trascendencia que se le atribuye, la instrumentación de un Plan Nacional de Educación Vial y de un Programa Nacional de Información y Difusión sobre la prevención de siniestros viales, la unificación de los criterios y requisitos para la expedición por parte de las autoridades competentes de la licencia de conducir en el territorio nacional, la participación de las empresas concesionarias de la red vial nacional en todas las actividades comprendidas en la ley y la priorización en la ejecución de obras en la red vial nacional de las destinadas a dotar de seguridad al tránsito.

Para reducir el escalofriante número de víctimas fatales en accidentes de tránsito en nuestro país, es menester trabajar para que todas las rutas estén correctamente dimensionadas, con el objeto de otorgar seguridad al moderno tránsito vehicular.

La ecuación para resolver el problema de la inseguridad vial debe incluir un comportamiento vial responsable, más una infraestructura vial adecuada, más un control estatal estricto.

En 1982, durante la Guerra de Malvinas cayeron 649 argentinos. Cada mes, mueren 629 ciudadanos en las calles nacionales, según las estadísticas que manejan diversas ONG´s. Como consecuencia de los accidentes de tránsito, cada mes se pierde una nueva guerra que se lleva tantas vidas como el mencionado conflicto bélico. Las causas de este genocidio mensual son: la falta de control estatal, la ausencia de planificación a largo plazo y la corrupción empresarial en el sector de los transportes, constituyen un cóctel mortal que, además, causa pérdidas económicas difíciles de medir.

Por todo lo expuesto aquí, solicitamos la aprobación de la presente resolución