La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre los siguientes puntos:

1. Qué acciones concretas, con qué contenidos, en qué jurisdicciones y en qué escuelas, se han realizado a partir de la aprobación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral

2. Qué avances cuantitativamente verificables se han registrado en materia de educación sexual desde la entrada en vigencia de la Ley Nacional 26.150, promulgada el 23 de octubre de 2006, que da inicio al programa anteriormente mencionado.

3. Si el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que dicha Ley establece, ha logrado a) incorporar definitivamente la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas; b) promover actitudes responsables ante la sexualidad, previendo los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular; y c) procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres; objetivos que han sido incorporados explícitamente al texto de la Ley.

4. Si las diferentes jurisdicciones cumplen con los lineamientos curriculares básicos dispuestos por el Ministerio de Educación.

5. De existir, cuáles son los obstáculos (institucionales, culturales, presupuestarios) para el efectivo cumplimiento de la Ley.

Señor presidente:

Motiva el presente proyecto de resolución, la reciente atención que la prensa de circulación masiva ha puesto sobre la problemática del sexo irresponsable en menores de edad.

El pasado domingo 24 de febrero, tal flagelo, motivó una nota periodística en el diario Clarín, titulada "Sexo oral en la secundaria por dos pesos o por entrar al boliche", donde se denunciaba la frecuencia con la que jóvenes menores de edad de todos los sectores sociales y culturales, intercambian favores sexuales por dinero, alcohol, drogas o, simplemente, por el reconocimiento de sus pares.

La naturalidad con la que los adolescentes entrevistados en la nota aluden a dicha práctica, pone en duda la eficiencia con la que el Estado Nacional y las diferentes jurisdicciones están atendiendo la problemática de la adolescencia y los excesos frecuentemente vinculados a esta etapa de la vida.

En este contexto, donde por omisión se vulneran los más elementales derechos de los niños y adolescentes y se consienten diferentes formas de discriminación, se vuelve imperativo conocer de parte de las autoridades nacionales, cuáles han sido los resultados concretos de sus programas vinculados a la materia, y qué otras políticas tiene el Estado Nacional para ofrecer una solución integral a dicho problema.

Por todos estos argumentos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.