La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por medio de los organismos que corresponda, adopte las medidas necesarias para instrumentar la Ley 26.707, de creación del Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal, Provincia de Salta.

Señor presidente:

La ley 26.707, sancionada en noviembre de 2011, creó un juzgado federal en la ciudad de Tartagal, Provincia de Salta. El juzgado tiene competencia en los departamentos de Rivadavia y San Martin, que son zonas fronterizas ampliamente conocidas en el norte de nuestro país por la problemática del narcotráfico. Al tribunal se le establecieron cuatro secretarias: dos con competencia penal, una con competencia civil, comercial, laboral, contenciosa administrativa y la seguridad social, y otra con competencia fiscal y penal tributaria. Junto con el juzgado se crearon una defensoría pública oficial y una fiscalía de primera instancia

Pese a la premura que debería haber para la puesta en funcionamiento de este tribunal, sobre todo por lo referido a la competencia penal, poco sabemos sobre el comienzo de su actividad, cuando ya llevamos más de tres años desde la sanción de la ley.

Se han llevado a cabo las gestiones para la construcción del edificio sobre terrenos cedidos por la Provincia de Salta, pero nada se sabe sobre el avance de las obras.

Párrafo aparte merece la designación del personal que estará a su cargo, porque ya se ha avanzado en la designación del fiscal de primera instancia y del defensor público oficial, pero faltan, entre otros cargos, el titular del juzgado y de las secretarías.

Tal como hemos acompañado en proyectos anteriores (Expediente 1941-D-2013, reproducido por el 3316-D-2014), resulta de vital importancia llevar adelante todas las medidas necesarias para que el juzgado comience su funcionamiento. Esta medida alivianaría en forma considerable el desempeño del resto de los otros tres juzgados federales de Salta y los dos de Jujuy, sobre todo el de San Ramón de la Nueva Orán.

En relación a este juzgado, también hemos promovido un proyecto de ley para agregar una nueva secretaría al juzgado de Orán (Expediente 3900-D-2014). La realidad es que los juzgados existentes no dan abasto, porque solamente con el narcotráfico, tienen a su cargo más de seis mil causas, que por falta de personal e infraestructura, podrían prescribir.

Por los motivos expuestos y descartando que mis pares coincidirán en que problemáticas como las referidas precedentemente no pueden dejar de ser abordadas en toda su dimensión por nuestro sistema judicial con la premura y eficiencia que su tratamiento exige, es que solicito a mis pares me acompañen con sus firmas para la aprobación del presente proyecto.